El Sindicato Socialista de Vivienda paraliza el desahucio de una familia en Elorrio
La madre afectada es víctima de violencia machista, con informes de vulnerabilidad y vive en alquiler social; no se le ha ofrecido alternativa. Las demandas de desahucio de la pública Alokabide se han duplicado en dos años.
El Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea ha logrado paralizar el desahucio de una familia que estaba programado para este martes en la localidad de Elorrio (Bizkaia). El procedimiento de lanzamiento judicial estaba fijado para las 10:15 horas, pero la movilización del Sindicato, que congregó a alrededor de un centenar de personas frente al inmueble desde las 09:30 horas, consiguió retrasar la actuación de las autoridades. A las 10:00 horas se personó en el lugar la comitiva judicial en compañía de los cerrajeros, momento en el que varios integrantes de la organización abrieron un canal de negociación con los representantes del juzgado. Finalmente, la comitiva comunicó la suspensión temporal del desahucio, lo que supone un aplazamiento del caso a la espera de que se fije una nueva fecha para la ejecución. Tras conocerse la resolución, la residente afectada abandonó el edificio protegida por los miembros del Sindicato y varias personas congregadas, quienes celebraron la decisión entre muestras de apoyo y agradecieron la solidaridad mostrada durante toda la jornada.
De acuerdo con la información facilitada por el Sindicato Socialista de Vivienda ed Durangaldea, la afectada es una mujer que reside desde el año 2009 en una vivienda destinada al alquiler social en Elorrio junto a sus dos hijos. La familia cuenta con informes de vulnerabilidad favorables emitidos por las instituciones sociales; sin embargo, tras encadenar varios meses sin poder hacer frente al pago de las mensualidades del alquiler debido a su situación económica, la sociedad pública Alokabide inició el procedimiento de desahucio por vía judicial. La gravedad del expediente se incrementa al haberse acreditado que la mujer es víctima de violencia de género y violencia vicaria, factores ante los cuales las instituciones públicas competentes respondieron que "no existe una alternativa habitacional disponible" para ella y sus hijos menores de edad.
"Alokabide no ejecuta desahucios"
Durante los meses previos al anuncio de la ejecución, la inquilina intentó de manera reiterada alcanzar un acuerdo con la dirección de Alokabide para establecer un calendario de pagos o una fórmula que permitiese liquidar la deuda acumulada, llegando a la víspera del desahucio sin recibir ninguna propuesta o respuesta efectiva por parte de la entidad pública dependiente del Gobierno Vasco. Ante la inminencia del desalojo, la afectada se puso en contacto con el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea la semana pasada para articular una defensa colectiva. Desde ese momento, el Sindicato ha denunciado públicamente la contradicción que supone expulsar de una vivienda protegida a una familia vulnerable que, por sus condiciones sociolaborales, debería ser la destinataria directa de la protección social que el sistema de vivienda pública afirma garantizar. Aunque la suspensión lograda hoy evita temporalmente que la familia quede desamparada en la calle, la organización advierte que la amenaza del lanzamiento sigue vigente mientras no se articule una solución estable.
La actuación del sindicato y el desenlace de la movilización en Elorrio contradicen el relato institucional defendido por el Consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en diversas entrevistas públicas, donde ha sostenido de forma reiterada que "Alokabide no ejecuta desahucios". Desde el Sindicato Socialista de Vivienda se señala que la realidad de las familias trabajadoras muestra una tendencia opuesta, recordando que en las últimas semanas ya se han denunciado otros dos desahucios impulsados por Alokabide en Gasteiz (Araba). Asimismo, los colectivos de vivienda se remiten a los propios datos estadísticos publicados por Alokabide, los cuales reflejan que en el transcurso de los dos últimos años las demandas de desahucio interpuestas por la entidad pública se han más que duplicado, al tiempo que los desahucios ejecutados formalmente han experimentado un incremento superior al 40% en comparación con los datos del ejercicio anterior. A juicio del Sindicato, estas cifras oficiales desmontan el discurso de que el parque público ejerce como "escudo social" para los sectores más precarizados, evidenciando un fallo estructural cuando se intenta expulsar a una familia con quince años de residencia y dictámenes de vulnerabilidad positivos, lo que reafirma la efectividad de la organización colectiva y la solidaridad vecinal como las "únicas herramientas útiles" para frenar los desahucios.
