Desde la pandemia, empresas privadas se han embolsado más de un millón de euros ante la falta crónica de sanitarios, en lo que informes señalan como una práctica ilegal.
CSIF, CCOO y UGT lo ven "insuficiente" y reclaman que se autorice a los funcionarios utilizar material antidisturbios. 2024 registró un total de 312 quejas por malos tratos físicos o psicológicos en prisiones catalanas, un 38% más que en 2022.
Mohamed Choulli murió un año después en un incendio en Puig de las Basses, tras denunciar agresiones y tráfico de móviles por parte de los funcionarios.
La Campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario afirma que los datos oficiales desmienten el supuesto "aumento de agresiones en las cárceles".
