La Policía detiene a 12 miembros del grupo neonazi Núcleo Nacional por delito de odio y asociación ilícita

La Policía Nacional española ha arrestado este viernes a 12 miembros del grupo neonazi Núcleo Nacional en distintos puntos del Estado español, en una operación coordinada por un juzgado de Xixón (Asturies) por asociación ilícita y delito de odio. Los arrestos se produjeron en Madrid, Asturies, Guadalajara, Pontevedra, Burgos, Alacant y Valladolid, ciudad donde la organización tiene su sede central, según elDiario.es y Cadena SER. Los agentes han registrado siete sedes, entre ellas el gimnasio El Nido en la zona de Las Tablas de Madrid, y las actuaciones han sido declaradas secretas. La investigación se abrió a raíz de los disturbios de febrero frente al colegio La Inmaculada de Xixón, donde integrantes del grupo se concentraron contra la retirada de un monumento a los Héroes del Simancas y profirieron consignas fascistas como “¡Arriba España!”. El grupo ha convocado una manifestación para este sábado en Madrid, coincidiendo con el tercer aniversario de las movilizaciones de Ferraz.

Núcleo Nacional es una organización abiertamente neonazi registrada en el Registro Nacional de Asociaciones desde agosto de 2024, con el beneplácito del Ministerio del Interior pese a las advertencias sobre su actividad. El 12 de octubre, un hombre que vestía la camiseta de Núcleo Nacional hizo el saludo fascista en un acto oficial de la Guardia Civil en Gandia (País Valencià) al lado de varios agentes y estuvo con el brazo extendido durante la interpretación del himno español completo, sin que ningún agente le dijera nada.

Una única operación tras un largo historial de violencia fascista

Esta última operación llega después de una larga trayectoria de violencia fascista en las calles. En mayo, la Policía desarticuló en Asturies a los White Boys, una banda juvenil neonazi de 19 miembros de entre 14 y 22 años a la que la Fiscalía de Menores atribuye al menos 14 agresiones físicas, acoso racista, tráfico de drogas y uso de armas prohibidas como puñales, machetes, puños americanos y espadas. Su cabecilla, menor de edad, reconoció en sede judicial que siguió instrucciones de “uno de los jefes de Núcleo Nacional” para reventar una manifestación antifascista en Xixón en septiembre de 2024, según elDiario.es. La banda seleccionaba como objetivos a personas migrantes, militantes de izquierda, personas sin hogar, homosexuales y Testigos de Jehová, grababa las palizas y llegó a fabricar cócteles molotov. En septiembre de 2026, dos militantes de AMA Asturies fueron agredidos en las fiestas de San Mateo en Uviéu al grito de “¡Arriba España!”, y en junio un menor fue acorralado en Cagüeñes por un grupo que vestía camisetas con la bandera española. Este verano, Núcleo Nacional anunció su salto a la política institucional a través del partido Noviembre Nacional, registrado en febrero por el veterano ultraderechista Enrique Lemus, vinculado históricamente a Democracia Nacional. La Guardia Civil abrió en abril del año pasado una investigación a este grupúsculo, que llama a la “lucha conjunta” en la calle contra la “invasión” extranjera y que participó en concentraciones ante la sede federal del PSOE, algunas con disturbios violentos y cargas policiales. El Gobierno de Asturias pidió públicamente al Ministerio del Interior que disolviera la formación tras la citada concentración de Xixón.

Contexto electoral y represión masiva contra el antifascismo: al menos 48 antifascistas detenidos en operativos policiales

La operación llega a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y después de años en los que las fuerzas policiales han actuado con mucha más intensidad contra el antifascismo que contra los grupos fascistas. El informe anual coordinado por la plataforma Defender a quien Defiende, junto a Novact e Irídia, documentó 380 casos de represión en 2025, un 66,7% más que los 228 de 2024, con 1.956 vulneraciones directas de derechos que afectaron a 1.771 personas. El antifascismo acaparó 61 de estos casos registrados, el 16% del total, frente a los 90-94 de las protestas por Palestina (cerca del 25%) y los 67 de los movimientos por la vivienda (alrededor del 18%).

Si repasamos algunos de los casos represivos más recientes, En Iruñerria, bajo el Gobierno del PSN y órdenes del Ministerio del Interior, al menos cuatro operaciones policiales han golpeado al movimiento antifascista en el último año y ninguna a grupos de extrema derecha, según el balance publicado por Gedar. La más reciente, a finales de septiembre, dejó ocho jóvenes antifascistas detenidos en Antsoain, Berriozar y Txantrea con gran violencia: los agentes derribaron puertas y golpearon a familiares. A esa redada se suman otras tres operaciones vinculadas a las movilizaciones contra el agitador Vito Zoppellari Quiles (28 detenidos en junio, al menos dos en febrero y al menos tres en noviembre de 2025) y la detención de otras dos personas en junio de 2025 por protestar contra la presencia de Vox.

El caso de los 6 de Zaragoza, condenados por desórdenes públicos tras una protesta similar contra Vox en 2019, ilustra este doble rasero del Gobierno de coalición PSOE-Sumar, que indultó en septiembre de 2025 a Adrián y Javitxu pero mantiene en prisión a Imad y Daniel. La plataforma Libertad 6 denuncia que la condena “no se sostiene en prueba alguna” y se basa solo en el testimonio policial. Los 4 de València, que se defendieron ante cinco militantes neonazis en 2021 y a los que agentes de paisano de la Brigada Provincial de Información vieron sin intervenir, se enfrentan a peticiones de hasta 14 años de cárcel y a un embargo previo de 7.800 euros. La acusación particular la ejerce José Luis Roberto, fundador y presidente de España 2000 y dueño de Levantina de Seguridad SL. En junio, la Audiencia Nacional ordenó detener en Bilbo (Bizkaia) y Getxo (Bizkaia) a los militantes internacionalistas Asier y Youssef, miembros de Samidoun e Iranekin Bat, acusados de “vínculos con Hezbollah” por gestionar el canal de Telegram Frontflict y participar en charlas con el embajador iraní Reza Zabib; quedaron en libertad con medidas cautelares y denuncian una campaña de criminalización de la solidaridad con Palestina. En octubre, la Audiencia Nacional encarceló a dos vascos que se entregaron en la comisaría de Irun (Gipuzkoa) acusadas de “pertenencia a grupo terrorista” y “depósito de armas”, aunque la defensa denuncia que no se han presentado pruebas y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, afirmó que no fueron detenidas en septiembre porque no estaban cometiendo “ningún delito”. La Policía Foral no encontró el supuesto “depósito de armas” que señalaba la acusación, pero ambas personas siguen en prisión. Ese mismo mes, la Guardia Civil detuvo en la Safor a un militante de la Organització Juvenil Socialista del País Valencià (OJS PV) por una pintada contra el fascismo en la fachada de una iglesia de Simat de la Valldigna donde se celebraba una misa por Franco y Primo de Rivera; la OJS denuncia una “represión sistemática” y detenciones arbitrarias contra la militancia comunista organizada, y llama a “aglutinar las fuerzas de la clase en un frente común que plante cara al autoritarismo estatal”.

La Ley Mordaza sigue en pie

La asimetría se sostiene sobre un pilar jurídico intacto: la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez se han negado a derogar pese a las promesas electorales previas, e incluso han fallado tres intentos de reforma superficial (2019, 2023 y entre 2024 y 2026). Entre 2015 y 2025 el Estado tramitó 2.769.169 sanciones y recaudó 1.674,8 millones de euros; el 77% de esas multas, unas 2.100.000, se impusieron a partir de junio de 2018, bajo ejecutivos de izquierda, frente al 23% restante, cerca de 640.000, en los tres primeros años de vigencia bajo el PP.

La Policía actúa contra los fascistas cuando ya han obtenido armas de fuego y preparan atentados

Las pocas operaciones que se producen el Estado español contra redes fascistas han llegado normalmente cuando estas ya disponían de arsenal. En diciembre de 2025, la Policía detuvo en Castelló (País Valencià) a tres miembros de la primera célula en el Estado de The Base, considerada organización terrorista por la Unión Europea: se entrenaban con material paramilitar, se les intervinieron nueve armas, dos de ellas de fuego, y planeaban ataques contra políticos, judíos y musulmanes, inmigrantes, antifascistas y el colectivo LGTBI bajo la vertiente aceleracionista que busca una “guerra racial”.