Liberados los siete anarquistas italianos acusados de ‘terrorismo’
Tras un mes de prisión preventiva, la justicia italiana dictamina que “no existen pruebas de una organización delictiva ni vínculos con actos concretos de violencia”, desacreditando la tesis de la Fiscalía.
El Tribunal de Revisión de Roma ha ordenado la inmediata puesta en libertad de los ocho militantes anarquistas que permanecían arrestados desde el pasado 16 de junio, acusados de “asociación para delinquir con fines de terrorismo”. Tras casi un mes en régimen de prisión preventiva, arresto domiciliario y detención en circuitos de alta seguridad, la autoridad judicial ha desmontado por completo la hipótesis de la Fiscalía de Roma y de los servicios ‘antiterroristas’, dictaminando que “no se sostiene la existencia de una organización armada ni de planes para cometer atentados”. El fallo judicial pone en entredicho el uso de la calificación penal de terrorismo en causas vinculadas a movimientos sociales y políticos en Italia.
El abogado defensor de varios de los implicados, Flavio Rossi Albertini, ha manifestado que la investigación “carecía de cualquier elemento idóneo para demostrar la existencia de una organización o que esta cumpliera con los requisitos legales para ser considerada terrorista”. Según el letrado, el caso se construyó sobre sugerencias e hipótesis de los investigadores más que sobre pruebas materiales.
El origen de la investigación judicial se sitúa en la vigilancia policial de un inmueble abandonado en las inmediaciones del municipio de Sambuci, cerca de Roma, conocido como “Improbabile squat”. Inicialmente, el dispositivo de la policía buscaba localizar a un militante anarquista prófugo conocido como “Ghespe”, quien posteriormente fue detenido en territorio español. No obstante, tras su captura, los micrófonos y cámaras instalados por los servicios de inteligencia continuaron activos. Fue en ese contexto donde se registraron una serie de conversaciones mantenidas por varios de los activistas entre el 11 y el 13 de julio de 2025. Los diálogos intervenidos versaban sobre la situación geopolítica, el análisis de prácticas de sabotaje y la trayectoria de agrupaciones anarquistas en otros países, elementos que la Fiscalía utilizó para fundamentar la acusación de ‘terrorismo’. La defensa, postura ahora respaldada por el Tribunal de Revisión, argumentó que dichas conversaciones no pasaban de ser debates teóricos e hipótesis carentes de cualquier tipo de ejecución o nexo con delitos concretos.
La operación policial del 16 de junio no se limitó a las detenciones de los sospechosos, sino que conllevó también el desalojo definitivo del espacio ocupado “Bencivenga” en Roma, un histórico Centro Social Ocupado. Aunque la justificación legal de la intervención policial era la realización de “registros y la búsqueda de los investigados”, el desalojo ha supuesto la clausura permanente de un espacio político y social que llevaba años activo en el barrio, una consecuencia material que no se verá revertida por el fallo de excarcelación emitido por el tribunal.
De forma paralela, continúa abierto el procedimiento judicial contra otros dos ciudadanos, Toni y Pietro, detenidos de manera colateral durante los registros domiciliarios del mes de junio. Acusados de “tenencia de material con fines de terrorismo”, tipificado en 2025 mediante los decretos de seguridad aprobados por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.
En el caso de Toni, cuyo único material incautado fue el opúsculo titulado “Ad ognuno il suo – 1000 modi per sabotare questo mondo”, adquirido hace más de veinte años y conservado en su archivo personal, la justicia decretó su liberación el pasado viernes al no acreditarse ninguna finalidad delictiva. Por el contrario, Pietro continúa bajo custodia a la espera de que el tribunal resuelva su situación procesal.
