CCOO y UGT concentran el 70% de los delegados, pero la conflictividad laboral se desplaza a donde son minoría

CCOO y UGT agrupan entre el 67% y el 70% de la representación sindical en el Estado español, más de 330.000 delegados, según se desprende de los registros de conflictividad laboral. Sin embargo, buena parte de las huelgas, los participantes y las jornadas no trabajadas se concentra en territorios donde su presencia es minoritaria o donde no son la primera fuerza sindical. El caso más significativo es la Comunidad Autónoma Vasca (CAV): CCOO y UGT suman un 27,89% de representación, frente al 61% conjunto de ELA y LAB. Durante el ejercicio 2023, la CAV registró el 38% de las huelgas computadas a nivel estatal (el 44% si se suma Nafarroa) y el 38% de los participantes, contando con menos del 5% de la población activa estatal. En cifras absolutas, de las 778 huelgas estatales, 296 se produjeron en la CAV y 48 en Nafarroa, con 105.452 participantes en la CAV sobre un total de 278.183 trabajadores. En el conjunto de Hego Euskal Herria (CAV y Nafarroa), CCOO y UGT suman en torno al 33% de los delegados, frente al 56% de ELA y LAB. Así, en 2025, la CAV por sí sola concentró el 23% de los participantes y el 31% de las jornadas no trabajadas.

Un patrón similar, aunque con matices, se observa en Nafarroa y Galiza, comunidades autónomas con fuerte implantación de sindicatos vascos y galegos. En Nafarroa, donde CCOO y UGT suman el 48,1% de los delegados y ELA y LAB el 41,4%, se registraron 14.960 participantes en 2023 (el 5,4% del total estatal, con el 1,4% de la población activa). En Galiza, la CIG es la primera fuerza sindical (31%), por delante de UGT (25,7%) y CCOO (25,1%), que juntas suman algo más de la mitad de los delegados (50,8%). La conflictividad laboral galega no se mide tanto en número de huelgas (19 en 2023, el 2,4% del total) como en participación y jornadas: 24.982 participantes (9,0%) y 80.538 jornadas no trabajadas (14,6%) con el 5,2% de la población activa, a razón de 3,2 jornadas por participante frente a 2,0 de media estatal. Esa sobrerrepresentación se mantiene, con menos intensidad, en los años siguientes: tomando el trienio 2023-2025, Galiza acumuló el 7,7% de los participantes y el 8,5% de las jornadas no trabajadas, y el conjunto formado por Hego Euskal Herria y Galiza, donde no hay hegemonía de los sindicatos mayoritarios estatales, con alrededor del 11% de la población activa, concentró el 38% de los participantes y el 40% de las jornadas. En Catalunya, donde CCOO y UGT rozan el 77% de representación, se registraron 119 huelgas (15,3%) y 58.782 participantes (21%). En la Comunidad de Madrid, con los sindicatos mayoritarios en posición hegemónica, fueron 79 huelgas (10,2%) y 23.918 participantes (9%).

La divergencia entre la cuota de representación estatal y el número de huelgas se explica por factores operativos y procedimentales propios de cada modelo sindical. Los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos afectan directamente en la estadística final: en Andalucía, el SERCLA alcanza una tasa de acuerdo del 43,5%; en Madrid, el IRMA llega al 36,0%; y el SIMA estatal se sitúa en torno al 32%, desactivando huelgas antes de su inicio formal. En la CAV, el sistema PRECO resuelve con acuerdo entre ambas partes entre el 16% y el 21% de los procedimientos, lo que deriva en una mayor formalización de paros. La estructura de financiación también marca diferencias: sindicatos como ELA basan su operativa en cajas de resistencia sostenidas mediante cuotas de afiliación, lo que permite compensar la pérdida salarial de los huelguistas y extender los paros. El modelo de CCOO y UGT, en cambio, se apoya en mayor medida en la financiación institucional: en 2025 recibieron 23,6 de los 32 millones de euros consignados en subvenciones por representatividad, el 73,75% del total. Un último factor es el de la estrategia de concertación, donde las centrales mayoritarias priorizan la negociación y los acuerdos marco sobre la paralización de la actividad. Ese factor se cuantifica en un dato muy significativo: hasta la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, CCOO y UGT no convocaban una huelga general de ámbito estatal desde el 14 de noviembre de 2012, hace exactamente 14 años.

Cambio en la composición sectorial de la conflictividad

Los datos más recientes muestran además una alteración en la composición sectorial de los conflictos. La conflictividad en el ámbito empresarial y privado, donde CCOO y UGT poseen mayor capacidad de control sobre la negociación colectiva, presenta una tendencia decreciente. En paralelo, se registra un incremento de la conflictividad en el sector público: en 2025, el 66,8% de los participantes en huelgas pertenecían a este sector, y sanidad y educación concentraron el 58% de los huelguistas a nivel estatal. En estos ámbitos, los sindicatos mayoritarios operan en un entorno de mayor competencia con agrupaciones de carácter corporativo, sectorial o asambleario. El sector educativo en Catalunya es un claro ejemplo de ello: en 2026, un preacuerdo suscrito por CCOO y UGT fue rechazado en consulta por el 65,1% del profesorado participante, impulsado por sindicatos sectoriales como USTEC: 39.502 votos en contra frente a 21.184 a favor sobre 60.686 votos válidos. En el sector sanitario estatal, agrupaciones médicas profesionales promovieron paros indefinidos en oposición directa al Estatuto Marco negociado por la administración con CCOO y UGT.

Cambio de paradigma huelguístico

La tipología de la huelga en el Estado español ha experimentado una alteración importante en los últimos ciclos, según la actualización de los índices clásicos de Shorter y Tilly. De entrada, la frecuencia ha caído a mínimos históricos: de 13,6 huelgas por cada 100.000 asalariados en el periodo 1986-1989 a 5,5 en 2010-2016, hasta registrar un 3,4 en 2025. Al mismo tiempo, el tamaño de las convocatorias ha crecido: frente a la media de 330 participantes por huelga del periodo 2010-2016, el año 2025 consolidó un tamaño medio de entre 509 y 684 participantes por huelga, según la fuente de la serie estatal aplicada. Esta evolución encaja con el desplazamiento del conflicto hacia convocatorias sectoriales, que durante el primer trimestre de 2025 representaron únicamente el 6,4% de los paros pero concentraron el 68,1% de los participantes y el 68,8% de las jornadas no trabajadas. Es decir, desde una perspectiva histórica hay cada vez menos huelgas, pero participan cada vez más trabajadores en las que se organizan.

En un estudio de Luque, Cueto y Mato publicado por REIS en 2008 sobre un panel autonómico de 1987 a 2006 se trabajaban siete tesis principales que definían la conflictividad laboral, pero se observa que varias han perdido validez o invertido su tendencia en la actualidad: se ha quebrado el llamado “efecto industria” que atribuía el motor estadístico del conflicto a la manufactura y la industria pesada, con el 66,8% de los huelguistas en 2025 procedentes del sector público y los servicios; el sesgo político institucional que asociaba mayores cuotas de voto a la izquierda con descensos en la huelga ya no se cumple, con picos de conflictividad bajo contra las administraciones autonómicas bajo coaliciones de “izquierda”; y el debilitamiento de la relación en “U invertida” entre afiliación y huelgas es también un indicador relevante. Que esta causalidad se invierta podría denotar una creciente desconexión entre los sindicatos mayoritarios como cuerpo burocrático y los intereses de la clase trabajadora.

Por otro lado, las variables estructurales que mantienen su robustez son el llamado “efecto procíclico del desempleo” (la contracción del paro al 9,87% en el segundo trimestre de 2026 operó en paralelo a un incremento de la conflictividad, con 302.757 huelguistas frente a 89.399 del mismo periodo del año anterior) y el impacto negativo de la temporalidad: 213.722 de los 302.757 participantes disponían de contratos indefinidos a tiempo completo, lo que valida que la estabilidad laboral facilita la movilización continuada.