Revelan documentos secretos de los Mossos d'Esquadra: espionaje sistemático a sindicatos y partidos

Una investigación basada en documentos intervenidos de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra confirma que el espionaje a organizaciones sociales y políticas en Catalunya no ha sido un hecho aislado, sino el "modus operandi" habitual del cuerpo. Según revela La Directa en exclusiva, la policía autonómica catalana elaboró minuciosas "notas informativas" de reuniones celebradas en las sedes de sindicatos como la CGT y la CNT-AIT, así como de asambleas de la CUP y el centro social de Sants, entre otros. Estos archivos, que los Mossos intentaron destruir en una incineradora antes de la aplicación del artículo 155 en 2017, demuestran la existencia de una estructura policial específica dedicada a la vigilancia política permanente de la clase trabajadora organizada.

La documentación intervenida muestra que el espionaje se intensificó significativamente a partir del año 2006, coincidiendo con el despliegue de los Mossos en Barcelona bajo los mandatos de Montserrat Tura (PSC) y Joan Saura (ICV), y alcanzó su máximo nivel entre 2010 y 2012 con Felip Puig (CDC) en la consejería de Interior. En este periodo, caracterizado por la convocatoria de cuatro huelgas generales contra la reforma laboral, la policía catalana infiltró a informadores en asambleas sindicales para redactar informes detallados sobre sus estrategias de movilización. Espacios como la Universidad Libre La Rimaia, el Ateneu Popular de l'Eixample o el Casal Independentista Quicó Sabaté estuvieron bajo vigilancia permanente de agentes de paisano.

La actividad represiva de los aparatos represivos también se centró en la estructura política de la izquierda independentista. Los Mossos elaboraron un informe de 62 páginas sobre la organización Endavant y custodiaron dossiers sobre los consejos políticos de la CUP, actas del Grupo de Acción Parlamentaria y sus hojas de ruta electorales. El interés policial se extendió incluso a las relaciones internacionales, registrando reuniones entre Sortu y diversas organizaciones catalanas en 2014. Estos datos fueron procesados por los entonces máximos responsables de la policía catalana: Josep Lluís Trapero, Manel Castellví y Eduard Sallent, este último en calidad de responsable de Inteligencia.

El control social ejercido por la Generalitat incluyó también la elaboración de estudios sobre la "conflictividad social" y el "independentismo revolucionario" para proyectar escenarios de resistencia más amplia. Los archivos contienen filiaciones completas —nombres, domicilios y teléfonos— de militantes de la CNT y listas de personas detenidas durante las huelgas generales. El uso de estas tácticas de espionaje contra movimientos que cuestionan el orden establecido vuelve a dejar en evidencia una estrategia de vigilancia masiva del Estado destinada a neutralizar la organización de la clase trabajadora. Esta revelación contradice las versiones oficiales que califican la infiltración en asambleas como "errores" puntuales, exponiendo un sistema de espionaje político sistemático y prolongado en el tiempo, que vuelve a revelarse con infiltraciones detectadas en asambleas de la última huelga educativa.