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Acusan a CCOO y UGT de negociar un convenio de ‘riders’ para cobrar liberados y mantener salarios de miseria

El portal Laboro denuncia que los sindicatos mayoritarios estarían usando las denuncias contra las empresas de reparto como moneda de cambio para firmar un convenio que solo cumple la ley y no sube los salarios.

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Imagen de archivo de un rider de Uber Eats. Foto: vía CCOO.
Imagen de archivo de un rider de Uber Eats. Foto: vía CCOO.

El portal especializado en derecho laboral Laboro ha denunciado en la red social X el modus operandi que, según su investigación, estarían desplegando CCOO y UGT para firmar un nuevo convenio colectivo de ‘riders’ y repartidores. La cuenta sostiene que el objetivo de los dos sindicatos mayoritarios no sería mejorar las condiciones de los trabajadores, sino forzar a las empresas de reparto (Glovo, Just Eat, Uber Eats) a firmar un convenio que les reporte beneficios económicos y sindicales.

El punto de partida es la Ley Rider, aprobada en 2021, que obligó a las empresas a dar de alta en la Seguridad Social a los repartidores como trabajadores asalariados, tras años de sentencias y sanciones de la Inspección de Trabajo por mantener a estos trabajadores como falsos autónomos. Según Laboro, tras la entrada en vigor de la ley, CCOO y UGT iniciaron una campaña de denuncias contra estas empresas: “El típico perfil: empresas con mucho dinero y con muchos empleados muy pringaos que no se enteran y no van a hacer nada. Primer paso: freír a denuncias a las empresas”, señala el hilo.

En un comunicado publicado este martes, el sindicato defendía que el acuerdo alcanzado con Uber Eats afecta a más de 8.000 repartidores. Según CCOO, la plataforma reconoció la condición de trabajo por cuenta ajena a principios de año y, tras traspasar su división de reparto a la empresa Quinde Crew, se ha acordado que casi 4.300 personas se incorporen como trabajadoras de esta firma. Además, se ha constituido “una comisión de seguimiento por tres años y una comisión de diálogo permanente” en la que se integra la flota Closer Logistics (más de 4.000 personas). CCOO asegura que este espacio, que supone más del 70% de la actividad de Uber Eats, servirá para “analizar la evolución del empleo, el salario, la jornada, la gestión algorítmica y las elecciones sindicales”, y que se habrían acordado “subidas progresivas cuatrimestrales” para la plantilla de Closer Logistics. “Las empresas de reparto deben dejar de aplicar convenios fantasma, como el de mensajería de 2006 o convenios extraestatutarios que precarizan las condiciones”, reivindica el sindicato.

Sin embargo, Laboro vaticina que el resultado final de esa negociación se limitará a exigir el cumplimiento de la propia Ley Rider, sin mejoras salariales reales. Su predicción del futuro convenio, basada en otros acuerdos firmados por los mismos sindicatos en empresas con plantillas precarizadas, incluye: “categorías con salario mínimo para la gran mayoría de los trabajadores”; “un artículo que permita la acumulación del crédito horario sindical para que las empresas concedan liberados a CCOO y UGT”, e incluso que “los sindicatos gestionen quién puede liberarse”; y supuestas mejoras como “jornadas anuales inferiores o más días de descanso” que, al no reflejarse en nómina, las empresas podrían incumplir sin consecuencias. “Un salario mayor no lo dan porque no lo pueden incumplir, al quedar reflejado en nómina”, subraya. Una vez firmado el convenio, concluye el portal, “desaparecerán las denuncias de CCOO y UGT contra estas empresas”, citando como ejemplo que en la última DANA denunciaron negligencias de Uber Eats pero no a Mercadona, empresa que “hace años que les da lo suyo”.

La conclusión del hilo de Laboro es una acusación directa de corporativismo a los dos sindicatos mayoritarios, donde ambos amenazarían con denuncias si las empresas no firmaran un convenio a cambio de prebendas. “Pero si firmas y me das lo mío, te pongo salarios al mínimo para casi todos tus trabajadores”. Según las predicciones del especialista, es muy probable que el convenio sea de ámbito estatal para que “lo mamoneen en las federaciones estatales de servicios”, ya que de lo contrario se aplicarían los convenios provinciales de transporte y “no habría negocio” para CCOO y UGT.