Vox promete ilegalizar el movimiento antifascista si llega al Gobierno
Amplía sus querellas contra la Delegación del Gobierno en Galiza por protestas contra sus actos y anuncia que llevará este tipo de manifestaciones a los tribunales.
El jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, anunció este sábado en Ferrol (A Coruña, Galiza) que su partido ilegalizará el movimiento antifascista si llega al Gobierno y que ampliará las querellas presentadas contra la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en Galiza por las protestas que impidieron celebrar con “normalidad” sus actos. Lo dijo desde una mesa informativa en el Cantón de Molíns, donde unas 200 personas se concentraron desde una hora antes con consignas antifascistas y propalestinas, sin que se produjeran incidentes, según Europa Press.
Un amplio dispositivo de la Policía Nacional y la Policía Local estableció un cordón para mantener separados a ambos grupos. Buxadé arremetió contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “seguir permitiendo que los actos electorales de Vox no se puedan celebrar con normalidad”: “Esto no es admisible, esto no sucede en ninguna democracia moderna”. Y añadió: “Mientras ellos sigan en las calles, nosotros seguimos en las calles”.
Amenazas previas contra el antifascismo
El 14 de diciembre de 2025, el grupo parlamentario de Vox registró una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a “interesar al Ministerio Fiscal el ejercicio de acciones judiciales para la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento Antifa” por “su fomento, promoción e incitación al odio y la violencia”, y para promover en la UE la inclusión de Antifa en el listado europeo de “organizaciones terroristas”. La iniciativa, que también pedía la reprobación de Grande-Marlaska, mencionaba incidentes en actos de Vox en Vallecas, Bilbo, Catalunya, Castelló, Gasteiz y Sevilla, y aludía a una “tendencia internacional” de considerar Antifa como “organización terrorista”. En su página de acción, Vox mantiene una campaña titulada “Firma para ilegalizarlos” en la que afirma: “Desde Vox vamos a ilegalizar todos los movimientos terroristas, separatistas y antifas”. En septiembre de 2025, Vox y el grupo Patriotas por Europa presentaron una petición en el Parlamento Europeo para que Antifa sea declarada tipificada como “organización terrorista”. Ya en 2020, tras las declaraciones de Donald Trump sobre Antifa, el propio Buxadé señaló que Vox sería partidario de ilegalizar el movimiento antifascista en el Estado español calificándolo de “organización terrorista”.
En la legalidad española, la disolución de asociaciones o partidos se rige por la Ley de Partidos y las normas sobre asociaciones, y requiere generalmente una “vulneración reiterada y grave de principios democráticos mediante violencia o terrorismo; no basta el discurso contrario a la Constitución”. Fuentes jurídicas subrayan que el Estado español no tiene un sistema de “democracia militante” estricto, a diferencia de otros países europeos como Alemania. Es decir, no permite ilegalizar a un partido por sus meros fines ideológico. El Tribunal Constitucional lo dejó claro en la sentencia 48/2003: “en España no cabe exigir adhesión positiva al ordenamiento, sino solo respeto a las reglas democráticas”. Por lo tanto, Vox tendría que cambiar este ordenamiento si quiere ilegalizar el antifascismo formalmente.
Las coberturas críticas, como las de los medios de izquierda y antifascistas, presentan la iniciativa como un intento de criminalizar la oposición antifascista y de copiar la estrategia de Donald Trump en EEUU.
