La Fiscalía pide 25 años y medio para nueve manifestantes por el incendio de un furgón policial en las protestas por Hasél

Nueve personas se sientan en el banquillo por los disturbios durante las protestas por el encarcelamiento del rapero comunista Pablo Hasél en febrero de 2021 en Barcelona. La Fiscalía pide para ellas 25 años y medio de prisión y las acusa de intentar matar a un guardia urbano al prender fuego al furgón en el que se encontraba, además de atentado, desórdenes públicos, daños y manifestación ilegal. Siete de los procesados son de nacionalidad italiana, una francesa y uno español. El ministerio público sostiene que formaban un “grupo criminal” organizado, con “líderes” que, según sus palabras, “repartían roles y marcaban objetivos”, y les atribuye daños por casi 685.000 euros en oficinas bancarias, comercios y mobiliario urbano. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron durante una manifestación no comunicada, y los acusados “portaban líquidos inflamables, mazas y martillos con la intención de infundir un grave temor a la población”.

La versión de la Fiscalía describe una secuencia minuciosa: ataques a cajeros y oficinas bancarias, una marcha hacia la comisaría de la Guardia Urbana, el lanzamiento de adoquines, botellas y bengalas, y el momento en que una de ellas provocó una llamarada junto al furgón policial. El relato sostiene que los acusados “sabían que había un agente dentro” y que aun así “reavivaron el fuego con una botella de líquido inflamable”. El agente logró salir por la puerta del copiloto. Para la Fiscalía, ese cúmulo de hechos constituye un “intento de homicidio”. La acusación se apoya en la presunta “coordinación del grupo”, en las “palabras clave” que supuestamente usaban para comunicarse y en el material incautado.

En aquellos días, una joven de 19 años perdió el ojo derecho por el impacto de un proyectil de foam disparado por los Mossos d’Esquadra el 16 de febrero de 2021 cerca de la comisaría de Lesseps. La causa fue archivada en 2024. El juzgado de instrucción y la Audiencia de Barcelona concluyeron que los agentes actuaron “conforme al protocolo” —“disparos orientados de abdomen hacia abajo, en situación de agresión con objetos contundentes”— “sin indicios de dolo o imprudencia”, y el juez instructor señaló incluso que la joven “se autocolocó en una situación de peligro” al “participar en un grupo que lanzaba objetos”, por lo que “debía cargar con las consecuencias”; una mutilación. La víctima y su defensa criticaron duramente la resolución, considerando que criminalizaba el derecho a manifestarse. Organizaciones como Irídia denunciaron también el uso de la técnica del “carrusel” —vehículos a velocidad para dispersar—, cargas con porras, encapsulamientos y disparos de foam, alegaciones de agresiones a detenidos —golpes, rodilla en el cuello en un caso denunciado en Lleida, bofetadas—, ataques a periodistas que cubrían los hechos en València y otras ciudades, y la denuncia de un diputado de Compromís en València por un porrazo mientras seguía indicaciones policiales. También se criticaron las identificaciones, incomunicaciones y el trato a los detenidos.