El Parlamento alemán aprobó de manera definitiva el paquete de reformas estructurales y recortes en el sistema sanitario público propuesto por el Ministerio de Sanidad, tras concluir su tramitación en el Bundestag y el Bundesrat antes del receso estival de este año. En paralelo a una política de enorme incremento del gasto militar, el sistema sanitario alemán se encuentra al borde del colapso financiero. 

El seguro médico es obligatorio y el 90% de la población cotiza al sistema público en función de sus ingresos. Actualmente, estas aportaciones representan aproximadamente el 14,5% de la recaudación total, dividida equitativamente entre empleadores y empleados con una prima adicional según la empresa aseguradora, habiendo registrado un incremento medio del 3% durante este ejercicio. Sin nuevas partidas destinadas a la sanidad pública, el déficit previsto para 2027 supera los 15.000 millones de euros.

La ministra de Sanidad, Nina Warken, ya había sido tajante durante una rueda de prensa celebrada el pasado 14 de abril al declarar que “sencillamente, no podemos gastar más de lo que ingresamos”, anticipando un plan que recortará cerca de 12.000 millones de euros anuales en el sector de la salud para finales de este mismo año, de los cuales 6.000 millones procederán directamente de la reestructuración hospitalaria. 

Los pacientes deberán pagar entre 7,50 y 15 euros por medicamento recetado, frente a los 5-10 euros actuales. Se exigirá una segunda opinión obligatoria para aprobar cirugías 'costosas' de cadera o rodilla. A partir de 2028, los cónyuges sin ingresos propios, que hasta ahora tenían cobertura gratuita, deberán abonar una tasa fija del 3,5 por ciento de los ingresos de su pareja (con algunas exenciones). Se suprimirán los pagos 'extrapresupuestarios' a los médicos de familia por consultas sin cita previa o pacientes derivados.

Oliver Blatt, presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Seguro de Salud Obligatorios (GKV), acogió con satisfacción las medidas, excusándose en que los fondos “invierten más de mil millones de euros diarios en la atención de 75 millones de ciudadanos. Es una cantidad considerable y debe ser suficiente”, afirmó.