Más de 35.000 personas llenaron València en el quinto día de huelga por la educación pública
La movilización docente consolida su pulso contra el Consell; los sindicatos rechazan la propuesta de la Conselleria de un aumento de 75 euros hasta 2029 y mantienen los paros de forma indefinida.
El conflicto educativo en el País Valencià cerró el pasado viernes 15 de mayo su primera semana de huelga indefinida con una masiva manifestación que reunió a más de 35.000 personas en la ciudad de València. La movilización, concentrada en la plaza de Sant Agustí, sirvió para escenificar la fuerza de un movimiento que, según los convocantes, lejos de debilitarse se consolida tras 5 días de paros sostenidos en la enseñanza pública. Esta protesta comenzó el lunes 11 de mayo con marchas simultáneas en València, Alacant, Castelló y Elx, y se ha mantenido viva a lo largo de la semana mediante encierros en centros escolares, asambleas en institutos y diversas acciones por todo el territorio que han ido sumando apoyo social diario.
En el plano institucional, las negociaciones se mantuvieron bloqueadas durante las primeras jornadas debido a que la consellera de Educación, Carmen Ortí, tardó 3 días de huelga en convocar una reunión formal con las centrales sindicales. Fuentes cercanas al entorno gubernamental reconocieron el desconcierto interno dentro del Partido Popular ante el amplio y sostenido respaldo de las protestas, el cual superó las previsiones iniciales de la administración. Cuando finalmente la Conselleria presentó una oferta, esta fue rechazada por unanimidad por los sindicatos al considerarla del todo insuficiente. La propuesta oficial consiste en un incremento salarial de unos 75 euros mensuales distribuidos de manera progresiva hasta el año 2029, una cifra muy alejada de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes desde los recortes iniciados en 2010.
Las exigencias de la comunidad educativa, respaldadas también por los equipos directivos de los centros escolares, van más allá de las mejoras salariales. El programa de reivindicaciones incluye la reducción de las ratios de alumnos por aula, el incremento de las plantillas de personal docente, reformas estructurales en los centros y la defensa de la lengua valenciana frente a las políticas de recortes del gobierno autonómico. La tensión administrativa aumentó después de que la consellera Ortí enviara una carta directamente a las familias defendiendo los servicios mínimos impuestos de forma unilateral y advirtiendo de que la evaluación de segundo de bachillerato "no es negociable", una iniciativa calificada por los sindicatos como un intento de criminalización de la huelga.
La evolución del conflicto también ha contado con denuncias de represión policial en los piquetes informativos. Durante la jornada del jueves 14 en València, diversos testimonios denunciaron empujones, amenazas e identificaciones por parte de la Policía Nacional contra profesores y estudiantes, incluidos menores de edad que repartían folletos de la huelga. Un escenario similar se registró en Castelló, donde se constató la presencia de efectivos de la Guardia Civil provistos de armas largas en las concentraciones docentes, una intervención que, según los asistentes, pretendía intimidarlos.
Este descontento educativo se inscribe en un panorama de movilizaciones que afecta a gran parte del Estado. Tras la huelga en Educación Infatil del pasado 7 de mayo, en Catalunya se está desarrollando una huelga indefinida simultánea, mientras que en Aragón hay convocadas jornadas de paro para hoy y mañana. Ante la falta de avances significativos en València, las organizaciones sindicales ya han anunciado que las jornadas de huelga indefinida se continuarán esta semana hasta que el gobierno acepte negociar las demandas.
