CCOO firma rebajas salariales en grandes cadenas como Zara o Primark

El blog Laboro, especializado en análisis crítico de la negociación colectiva y relaciones laborales en el Estado español, denuncí recientemente el nuevo convenio colectivo estatal para las grandes cadenas del comercio textil y del calzado, firmado por la federación de servicios de CCOO y la patronal FETICO, y publicado en el BOE. El texto, que podría afectar a unas 200.000 personas empleadas en empresas como Primark, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties, Mango y H&M, entre otras, establece unos salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026, fijado en 17.094 euros anuales. De acuerdo con Laboro, los mozos de tienda y personal de limpieza percibirán 18.000 euros anuales en 15 pagas (apenas 1.200 euros mensuales), mientras que los dependientes y administrativos cobrarán 18.200 euros anuales en su primer año y medio, y 19.200 euros a partir de entonces, sin plus de antigüedad. El blog califica el acuerdo como “un mal convenio” cuya “verdadera intención es bajar los sueldos de las plantillas en conjunto y cargarse los convenios provinciales, sobre todo los que pudieran ser mejores”.

El nuevo marco laboral, que los sindicatos firmantes presentaron como un paso hacia la “unificación de condiciones para el sector”, parece ser que cumple este objetivo, pero por debajo: rebaja los salarios de las plantillas y elimina los convenios provinciales y autonómicos que, en muchos casos, ofrecían mejores condiciones. El convenio permite un periodo de prueba de dos meses para dependientes y administrativos, lo que facilita el despido gratuito durante ese tiempo sin indemnización ni preaviso. Laboro señala que “esos dos meses no hacen falta para probarla, sino para poderla echar gratis y sin causa hasta que pasen”. Además, elimina los complementos por baja médica, incluso en casos de “accidente laboral” o enfermedad profesional, y no reconoce la jubilación parcial como un derecho, sino solo como una solicitud que la empresa puede denegar. En materia de conciliación familiar, el convenio establece que la concreción horaria debe ajustarse a los turnos rotativos, lo que dificulta que los trabajadores puedan adaptar su jornada a las necesidades de cuidado de sus hijos, y limita la compensación por teletrabajo a 2 euros diarios, una cantidad que el blog califica de “irrisoria”.

El fraude de ley denunciado por Laboro reside en la invención de un nuevo “sector” para eludir la prioridad de los convenios provinciales. El portal denuncia que ámbito funcional se ha construido artificialmente para incluir solo a las grandes cadenas —aquellas con más de 400 trabajadores, determinadas superficies comerciales o presencia en al menos tres comunidades autónomas—, de tal forma que el nuevo convenio estatal tenga prioridad sobre los acuerdos territoriales que pudieran ser más favorables para la clase obrera. De hecho, el propio texto del convenio incluye un compromiso explícito de las partes firmantes de “no promover ni firmar nuevos convenios provinciales o autonómicos que incluyan a estas empresas”, lo que evidencia el propósito de reducir las regulaciones locales. Laboro recuerda que esta maniobra, que repite el mismo esquema utilizado en otros “sectores inventados” como el de grandes almacenes, ha permitido a las empresas multimillonarias del textil disponer de un marco laboral a su antojo. El blog advierte además de que “el siguiente negocio que tienen pensado desde hace tiempo es inventarse un convenio para los riders y repartidores”.

Firmas de convenios a cambio de liberados sindicales y denuncia de UGT

La federación de servicios de CCOO, que ha firmado el convenio, ha sido el blanco de las críticas más duras. Laboro señala que el sindicato ha actuado de forma “servicial” con la patronal a cambio de liberados sindicales, cuyos salarios y cotizaciones pagarán las empresas, lo que supone un conflicto de intereses evidente: “A la federación de servicios de CCOO le van a pagar por haber firmado este convenio”. El acuerdo ha levantado críticas incluso por parte de UGT, que se ha opuesto al convenio y ha convocado movilizaciones y una huelga estatal, donde se espera que impugne judicialmente el texto. Los 200.000 trabajadores afectados ven ahora cómo sus condiciones laborales, conquistadas durante años en convenios provinciales, quedan reducidas a un convenio que los firmantes, con su habitual vocabulario triunfalista, han calificado de “histórico” pero que, en la práctica, condena a la mayoría de la plantilla a salarios de subsistencia, a la precarización del empleo y a la pérdida de derechos fundamentales de conciliación y estabilidad, mientras las grandes empresas del sector se embolsan los ahorros.

Un Real Decreto con letra pequeña y convenios colectivos de CCOO y UGT por debajo del SMI

La dinámica de la negociación colectiva en el Estado español muestra un patrón recurrente: los sindicatos mayoritarios, que se sitúan a la cola europea en convocatorias de huelgas generales, firman acuerdos que contradicen sus propias denuncias públicas. A principios de 2026, el propio blog Laboro denunció que el real decreto del SMI —que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz presentó como una “subida histórica”— mantenía intacta la redacción del artículo 3 que permite a las empresas no pagar los complementos del convenio (pluses de nocturnidad, toxicidad o antigüedad) siempre que la suma del salario base y dichos complementos supere la cuantía anual del SMI. Una sentencia del Tribunal Supremo de años anteriores avaló esta interpretación que favorece a la patronal, por lo que la subida del mínimo legal no se traduce en un incremento efectivo de las nóminas para millones de trabajadores.

Mientras tanto, CCOO y UGT, que han firmado convenios en los que eliminan los complementos integrándolos en el salario base o directamente introducen cláusulas que blindan la estructura salarial actual, han allanado la pista para que esta situación se mantenga, según Laboro, mientras el propio sindicato CCOO denunciaba en febrero de 2026 que los márgenes empresariales alcanzaron un récord histórico del 13% de rentabilidad y que la productividad creció el doble que los salarios. Meses antes, en septiembre de 2025, ambos sindicatos habían firmado con Mercadona un convenio que mantenía la jornada de 40 horas semanales para sus más de 100.000 trabajadores, con la reducción a 37,5 horas supeditada a que el Congreso aprobara la normativa estatal, mientras en paralelo “presionaban” públicamente por esa misma reducción. La disonancia entre el activismo sindical frente a las Cortes y la práctica concreta en la mesa de negociación —donde CCOO y UGT no dudan en estrechar la mano con la patronal para mantener la jornada tradicional— evidencia una contradicción que se repite en todos los grandes acuerdos: los trabajadores ven cómo sus derechos, conquistados durante años, se diluyen en convenios que los sindicatos mayoritarios firman con la patronal, mientras las empresas se embolsan los ahorros y el Estado anuncia “cambios futuros” de incierta viabilidad parlamentaria.

“Sindicatos comprados” y delegados elegidos “a dedo” por Mercadona

Pero eso no es todo: la connivencia sindical con la empresa no se limita a la negociación de convenios. En marzo de 2025, varios empleados y extrabajadores de Mercadona denunciaron públicamente la falta de actuación de CCOO y UGT ante situaciones de acoso laboral y represalias, según testimonios recogidos por el portal Infobae. Uno de los casos expuestos fue el de una trabajadora que, tras solicitar una baja médica por ansiedad, vio reducido su salario en un 25%; al buscar apoyo en CCOO, recibió la recomendación de “no tomar acciones legales”, pese a la existencia de sentencias favorables en casos similares. Otros empleados afirmaron que en su provincia “ni CCOO ni UGT han solicitado inspecciones laborales en años”. Un exdelegado sindical llegó a asegurar que “los sindicatos están comprados” y que los delegados de CCOO y UGT en Mercadona “son seleccionados por la empresa”, según una conversación grabada por Infobae. Los testimonios apuntan a una práctica sistemática de desmovilización y abandono de la defensa de los intereses de los trabajadores a cambio de contraprestaciones corporativistas.

Subvenciones millonarias

Las rebajas en las condiciones laborales se producen mientras los sindicatos mayoritarios se embolsan cuantiosas cantidades de dinero público en subvenciones. Según un análisis del portal Laboro publicado el 3 de julio de 2026, UGT percibió un total de 313 subvenciones procedentes de fondos públicos durante el año 2025, cuya suma ascendió a 53,4 millones de euros, una cifra que contrasta con los 6,1 millones que la dirección confederal del sindicato declaró oficialmente. Esta diferencia se explica porque la dirección sindical solo contabilizó la transferencia directa del Ministerio de Trabajo, mientras que el estudio incluye las partidas otorgadas a una red de 31 entidades sectoriales y territoriales asociadas, como federaciones, uniones, fundaciones, asociaciones e incluso una empresa privada vinculada al sindicato.

El reparto geográfico de estas subvenciones revela una extraña “magnanimidad” institucional: la Comunidad de Madrid concedió más de 5 millones de euros a UGT, y las comunidades autónomas gobernadas con la participación de Vox —Castilla y León (5,8 millones), País Valencià (2,6 millones), Aragón (2 millones) y Murcia (medio millón)— mantuvieron también partidas significativas para el sindicato. Todo ello mientras UGT, al igual que CCOO, firma convenios con salarios globales inferiores al SMI, mantiene demoras prolongadas en la renovación de marcos normativos sectoriales, configura convenios específicos orientados a la contención salarial y se sitúa entre los sindicatos europeos que menos huelgas generales convoca. Así, el sindicato que recibe 53 millones de euros anuales de los contribuyentes para “defender a los trabajadores” es el mismo que firma con la patronal convenios que precarizan sus condiciones laborales y que acuerda subvenciones con los gobiernos regionales de PP y Vox mientras es señalado por algunos empleados en casos de acoso y represalias.