La permanencia irrevocable en la UE aprobada en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el pasado mayo la declaración de la permanencia del Estado español en la Unión Europea como un principio “irrevocable”, mediante la aprobación de una proposición no de ley impulsada originalmente por el PSOE y enmendada en consonancia con el PNV. Esta resolución parlamentaria, lejos de constituir un mero trámite simbólico o discursivo, supone la consagración política y jurídica de la renuncia definitiva a la ya exigua “soberanía económica y estatal”, subordinando de manera formal las decisiones legislativas a los intereses estratégicos de la oligarquía financiera europea. Al blindar la pertenencia al bloque bajo el calificativo de ‘irrevocable’, la práctica totalidad del arco parlamentario cierra de forma deliberada la posibilidad legal de cuestionar el modelo socioeconómico impuesto desde Bruselas.

Esta medida refleja la necesidad de las clases dominantes de asegurar la estabilidad de sus mercados y flujos de capital frente a potenciales crisis de legitimidad política interna. La Unión Europea opera de manera intrínseca como una estructura supraestatal diseñada para proteger los intereses de los grandes monopolios continentales. Al dotar a esta relación de una pretendida irreversibilidad, el Estado español formaliza su sumisión a un marco normativo que sitúa el libre mercado, la privatización de los servicios públicos y la libre circulación de capitales como principios de obligado cumplimiento, impidiendo por vías institucionales cualquier transformación estructural que choque con los tratados fundamentales de la Unión.

La naturaleza antidemocrática de este entramado supraestatal se manifiesta con nitidez en la configuración y el funcionamiento de sus órganos directivos clave, específicamente la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La Comisión, detentora del monopolio de la iniciativa legislativa en el continente, funciona como un órgano tecnocrático cuyos miembros no son elegidos mediante sufragio, sino designados a través de equilibrios de poder entre los gobiernos del gran capital. Por su parte, el Banco Central Europeo goza de una independencia jurídica explícitamente consagrada en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que le permite dictar la política monetaria, fijar los tipos de interés y condicionar los presupuestos estatales sin ningún tipo de control democrático, actuando históricamente como el brazo ejecutor de rescates bancarios, privatizaciones y la imposición de techos de gasto a través de la condicionalidad macroeconómica.

La izquierda “transformadora” y la asimilación en la Europa del capital

El proceso de votación de esta moción ha puesto de relieve la profunda asimilación de la llamada “izquierda transformadora” dentro de este consenso macroeconómico y geopolítico. Formaciones como Sumar, donde se integra el PCE, Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu emitieron su voto favorable, incurriendo en una evidente contradicción con sus postulados históricos de impugnación a la “Europa del capital” y a los tratados de Maastricht o Lisboa. Este bloque justificó su respaldo alegando “la inclusión de demandas secundarias relativas al reconocimiento oficial de las lenguas minorizadas en las instituciones comunitarias o a una mayor presencia de las administraciones regionales en Bruselas”. Esta transacción evidencia cómo los sectores reformistas sacrifican la crítica estructural al imperialismo europeo y a las privatizaciones sistemáticas a cambio de concesiones formales de carácter administrativo y cultural.

Por otra parte, la postura de Podemos, que optó por el voto en contra junto a la extrema derecha de Vox, revela sus propias limitaciones políticas y tácticas. Aunque la formación morada pretenda erigirse ahora en el único referente de oposición de izquierdas al dictado de Bruselas en el parlamento, su trayectoria reciente en las tareas de gobierno contradice este posicionamiento. Durante su participación en el Ejecutivo de coalición, Podemos asumió de forma pragmática la gestión y los condicionantes estructurales asociados a los fondos europeos NextGenerationEU, así como a los dictados de la OTAN. Dichos fondos no representaban una ayuda desinteresada, sino que llevaban aparejados recortes estructurales severos en materia de pensiones y mercado laboral, los cuales fueron validados y aplicados por los propios ministerios bajo su control, lo que demuestra que su actual voto negativo responde más a una necesidad de diferenciación electoral que a una ruptura real con el entramado institucional de la Unión Europea.

El caso de la Izquierda Abertzale

El viraje ideológico de EH Bildu resulta especialmente sintomático al analizarse a la luz de la trayectoria histórica de la Izquierda Abertzale. Durante décadas, este espacio político se significó como uno de los vectores más combativos y refractarios a los procesos de integración europea, identificando a la primigenia Comunidad Económica Europea y a la posterior Unión Europea como estructuras intrínsecamente ligadas a los intereses oligárquicos y a la “negación de los derechos de los pueblos”. Un ejemplo fehaciente de ello ocurrió en octubre de 1992, cuando los diputados de Herri Batasuna emitieron los únicos votos negativos en todo el Congreso contra la ratificación del Tratado de Maastricht, denunciando la emergencia de una “Europa de los mercaderes” y de un “monstruo burocrático”. Asimismo, durante el referéndum sobre la Constitución Europea de 2005, el movimiento redobló su impugnación frontal a la arquitectura neoliberal de Bruselas promoviendo activamente el voto en contra, bajo la premisa de que el marco comunitario“ blindaba el capitalismo y perpetuaba la subordinación de las naciones sin Estado”.

En la actualidad, sin embargo, el posicionamiento de EH Bildu evidencia una mutación discursiva radical que ha terminado por alinearse de manera pragmática con el orden institucional europeo. La coalición ha sustituido la enmienda a la totalidad del proyecto oligárquico por un relato que instrumentaliza las instituciones de Bruselas, articulando una retórica que contrapone una supuesta “democracia de la UE frente al autoritarismo del Estado español”. En esta nueva lógica, el marco supraestatal ya no es percibido como el brazo ejecutor del gran capital, sino como un “contrapeso democrático” y un “escudo jurídico garantista”, fiando la resolución de los conflictos políticos a los dictámenes de los tribunales europeos frente a la actuación de los juzgados españoles. Este desplazamiento doctrinal no solo desactiva cualquier cuestionamiento de clase hacia el Banco Central Europeo o la Comisión, sino que reduce la aspiración de soberanía a una mera búsqueda de acomodo y “voz propia” dentro de las mismas estructuras de dominación económica que antaño combatieron de forma inflexible.