Bélgica se levanta contra los recortes del Gobierno de De Wever y los sindicatos amenazan con la huelga general

Bélgica afronta una de sus mayores olas de movilización social en los últimos años. El Gobierno federal liderado por Bart De Wever (N-VA) y su coalición de derechas “Arizona” (que integra a liberales, democristianos y nacionalistas flamencos) busca aplicar un recorte presupuestario de unos 10.000 millones de euros hasta 2029 para reducir un déficit que ronda el 5,2% del PIB y una deuda pública que ya supera el 108%. Para lograrlo, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa medidas que atacan directamente las condiciones de vida de la clase trabajadora: la revisión de la indexación automática de los salarios, el aumento del IVA, la anualización del tiempo de trabajo y recortes en sanidad y pensiones. Las negociaciones presupuestarias, sin embargo, permanecen bloqueadas, y el propio De Wever ha tenido que cancelar el discurso del Estado de la Unión ante la falta de acuerdo interno.

La respuesta dela clase trabajadora ha sido contundente. Los dos grandes sindicatos del país, la FGTB/ABVV (aliado del Partido Socialista) y la CSC/ACV (cristiano), convocaron una jornada de huelga nacional el pasado 9 de octubre que reunió a entre 30.000 y 50.000 personas en Bruselas, bajo el lema “Pas dans nos poches” (“Las manos fuera de nuestros bolsillos”). Las centrales sindicales han establecido líneas rojas claras: no aceptarán cambios en la indexación automática de los salarios, ni subidas del IVA, ni la anualización del tiempo de trabajo. Si el Gobierno cruza esas líneas, han anunciado una huelga general a partir de la semana del 23 de noviembre. Los sindicatos no solo se oponen a los recortes, sino que han presentado una alternativa fiscal: gravantar las grandes fortunas, el capital y los beneficios empresariales, lo que permitiría recaudar hasta 21.000 millones de euros sin tocar el Estado del bienestar.

Las manifestaciones, que ya han generado algunos episodios de combatividad, han sido utilizadas por el Gobierno para justificar una fuerte represión policial. El 9 de octubre, decenas de personas fueron detenidas en Bruselas, la mayoría menores de edad, como se está apreciando en los disturbios de Francia e Italia. La Policía empleó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, mientras se cancelaban más de 100 vuelos y se paralizaba el transporte público. El 17 de octubre, las protestas estudiantiles contra el aumento de las tasas educativas y la falta de recursos en la comunidad francófona (históricamente más empobrecida que la flamenca) se saldaron con cerca de 150 detenciones en Bruselas y 45 en Lieja. El ministro del Interior, Bernard Quintin (MR), declaró que “lo que ocurre en Bruselas ya no es una simple protesta” y prometió usar “todos los medios necesarios para restablecer el orden”, criminalizando a los grupos de “casseurs” (encapuchados, a menudo jóvenes) para deslegitimar un movimiento social de fondo que exige una redistribución de la riqueza.

La lucha obrera en Bélgica es otra cara de una crisis económica europea más amplia. Las protestas contra el coste de la vida y los recortes se extienden por Francia, Italia, Albania, España, Portugal, Grecia y otros países, mientras los gobiernos aplican políticas de austeridad para contentar a los inversores y a las normas fiscales de la dictadas por la Unión Europea. En Bélgica, el Gobierno de De Wever exige “medidas dolorosas” para “evitar una espiral de deuda”, pero espera que paguen los de siempre. Los trabajadores y los estudiantes responden que no van a pagar una crisis que no han causado. La amenaza de la huelga general y la extensión de las movilizaciones estudiantiles intensifican las perspectivas de lucha en Europa.