El Estado español ha procedido a la puesta en libertad de la presa política comunista de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) gravemente enferma María José Baños Andújar, quien finalmente abandonó el centro penitenciario de Murcia II tras el bloqueo de la excarcelación impuesto por la Audiencia Nacional española y la previa concesión de libertad. Sin embargo, la liberación de Baños no ha sido ningún gesto de generosidad por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, sino un logro político de una campaña de presión llevada a cabo por decenas de colectivos solidarios y demás presos políticos. Días antes, el 26 de abril, agotaba su condena íntegra y abandonaba la prisión de Villabona (Asturies) otro preso político comunista: Lucio García Blanco, militante del PCE(r) de 75 años enfermo de Alzheimer.

Según informan el portal presos.org y la revista El Otro País, ambos militantes han salido de prisión tras años de reclusión marcados por una política penitenciaria de excepción. Las instituciones del Estado se negaron sistemáticamente a conceder beneficios o la libertad anticipada, a pesar del grave estado de salud de los afectados, bajo el argumento de que "no habían mostrado arrepentimiento ideológico" ni abandonado sus convicciones políticas contra el capitalismo.

El caso de María José Baños Andújar destaca por la extrema gravedad de su situación médica. Según las fuentes citadas, Baños presenta un "cuadro médico devastador y en inminente riesgo de muerte". A pesar de padecer una enfermedad grave e incurable, las autoridades españolas mantuvieron su encarcelamiento basándose en esta ausencia de abandono de sus ideas. Esta situación motivó que más de 40 juristas de diversos países denunciaran una "vulneración flagrante de la libertad ideológica", señalando que el Estado español ha violado artículos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de tortura y tratos inhumanos.

La persistencia de la medida punitiva generó una campaña de resistencia dentro de las cárceles. Militantes presos como Victoria Gómez, Juan García, Israel Torralba, Nacho Varela, Daniel Pastor, Patxi Ruiz, Israel Clemente, el rapero Pablo Hasel, Fernando García Jodrá y Andoni Goikoetxea Gabirondo realizaron ayunos de hambre en solidaridad con Baños. Asimismo, el preso Marcos Martín Ponce mantuvo una huelga de hambre indefinida con el único objetivo de que la administración penitenciaria trasladara a la militante al hospital en ambulancia, dada la "negligencia médica deliberada". Además, una red de 20 organizaciones galegas emprendió una campaña de solidaridad bajo el lema Liberdade xa!, y más de 50 artistas y personalidades de la cultura también apoyaron las reivindicaciones por la libertad de Baños.

"Nada estructural cambia con un gobierno u otro"

Este episodio de represión se enmarca, según el análisis de Roberto Carrasco, en una estructura estatal donde "nada estructural cambia con un gobierno u otro" debido al control que ejercen "fondos de inversión, financieras, grandes empresarios y militares". El artículo subraya la contradicción de un sistema que mantiene en prisión a quienes denuncian la corrupción de la monarquía, como es el caso de Pablo Hasel —preso desde 2021 y recientemente denunciado por 200 catedráticos internacionales—, mientras facilita la impunidad y el retorno del rey emérito, a pesar de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto.

La salida de prisión de Lucio y Marijo cierra dos larguísimas trayectorias de encarcelamiento selectivo y condicionado. El entorno de apoyo jurídico, político y social de los presos denuncia que la gestión de estas condenas demuestra que el aparato judicial y represivo del Estado español se ceba con los militantes que no se someten a los marcos del reformismo, utilizando el arrepentimiento no como una figura jurídica, sino como "un mecanismo de chantaje político y castigo físico" contra quienes cuestionan los pilares del orden establecido.