La huelga general en Bolivia continúa pese a la represión

Las carreteras de Bolivia afrontan una severa paralización con un total de 59 bloqueos activos que afectan a seis de las nueve regiones del país, consolidando la vigencia y el respaldo social a la huelga general indefinida que cumple ya 19 días. Según el mapa oficial de transitabilidad publicado este domingo por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y recogido por la agencia de noticias EFE en La Paz, la movilización ha logrado cercar de manera casi total la zona andina y central del país, registrándose cortes de ruta estratégicos en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, con una concentración especialmente crítica en las dos primeras regiones. 

La agudización de la crisis ocurre inmediatamente después del fracaso del segundo gran operativo conjunto ejecutado el sábado por la Policía Nacional y el Ejército. La intervención estatal, denominada técnicamente "Corredor humanitario con banderas blancas", pretendía despejar la vital carretera troncal de 227 kilómetros que conecta las ciudades de La Paz y Oruro; sin embargo, la masiva resistencia de los sectores campesinos locales neutralizó la acción militar y policial, obligando el repliegue de los efectivos. Esta retirada representa el segundo revés militar del Gobierno, que ya el pasado sábado 16 de mayo había fracasado en su primer intento de recuperar el control de esa misma vía mediante tácticas de dispersión masiva, lo que evidencia la ineficacia de la respuesta represiva gubernamental para doblegar la determinación de las bases movilizadas.

Razón de la huelga general

El origen de este estallido social, que mantiene una marcada fisonomía obrera y campesina, radica en la extendida indignación frente a la gestión económica del presidente conservador, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses. La Central Obrera Boliviana (COB), en alianza con sindicatos agrarios y comunidades aymaras del altiplano, ha fundamentado la legitimidad de las protestas en el "encarecimiento insostenible del coste de la vida y de los servicios básicos", así como en el rechazo a un paquete de diez leyes impulsado por el Ejecutivo que, de acuerdo con los huelguistas, "precariza las condiciones laborales y entrega recursos estratégicos a corporaciones transnacionales". Los manifestantes condicionan de forma estricta la suspensión de las medidas de presión a la renuncia inmediata del mandatario, una postura que se ha cohesionado tras la persecución judicial a la dirigencia obrera, reflejada en la orden de aprehensión por presunto "terrorismo" contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

Puerta abierta al estado de excepción

Ante el persistente control territorial que ejercen las organizaciones indígenas sobre al menos 26 puntos clave del altiplano, el escenario de resolución se torna complejo. En declaraciones ofrecidas este sábado, el presidente Rodrigo Paz manifestó que "extremará los esfuerzos para establecer canales de diálogo" mediante la propuesta de "un Consejo Económico y Social" para este fin de semana, pero al mismo tiempo elevó el tono al advertir públicamente que "todo tiene un límite". El mandatario justificó la "posibilidad de recurrir a mecanismos de coerción amparados por la Constitución", dejando abierta la puerta a la declaración formal de un estado de excepción, postura que las organizaciones sindicales y campesinas interpretan como la antesala de una escalada en la represión estatal.