Más de 300.000 trabajadores franceses en huelga contra el congelamiento salarial; la juventud bloquea 338 institutos

Una amplia intersindical de la función pública francesa —CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC y FA-FP— convocó para este martes 29 de septiembre una jornada de huelga y manifestaciones en todo el país para protestar contra el recorte del poder adquisitivo de los funcionarios y reclamar más medios presupuestarios. El detonante fue el anuncio, a principios de septiembre, del primer ministro Sébastien Lecornu, de un nuevo congelamiento del punto de índice de los funcionarios en el proyecto de presupuesto 2027, una medida presentada como generadora de unos 2.000 millones de euros de ahorro dentro de un plan general de unos 54.000 millones de euros para reducir el déficit público al 5% del PIB. El punto de índice solo se revalorizó un 3,5% en 2022 y un 1,5% en 2023, mientras la inflación acumulada desde 2017 se estima en torno al 24% a finales de 2026 según el Insee, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo que los sindicatos cifran en más del 16%.

La CGT ha reivindicado más de 300.000 manifestantes en todo el Estado francés, incluidos 70.000 en París; entre los ejemplos de otras ciudades, las fuentes sindicales citan 30.000 en Marsella (3.800 según la policía), 11.000 en Toulouse, 10.000 en Lille y Burdeos, y 8.000 en Lyon y Orleans. Los datos del Ministerio de Acción y Cuentas Públicas a mediodía sitúan el seguimiento de la huelga en el 9,64% en la función pública estatal, el 5,68% en la territorial y el 4,5% en la hospitalaria, frente al 18,18% del 5 de diciembre de 2024. En la Educación Nacional, algo más de uno de cada diez docentes ha secundado la huelga según el ministerio, mientras el SNES-FSU habla de más del 38% entre profesores, CPE, psicólogos, AED y AESH de secundaria. Los bomberos, en huelga simbólica desde el 8 de septiembre y hasta el 20 de octubre, han marchado en un cortejo propio en París, donde la intersindical reivindica unos 8.000 participantes; exigen contratación masiva —21.000 profesionales—, medios materiales, mejor consideración de los riesgos y financiación reforzada de los servicios departamentales de incendio y socorro tras un verano de incendios históricos.

Las reivindicaciones comunes de la intersindical incluyen una revalorización significativa del punto de índice y su indexación a la inflación, la refundación de las parrillas indiciarias, el restablecimiento de la GIPA, el mantenimiento al 100% de la remuneración en baja por enfermedad y la abolición del día de carencia, medios presupuestarios a la altura de las misiones de los servicios públicos, igualdad profesional entre mujeres y hombres y mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Sophie Binet (CGT) calificó el congelamiento de “escándalo” y prometió una “jornada negra”; Marylise Léon (CFDT) denunció una visión “puramente contable” de los agentes.

La juventud, en primera línea

El frente juvenil aportó un tono más combativo y visible. El movimiento nació a finales de la semana anterior en la banlieue parisina, en torno a Créteil y Seine-Saint-Denis, a partir de quejas concretas sobre las condiciones del curso 2026: clases sobrecargadas —hasta 32-35 alumnos—, falta crónica de profesores, escasez de asistentes de educación (AED) con equipos incompletos al 50% en muchos centros, ausencia de enfermeras escolares y asistentes sociales, horarios agotadores, infraestructuras degradadas y problemas de sustituciones. La Union Syndicale Lycéenne (USL), presidida por Ryad Rani, generalizó los bloqueos a escala estatal buscando una convergencia de luchas con la huelga de la función pública. “En un establecimiento de cada dos faltan efectivos de AED, no hay enfermera ni asistente social, y faltan profesores clave en los años del bac”, explica Rani.

En el ámbito universitario, la FAGE y la Union Étudiante se sumaron por la posible congelación de las ayudas a la vivienda (APL), las amenazas de recorte sobre el menú a 1 euro del CROUS, el aumento de tasas de matrícula —especialmente para extracomunitarios tras la ley “Bienvenue en France 2”— y la precarización general de la juventud trabajadora. Según el Ministerio de Educación Nacional, 338 establecimientos han resultados afectados —aproximadamente uno de cada diez lycées—, con 40 completamente bloqueados y 44 con intentos de bloqueo. Se registran 40 detenciones y 10 heridos entre alumnos y personal. En Île-de-France, 75 establecimientos fueron sacudidos con episodios de combatividad juvenil, al menos 20 con enfrentamientos y desperfectos, con daños estimados en unos 200.000 euros. Se han registrado incidentes con contenedores quemados, lanzamiento de objetos y gas lacrimógeno en Lille (Lycée César-Baggio), Montpellier (Lycée Jean-Mermoz, con detención de un menor de 15 años), Nantes y Saint-Nazaire (8 detenciones en Loira-Atlántico), Rennes (Lycée Brequigny), Lyon (bloqueos en la Universidad Lyon-II y Sciences Po Lyon, con 7 detenciones), Burdeos (Lycée François-Magendie) y Marsella (al menos 5 centros). Muchos bloques combativos de los liceos se han unido después a los cortejos de la función pública.

Reacciones políticas

El Gobierno —el primer ministro Lecornu y los ministros de Interior y Educación— ha calificado las acciones de “violencias urbanas” y amenaza con la intervención policial ante bloqueos totales o enfrentamientos con las fuerzas del orden, y critica a miembros de La France Insoumise (LFI) que llamaron a extender el movimiento. Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France, denunció una “instrumentalización política”. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon y LFI han ofrecido apoyo explícito a los liceos y denuncian una represión “feroz” con “trasfondo racista”. Por el momento, los episodios de combatividad obrera y juvenil no han motivado la retirada de apoyo de la formación socialdemócrata. Sophie Binet (CGT) defiende el “derecho ciudadano” de los jóvenes a movilizarse y advirtió del riesgo de escalada de la lucha si se acentúa la represión, mientras Ryad Rani (USL) rechaza cualquier instrumentalización y denuncia la respuesta policial como contra menores de 15-18 años como “escándalo”. El movimiento sigue en curso y podría prolongarse según la respuesta gubernamental y la capacidad de organización de los sindicatos, los movimientos sociales y los colectivos locales, en un clima que podría augurar un otoño caliente a las puertas de la presentación del presupuesto 2027 y del horizonte electoral.