El aviso policial en Catalunya antes del 11N: institutos vigilados, identificaciones por perfil racial y gas pimienta contra sentadas

La semana pasada, los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de varios municipios de Catalunya visitaron algunos institutos catalanes. El motivo fue la “supuesta prevención de algaradas” ante la convocatoria de movilizaciones de Blocus. Horitzó recoge que en esas visitas, con la excusa de “informar”, intimidaron a menores de edad con “charlas” sobre las consecuencias represivas si participaban en disturbios. Las amenazas no solo se dirigieron a los menores: algunos padres también fueron “informados”, según declaraciones policiales a la televisión pública catalana. En zonas como el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde viven muchas familias migrantes, los Mossos pidieron al profesorado que elaborara un listado de “posibles alumnos implicados” en las movilizaciones convocadas en redes. “La elección no es inocente”, subraya Horitzó: la misma semana en que la policía entraba en los institutos, el sábado en Barcelona más de 2.000 personas fueron identificadas “por perfil racial”.

Identificaciones por perfil racial

La consellera de Interior, Núria Parlon, detalló que se realizaron 2.264 identificaciones, 1.800 por los Mossos y 646 por la Guàrdia Urbana, y que se detuvo a una decena de personas “pese a no estar vinculadas con los hechos del 24 de octubre”. Parlon afirmó que las identificaciones se centraron “en menores de edad con la estética Blocus, vestidos de negro u oscuro, con capucha”, y negó que se hicieran por perfil racial. El artículo 16 de la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, prohíbe las identificaciones policiales discriminatorias por razón de origen racial o étnico, pero varias organizaciones de derechos humanos y entidades antirracistas denuncian que es el pan de cada día en las calles. En este caso, los Mossos levantaron 181 actas de denuncia por portar “armas blancas o potencialmente lesivas”, como esprais o máscaras de disfraces de Halloween. El dispositivo, de nivel 4, el máximo previsto ante movilizaciones en la vía pública, contó con más de 500 agentes y, por primera vez en cinco años, con un punto de recepción de detenidos en la calle Pau Claris. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), celebró “el éxito” del dispositivo “preventivo” y advirtió de que ante nuevas convocatorias se responderá “con toda la contundencia que sea necesaria”. En el conjunto del Estado se detuvo a diez personas presuntamente vinculadas a las convocatorias, tres de ellas en Catalunya; un joven de veinte años detenido en València, considerado el presunto fundador de Blocus en el Estado, fue enviado a prisión sin fianza por el Tribunal de Instancia de Torrent.

Abogados y organizaciones antirrepresivas advierten de “un riesgo de criminalización desmedida” y “un aviso a navegantes de cara a la huelga”

La respuesta punitiva contra los jóvenes acusados de pertenecer a la tendencia Blocus preocupa a los abogados ante la huelga general convocada para el 11 de noviembre, según recoge elDiario.es. La abogada Anahí Zárate estaba de guardia en el turno de oficio cuando, en un solo día, tuvo que asistir a 35 menores detenidos bajo acusación de saqueos y disturbios del 24 de octubre en Barcelona: “Éramos tres abogados para todos los chicos”. La abogada Júlia Humet advierte de un “riesgo de criminalización desmedida” y sostiene que “se está tirando de la receta dura de siempre sin analizar por qué hay gente tan joven que tiene tan poco sentimiento de pertenencia a la comunidad que está dispuesta a participar de estos disturbios”. Xavier Monge, del colectivo Alerta Solidària, señala que “estos días vivimos un aviso a navegantes de cara a la huelga” y pone el foco en el blindaje del centro de Barcelona del pasado sábado, con más de 2.000 identificados: “El principio de proporcionalidad que debe guiar toda intervención de la policía salta por los aires”.

Prohibiciones “preventivas” de acudir a manifestaciones contra varios jóvenes

Las causas judiciales afectan a 130 detenidos en octubre y se han adentrado en la huella digital: cuatro hombres mayores de edad permanecen en prisión preventiva, dos en Barcelona y dos en València, como supuestos instigadores de los disturbios a través de las redes digitales. A los dos barceloneses los jueces les han imputado un delito de “organización criminal”, algo que Humet critica: “¿Cómo se está imputando una organización criminal si lo que destaca de estos jóvenes es que apenas están organizados?”. Monge alerta de que los jueces han prohibido a varios jóvenes asistir a nuevas manifestaciones “pese a los precedentes de la Audiencia de Barcelona que tumbaban ese veto tras los disturbios del procés o por Can Vies”. Humet considera “preocupante” que el Govern, empezando por el president Salvador Illa, acompañara tuits de detenciones de jóvenes de 14 o 16 años con el mensaje “no habrá impunidad”: “Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones públicas porque la bronca y los límites a estos menores se los tienen que poner en sus casas, no el president de la Generalitat”.

Nuevo protocolo de gas pimienta de los Mossos

Los Mossos d'Esquadra hicieron público este miércoles 4 de noviembre el nuevo protocolo de uso del gas pimienta, que sustituye a la instrucción de 2013 y llega una semana antes de la huelga general del 11N. El texto permite utilizar el espray OC en manifestaciones y concentraciones para “restablecer el orden público”, “con aviso previo por voz o megafonía” y “siempre que las circunstancias lo permitan”. La norma establece que el gas pimienta “no debería utilizarse en situaciones de resistencia pasiva”, pero no lo prohíbe de forma absoluta: deja abierta una excepción si “la ponderación de las circunstancias concurrentes y la evaluación de los riesgos hagan recomendable su utilización”, ponderación que recae sobre el criterio subjetivo del agente. Como regla general debe ser autorizado por el jefe del dispositivo policial, aunque “excepcionalmente y en casos de urgencia” por una situación de “riesgo grave y repentina para personas o bienes”, el agente que lleve el espray podrá utilizarlo y después “informar por vía jerárquica”. El aviso previo “es obligatorio siempre que las circunstancias lo permitan”, y los agentes “deben dar tiempo”, “si es posible”, a que “los manifestantes acaten la advertencia y garantizar una vía segura de salida”, según recoge el diario Ara. El texto prohíbe en teoría usarlo sobre una persona que ya se encuentra bajo control policial y lo “desaconseja” en espacios cerrados, aunque no lo veta de forma absoluta. También lo permite en motines penitenciarios y en actuaciones de seguridad ciudadana ante lo que los agentes consideren “hechos graves”.