Nueva cacería contra refugiados en Libia con ayuda de la UE

La gestión de las políticas migratorias de la Unión Europea en el norte de África ha vuelto a ser objeto de severas críticas internacionales este martes, tras la publicación de una denuncia formal que acusa a las autoridades de Bruselas de “complicidad en la violación sistemática de los derechos humanos”. La organización Amnistía Internacional ha manifestado que las facciones que se dividen el control político en el oeste y el este de Libia han intensificado durante el último mes una campaña de represión contra la población migrante y refugiada, ejecutando arrestos masivos, desalojos forzosos y expulsiones sumarias hacia la frontera sin ofrecer a los afectados la posibilidad de solicitar asilo o de impugnar jurídicamente sus decretos de deportación.

Desde el derrocamiento de Muamar el Gadafi en 2011 con el apoyo de la OTAN, Libia se ha consolidado como una de las principales rutas de tránsito para miles de personas que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de la vía marítima del Mediterráneo. Para contener estos flujos, la UE y sus Estados miembros han financiado y adiestrado de forma continuada a la Guardia Costera libia encargada de interceptar embarcaciones en alta mar. Sin embargo, la actual advertencia institucional pone el foco en que, si bien la Unión Europea solo reconoce formalmente al Gobierno basado en Trípoli, desde el año pasado ha incrementado de forma notable su relación operativa y financiera con las milicias rivales que controlan la mitad oriental del país, un sector que cuenta con antecedentes documentados de crímenes de guerra. Diana Elahawy, directora regional adjunta de la organización para Oriente Medio y el Norte de África, aseveró que “extender esta cooperación a grupos armados que operan bajo una total impunidad demuestra un flagrante desprecio por el derecho internacional y la dignidad humana”.

Por su parte, la Comisión Europea, el Gobierno de Trípoli y la administración militar del este de Libia no han emitido una respuesta inmediata ante las solicitudes de aclaración de los medios de comunicación. No obstante, los altos cargos de Bruselas han defendido históricamente esta “cooperación bilateral” bajo el argumento de que “sus aportaciones logísticas sirven para salvar vidas en el mar y desarticular las redes clandestinas de tráfico de personas”. En una carta oficial remitida a los líderes europeos la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que “el compromiso continuo con las autoridades de Libia sigue siendo una herramienta indispensable para la estabilidad fronteriza”, justificando la postura por el incremento registrado de cruces irregulares dirigidos hacia Grecia a través de la ruta del Mediterráneo Oriental.

La misiva de Von der Leyen detalla que Bruselas provee de manera regular apoyo financiero y operativo específico destinado a “reforzar la gestión de fronteras, las capacidades de búsqueda y salvamento y las herramientas contra el contrabando, con el fin de reducir las salidas clandestinas y mitigar la pérdida de vidas humanas en el mar”. Este complejo entramado diplomático ha registrado momentos de fuerte fricción política interna, recordándose el viaje oficial que el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, realizó el verano pasado al este de Libia para entablar conversaciones directas con las autoridades rebeldes de la región, una misión que concluyó de forma abrupta cuando el representante de europeo fue expulsado del territorio a las pocas horas de su llegada. Pese a estos incidentes, la fiscalización de las organizaciones de derechos humanos insiste en que la inyección de fondos públicos comunitarios “perpetúa la retención forzosa de centenares de civiles procedentes de países en guerra como Sudán, dejándolos expuestos a condiciones de vulnerabilidad extrema en los campos de concentración del territorio libio”.