El Gobierno aprueba la retirada progresiva de los descuentos a los carburantes
Los descuentos a los combustibles desaparecerán en octubre y el IVA volverá al 21%, mientras el Ejecutivo aprueba incentivos estructurales a largo plazo para las eléctricas.
El Consejo de Ministros, reunido este lunes en Madrid, ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que supone, en la práctica, comenzar a asfixiar de nuevo el bolsillo de los consumidores. Bajo el eufemismo de una “retirada progresiva” de las rebajas fiscales a los carburantes, el Ejecutivo ha aprobado una prórroga decreciente del denominado ‘escudo energético’, activado en marzo por la crisis en Oriente Medio. Esta normativa, que aún debe pasar por el trámite obligatorio de convalidación en el Congreso, condena a los usuarios a un encarecimiento mensual y paulatino del combustible durante el próximo trimestre, hasta certificar su total desaparición en el mes de octubre.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha intentado justificar este tijeretazo asegurando de forma ambigua que “se adapta el alivio en los carburantes a la evolución de los mercados”. Sin embargo, el cronograma oficial revela un castigo directo al consumo en plena época estival, ya que la bonificación fiscal se reducirá ya a 15 céntimos por litro en julio, caerá a los 10 céntimos en agosto, coincidiendo con el pico de desplazamientos vacacionales y quedará en 5 céntimos en septiembre.
Además, la fiscalidad regresará por completo a los niveles previos a la guerra en octubre. El golpe inmediato se sentirá este mismo miércoles, ya que el Ejecutivo ha modificado el mecanismo de la ayuda para articularla exclusivamente a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, dejando fuera al IVA, que regresa a su tipo habitual del 21%.
Frente a las críticas por el desmantelamiento de estas ayudas esenciales, el Gobierno ha intentado maquillar la medida presentando un supuesto ‘mecanismo de protección’ que, al analizarlo en detalle, resulta de muy difícil ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido una “cláusula de activación” para responder a la volatilidad del sector afirmando que se reactivarán los descuentos de hasta 20 céntimos "si es necesario". Esta medida de salvaguarda solo se ejecutará si el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual de los combustibles, la luz o el gas supera el desorbitado umbral del 15%, lo que significa que la ayuda solo se dará una vez las economías familiares estén ya en una situación extremadamente crítica.
Alivio inmediato para las eléctricas, migajas para el resto
El contraste de las prioridades del Ejecutivo queda patente en las medidas de carácter estructural a largo plazo. Mientras los conductores pierden sus bonificaciones de forma inmediata, el Gobierno se muestra mucho más comprensivo con las grandes corporaciones al anunciar la supresión paulatina, a lo largo de 18 meses, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Este tributo, que actualmente grava con un 7% la energía que producen, beneficiará directamente a las empresas generadoras.
A pesar de este evidente endurecimiento fiscal para el ciudadano de a pie, el ministro de Economía ha cerrado la jornada insistiendo en una narrativa triunfalista, destacando que el conjunto de las disposiciones fiscales supondrá un supuesto “alivio económico adicional” para el presente ejercicio de 2026 de 1.825 millones de euros; una cifra macroeconómica que difícilmente compensará el encarecimiento diario de llenar el depósito.
