Parar el país no basta

Desde el 14 de noviembre de 2012, el Estado español no ha vivido otra huelga general estatal de 24 horas. Durante más de una década, una generación entera de trabajadores ha crecido, se ha incorporado al mercado laboral y ha atravesado crisis, recortes, reformas laborales y episodios de precariedad sin haber experimentado qué significa una huelga general: la paralización coordinada de la producción, los servicios y la vida económica como forma colectiva de presión política de la clase trabajadora. La conflictividad laboral no ha desaparecido, por supuesto, pero el recurso del paro general ha quedado neutralizado frente a un modelo de movilización más fragmentado y defensivo. La convocatoria del próximo 11 de noviembre podría desempolvar, por tanto, una de las herramientas históricas más visibles del conflicto de clases.

Desde 1976, las huelgas generales han constituido algunos de los hitos centrales de la clase trabajadora en el Estado español, donde se ha medido su fuerza real frente a los sucesivos gobiernos y la patronal. Tal y como destaca el análisis histórico del reportaje principal de este Dominical, la eficacia de los paros generales nunca ha dependido exclusivamente del número bruto de huelguistas en las calles. Por el contrario, el éxito se ha cimentado históricamente sobre tres pilares fundamentales: la unidad de clase, la capacidad logística para paralizar sectores estratégicos de la economía y la existencia de reivindicaciones muy concretas. Para comprender esta dinámica, es necesario retrotraernos al contexto histórico de los años setenta. 

La huelga general en el tardofranquismo y la transición

El concepto de huelga durante el final del franquismo no era simplemente una herramienta laboral, sino un arma profundamente política. Sindicatos como CCOO, nacidos en sus inicios con un espíritu asambleario, habían operado en la más estricta clandestinidad, mientras que UGT y CNT afrontaban sus respectivas reconstrucciones. En aquel momento, la huelga era una parte indispensable de la lucha contra la dictadura y por la disputa por la vida política y social de los centros de trabajo, a menudo plantas industriales integradas por miles de trabajadores. Esto quedó patente el 12 de noviembre de 1976, cuando CCOO y UGT convocaron una huelga general en todo el Estado, que combinaba reivindicaciones económicas y políticas. Se oponía al Real Decreto-Ley 18/1976, que mantenía topes salariales, limitaba la negociación colectiva y facilitaba el despido, pero exigía también la legalización inmediata de los sindicatos de clase y la ruptura definitiva con las estructuras franquistas.

Poco tiempo después, el 5 de abril de 1978, el movimiento obrero del Estado español profundizó en su coordinación europea. UGT y CCOO, en concierto con la Confederación Europea de Sindicatos, convocaron una huelga general simbólica de una hora destinada específicamente a protestar contra el aumento del desempleo. Según recogen las hemerotecas de El País y ABC, esta movilización temprana sirvió para poner a prueba la solidaridad sindical internacional. Sin embargo, a medida que el llamado régimen del 78 iba consolidándose, la naturaleza de las huelgas comenzó a virar hacia cuestiones puramente económicas.

Así, en la década de 1980, el foco se desplazó poco a poco hacia posiciones cada vez más defensivas y ligadas a los servicios públicos y las prestaciones sociales. El 20 de junio de 1985, durante el primer gobierno de Felipe González, CCOO convocó una huelga general de 24 horas con apoyo de ELA, USO, CNT y otras organizaciones contra la reforma de pensiones. UGT no se sumó. Las reivindicaciones eran el aumento del período de cotización y el cambio en el cálculo de la base reguladora.

El relativo éxito del 14-D

El paradigma de una huelga general exitosa en el Estado español sigue siendo el 14 de diciembre de 1988, fijado en la memoria colectiva obrera como el 14-D. CCOO y UGT lograron una unidad sin precedentes para paralizar la producción en oposición al Plan de Empleo Juvenil y al rumbo económico que adoptó el gabinete del PSOE. La habitual guerra de cifras se libró en los medios de comunicación: mientras que los sindicatos estimaron un seguimiento superior al 90%, abarcando hasta ocho millones de trabajadores, el Gobierno intentó minimizar el impacto rebajando la cifra al 50%. No obstante, la huelga obtuvo resultados tangibles: forzó la retirada del Plan de Empleo Juvenil y abrió un proceso de negociación que condujo a mejoras en pensiones, salarios públicos y derechos de negociación colectiva. Sin embargo, el Gobierno no cedió en la ampliación de la cobertura por desempleo hasta el 48% ni aceptó de inmediato la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI, dos de las reivindicaciones centrales de los convocantes.

Fue la huelga general más masiva y con resultados más claros del periodo post-franquista, y supuso un triunfo parcial claro precisamente porque la clase trabajadora se articuló de forma efectiva para combinar el paro laboral, la movilización callejera y una demanda política concreta conquistable. Sin embargo, las políticas de contención salarial, las reformas laborales posteriores y la erosión de la protección por desempleo fueron recortando las conquistas sociales obtenidas mediante la lucha.

El caso vasco

Las huelgas generales tuvieron desde la Transición una dimensión especialmente radical en Euskal Herria, tanto por su contenido político como por las formas de lucha y la masividad de los seguimientos. La concentración industrial de Bizkaia y Gipuzkoa, la fuerza de los sindicatos de clase y el nuevo sindicalismo nacionalista vasco hicieron que el paro general se convirtiera en la palanca predilecta para marcar el rumbo político del país. El 27 de septiembre de 1976, en conmemoración de los últimos fusilados del franquismo, Hego Euskal Herria vivió una de las mayores jornadas de paro de su historia: El País cifró la participación en cerca de 600.000 personas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sobre una población asalariada industrial y de servicios inferior a 900.000. Días antes, el 14 de septiembre, unas 200.000 personas habían secundado otra huelga convocada por buena parte de la oposición tras el asesinato de Jesús María Zabala en Hondarribia (Gipuzkoa) a manos de la Guardia Civil durante una manifestación por la amnistía y la desaparición del dirigente de ETA-pm Eduardo Moreno Bergaretxe, “Pertur”. Las asambleas de fábrica y barrio jugaron un papel importantísimo a la hora de impulsar paros masivos contra la represión franquista y por las libertades políticas.

La huelga del 12 de noviembre de 1976, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (compuesta por CCOO, UGT y USO), tuvo también efectos reseñables. Aunque no logró impedir el curso político fijado por el Gobierno de Adolfo Suárez, contribuyó a romper los topes salariales y a consolidar la posición de los sindicatos en la negociación de la Transición. Pero el caso vasco evidenció pronto una profunda división sindical y política tras la crisis industrial y fabril de 1977 en Bizkaia: CCOO, UGT, PCE, PSOE y PNV se opusieron a una huelga general de protesta, mientras USO, CSUT, LAB, SU y ELA y CNT defendieron convocarla.

En noviembre de 1981, la huelga del metal dejó parado cerca del 80% del sector según los convocantes (cifra que la patronal rebajó al 50%), mientras organizaciones como LAB, Herri Batasuna, MC y LKI impulsaron movilizaciones propias contra la reconversión industrial, un episodio que muestran que la huelga general puede ser simultáneamente una reivindicación económica y una disputa por quién organiza y representa a la clase trabajadora.

A finales de los años ochenta y durante los noventa, esta combatividad se mantuvo en Euskal Herria, aunque con resultados desiguales. El 14-D de 1988 alcanzó en la Comunidad Autónoma Vasca una unidad excepcional entre CCOO, UGT y ELA, mientras que en 1992 ELA y LAB convocaron por primera vez una huelga general conjunta contra los recortes en las prestaciones por desempleo y la desindustrialización. En 1994, los sindicatos volvieron a movilizarse contra la reforma laboral del Gobierno de González, en un duro contexto de paro superior al 22%. Sin embargo, la experiencia vasca también demuestra que la masividad no equivale automáticamente a la victoria, puesto que las huelgas fueron capaces de paralizar la producción y expresar una amplia oposición social, pero no bastaron para impedir la reconversión industrial, las reformas laborales y la precariedad. Sin embargo, ha dejado un legado en la construcción de una cultura de conflicto colectivo capaz de aunar lo laboral, lo social y lo político.

Los límites de la ‘huelga defensiva’

La década de los noventa inauguró una era de huelgas de carácter defensivo que dejaron al descubierto los límites de aquel modelo de paro. El 28 de mayo de 1992 se convocó un paro de media jornada para protestar contra el drástico recorte de las prestaciones por desempleo. Poco después, el 27 de enero de 1994, una coalición formada por CCOO, UGT, USO, CGT y CIG organizó una huelga general completa contra la nueva reforma laboral de Felipe González. A pesar de una feroz batalla por el relato, con los sindicatos reclamando un 90% de participación y el Gobierno citando apenas un 30%, la reforma laboral siguió adelante sin grandes alteraciones. Este desenlace instauró la dura realidad para un movimiento obrero debilitado, donde una huelga podía ser masiva y, aun así, fracasar a la hora de detener una reforma legislativa regresiva si el gobierno mantenía la iniciativa política y el pulso de las calles no lograba traducirse en una correlación de fuerzas suficiente. Esta misma dinámica se repitió en el nuevo milenio bajo el Gobierno del PP de José María Aznar. El 20 de junio de 2002, CCOO y UGT convocaron un nuevo paro de 24 horas contra la reforma de la protección por desempleo y la Ley Básica de Empleo, con el objetivo de parar el endurecimiento de los requisitos para acceder a la prestación de paro. Medios como El País reportaron un seguimiento sindical del 84% frente al 17% gubernamental. Aunque el Ejecutivo mantuvo buena parte de su plan, aprobando lo que popularmente se conoció como el “decretazo”, la huelga dejó un poso político y puso en evidencia que la clase trabajadora se oponía a la precarización, lo que condujo a que algunos aspectos fueran modificados posteriormente.

Sin embargo, la gran crisis financiera internacional puso el terreno de lucha patas arriba, inaugurando la era de los recortes masivos. El 29 de septiembre de 2010 tuvo lugar la primera huelga general contra la reforma laboral y los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Los convocantes reclamaban un seguimiento del 70%, mientras que el Ejecutivo describió la adhesión como “desigual según sectores”. En este punto, la huelga fue más allá de la negociación colectiva y retomó su carácter de enfrentamiento directo contra el desmantelamiento del sector público, hasta que alcanzó su punto álgido en 2012, un año insólito con dos huelgas generales contra la administración de Mariano Rajoy (PP). La primera, el 29 de marzo, se opuso a una reforma laboral recién aprobada, mientras que la segunda, el 14 de noviembre, coincidió con una jornada europea de protesta contra los recortes y los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Para esta última fecha, CCOO y UGT aseguraron una participación del 77%, aunque el Gobierno la consideró “baja”. En realidad, resultaron ser movilizaciones amplísimas que, paradójicamente, no lograron frenar ni la reforma laboral ni el ciclo de recortes, lo que sirve hoy para ilustrar la cruda diferencia entre la capacidad de movilización y el poder efectivo para condicionar los procesos legislativos.

El giro hacia la movilización sectorial

Desde aquel turbulento 2012, no se ha vuelto a convocar otra huelga general estatal de 24 horas por parte de las centrales mayoritarias hasta el 11 de noviembre de 2026. La conflictividad, que no ha desaparecido, se ha descentralizado, desplazándose hacia huelgas sectoriales, territoriales y de empresas concretas. Las intensas luchas del sector del metal en la provincia de Cádiz (Andalucía), así como los paros prolongados en la logística, los cuidados, la limpieza industrial, la hostelería, la educación y la sanidad pública ilustran este paisaje de luchas en curso. La huelga general sigue siendo una herramienta posible, pero la organización desde la base por sectores ha recuperado un protagonismo evidente frente al modelo de una gran jornada unitaria con paro real en la producción que los sindicatos mayoritarios no parecen muy dispuestos a impulsar.

En el balance histórico arroja resultados dispares: por un lado, las huelgas generales han cosechado sus mayores victorias parciales cuando han logrado unir a la clase trabajadora y a los sindicatos en torno a un objetivo concreto y alcanzable, con la huelga general de 1988 como ejemplo. Por el contrario, los años 1994, 2002, 2010 y 2012 demuestran que eso también tiene sus límites y que el seguimiento masivo no basta por sí solo. Si el gobierno de turno y la patronal mantienen el pulso firme, llenar las calles en una cita puntual no garantiza detener una reforma estructural, porque, en última instancia, la huelga general funciona como un mecanismo para medir y construir una correlación de fuerzas favorable, no como un resorte que asegure automáticamente la victoria cuando se activa. Para el presente, la historia sugiere que el éxito pasa por combinar la herramienta de la huelga con una organización permanente, asambleas, conflictos sectoriales bien dirigidos y objetivos bien definidos.