Más de la mitad del dinero del alquiler sale de los bolsillos de inmigrantes

28.000 millones de euros —alrededor el 1,6% del PIB del Estado español— cambiaron de manos por el alquiler de viviendas en 2025, según una estimación de elDiario.es a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida y del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria. Este fenómeno, que ha sido denominado como La Gran Transferencia del alquiler, revela una realidad incómoda que cuestiona el discurso de la extrema derecha y el sentido común reaccionario sobre las supuestas “ayudas a inmigrantes”. Más de la mitad del dinero pagado por alquiler —14.000 millones de euros— procede de inquilinos nacidos en el extranjero. Al mismo tiempo, el 10% más rico de la población se embolsa el 45% de los ingresos por alquiler, unos 12.500 millones de euros. La fotografía es nítida: los inmigrantes son los grandes pagadores, y los rentistas de las clases altas y acomodadas, los grandes receptores.

La extrema derecha presenta las limitadas ayudas que perciben los migrantes en situación de riesgo de pobreza y exclusión social como un “privilegio” para los mismos. Pero estos nuevos datos revelan que incluso estas limitadas ayudas no son sino una transferencia de dinero público encubierta hacia los bolsillos de los rentistas, en su mayoría españoles de clases acomodadas. Cada euro de ayuda social que reciba un inquilino migrante —ayudas que, según se ha desmentido repetidamente, no se asignan por origen sino por nivel de renta— termina engrosando las cuentas de quienes ya acumulan la mayor parte de la riqueza inmobiliaria del país. Los inmigrantes son, en este esquema, meros intermediarios: el dinero público que reciben no se queda en sus bolsillos, sino que fluye directamente hacia los caseros, alimentando un ciclo de succión de rentas de los más vulnerables a los más ricos.

Otros datos complementarios respaldan claramente esta lectura. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie revela que el 25,8% de los inmigrantes residentes en el Estado español destina más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, frente al 9% de media para el conjunto de la población. Es decir, los inmigrantes no solo pagan más en términos relativos, sino que sufren una sobrecarga mucho mayor que los arrastra a la pobreza y la exclusión inmobiliaria. Y sin embargo, son ellos quienes soportan el mayor peso de la Gran Transferencia: más de la mitad del dinero que mueve el alquiler en el Estado español sale de sus bolsillos. Paradójicamente, las ayudas públicas —limitadas, insuficientes y sometidas a un escrutinio feroz por parte del sentido común reaccionario— que recibe parte de este sector de la clase trabajadora no mejoran su situación, sino que se convierten en un flujo adicional de recursos hacia quienes viven de las rentas imobiliarias.

El discurso antimigratorio que señala a la clase obrera migrante como “privilegiados” por tener que acceder en algunos casos a ayudas de miseria que muchas veces ni siquiera alcanzan para pagar el alquiler, oculta deliberadamente cuál es el destino final de todo ese dinero. Al igual que en el mercado laboral, en el mercado del alquiler los trabajadores migrantes no son los beneficiarios del sistema: son su combustible. Cada euro que el Estado destina a ayudas que los migrantes gastan en pagar la vivienda acaba, en última instancia, en los bolsillos del 10% más rico, que concentra casi la mitad de los ingresos por alquiler del país. Lejos de ser un gasto “derrochado” en población extranjera, es una subvención encubierta a los rentistas españoles. Los datos demuestran que la verdadera transferencia no va de las arcas públicas a los inmigrantes, sino de los inmigrantes —y de los contribuyentes— a los rentistas de siempre. La pregunta que queda en el aire, por tanto, es la siguiente: ¿Quién vive y quién sobrevive de las ayudas?