Los trabajadores del níquel en Indonesia exigen reformas tras 107 muertes laborales en una década

Los trabajadores de las plantas de níquel de Indonesia, especialmente en el parque industrial de Morowali (IMIP), exigen reformas laborales y de seguridad en los puestos de trabajo tras acumular 107 muertes y 240 lesiones entre 2015 y 2025, según el informe de Earthworks que recoge los datos del sector. Cuarenta de esas muertes ocurrieron en IMIP, un complejo de 4.000 hectáreas en la isla de Sulawesi que emplea a más de 98.000 personas y es el mayor parque industrial de níquel de Asia. Indonesia produce el 60% del suministro mundial de níquel, mineral importante para baterías de vehículos eléctricos, acero inoxidable y electrónica. La federación sindical FSPIM, que organiza a trabajadores en tres provincias, denuncia prácticas antisindicales, jornadas de hasta 60 horas semanales y riesgos de desastre en las balsas de residuos tóxicos. Richard Labiro, director de la organización Yayasan Tanah Merdeka, afirma: “En Indonesia, ahora mismo, estas instalaciones de relaves son un desastre por diseño. Los riesgos que crea la enorme y creciente cantidad de residuos tóxicos los soportan los trabajadores, las comunidades locales y el medio ambiente”.

Las muertes se concentran en parte en las instalaciones de lixiviación ácida a alta presión (HPAL), donde las empresas almacenan residuos tóxicos del procesamiento del níquel. En 2026, un trabajador de IMIP perdió la vida cuando un deslizamiento de una balsa de colas sepultó la excavadora que operaba. En marzo de 2025, otra falla de una balsa en el mismo parque mató a tres mineros. Los investigadores vinculan la alta siniestralidad con las jornadas extenuantes de 12 horas seguidas durante dos turnos, que pueden llegar a sumar 60 horas semanales. La Organización Mundial de la Salud considera que trabajar largas jornadas es “un grave peligro para la salud” y “la mayor carga de enfermedad ocupacional”. Los trabajadores también denuncian problemas respiratorios y efectos sobre la salud por el calor, el ruido y la exposición química.

Estudios recientes han detectado niveles de partículas finas (PM) que superan hasta diez veces los límites de la OMS en los picos de contaminación. Los trabajadores migrantes chinos, una parte importante de la fuerza de trabajo, enfrentan restricciones de movimiento y confiscación de pasaportes, según Mongabay. Las denuncias de abusos laborales y ambientales vinculados a inversiones chinas en minerales de transición ascendieron a 96 entre 2023 y 2025, de las cuales 90 involucraban níquel.

El conflicto laboral estalló el pasado 31 de octubre, cuando los trabajadores ocuparon las oficinas de PT IMIP para protestar por un nuevo contrato laboral que consideran negociado de mala fe. Denuncian que la empresa alteró el borrador final, eliminando acuerdos alcanzados en las negociaciones. Los trabajadores realizaron más protestas en oficinas gubernamentales del 3 al 7 de noviembre, exigiendo que las negociaciones se reinicien de forma abierta y transparente. La federación FSPIM plantea cuatro demandas: un salario que aumente con la inflación; mejorar la seguridad y salud ocupacional con el objetivo de cero siniestros o muertes; implementar políticas estrictas para proteger a las trabajadoras de acoso y violencia sexual, y simplificar el acceso a permisos de menstruación y maternidad; y respetar el derecho de sindicalización y acabar con las tácticas antisindicales, como hostigamiento, represalias y despidos.

Earthworks y 168 organizaciones y sindicatos han redactado una declaración conjunta sobre minería y transición energética que exige priorizar los derechos de comunidades nativas y trabajadores. La declaración pide reducir la demanda de metales primarios mediante reutilización, reciclaje y diseño para desmontaje. Sostiene que una transición energética justa “no puede seguir los mismos patrones extractivistas que causaron la crisis climática”. Earthworks y ONG locales piden una moratoria sobre nuevas balsas de colas y sobre que se hayan añadido más residuos a las existentes, hasta que se establezcan directrices de seguridad mejoradas, y exigen inspecciones independientes de todas las balsas antes de reabrir. Los beneficios del auge del níquel, señala el informe, han quedado concentrados entre políticos indonesios e inversores extranjeros, especialmente de China y Corea.