La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea acometer una "profunda reestructuración interna" del Ejecutivo comunitario mediante el rediseño y la reducción de sus direcciones generales, los brazos técnicos que operan como los ministerios de la capital europea. En los pasillos de Bruselas, este movimiento ha despertado fuertes recelos y una estrecha vigilancia por parte de diversos sectores políticos, que interpretan la iniciativa como una nueva estrategia de la mandataria alemana para seguir concentrando poder y control sobre el aparato político y administrativo de la Unión. Actualmente, la Comisión cuenta con 41 direcciones generales que se reparten las competencias técnicas y dependen, en parte, de los comisarios designados en las elecciones.

El principal foco de conflicto y preocupación reside en los planes de recortar o absorber departamentos "históricos" y de "enorme trascendencia política" para los Estados miembros. Según adelantó el diario Politico y han confirmado fuentes comunitarias al diario 20minutos, una de las estructuras que se encuentra en el punto de mira de la reforma es la Dirección General de Política Regional y Urbana. Este departamento coordina la gestión de los fondos de cohesión, un pilar de gran presupuesto e "indispensable" para los países con una estructura territorial descentralizada. La inquietud ante la posible pérdida de peso de estas competencias ha provocado que varios grupos políticos en el Parlamento Europeo y el propio Comité de las Regiones hayan exigido formalmente a la Comisión que "reconsidere" esta hoja de ruta, advirtiendo de que la reorganización administrativa "no debe servir en ningún caso para blindar la opacidad o aumentar las prerrogativas de la presidencia".

A pesar de los precedentes, los sectores más críticos de Bruselas denuncian que la actual propuesta "esconde una alarmante centralización de competencias que podría relegar a un segundo plano políticas esenciales como la agraria, la pesquera o la de cohesión regional". Frente a estas acusaciones, el equipo de confianza de Von der Leyen defiende el proyecto bajo el argumento de la "búsqueda de la eficiencia y la optimización de los recursos públicos". No obstante, el descontento técnico se suma a las tensiones políticas latentes desde el inicio de la presente legislatura, en la que Von der Leyen ha superado ya tres mociones de censura y sigue siendo señalada por su gestión personalista.