Cerca de 200 catedráticos procedentes de más de un centenar de universidades internacionales han remitido sendas cartas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para exigir la libertad del rapero comunista catalán Pablo Hasel. La iniciativa, coordinada por los catedráticos eméritos Dominic Keown y Henry Ettinghausen —de las universidades de Cambridge y Southampton, respectivamente—, califica la situación del artista como un abuso de los derechos humanos. El músico cumplió el pasado 15 de febrero cinco años en prisión y todavía enfrenta una condena adicional de 14 meses.

El corpus de firmantes, entre los que figuran nombres como el cantautor Lluís Llach o la expresidenta del Parlament Laura Borràs, señala que el motivo principal del encarcelamiento reside en la "supuesta calumnia, en tuits y canciones, contra la Corona y las instituciones del Estado". Los académicos fundamentan su exigencia en los criterios de las Naciones Unidas, organismo que ha afirmado que este tipo de delitos penales contra la libertad de opinión "no tienen cabida en un sistema democrático". La misiva cuenta además con el respaldo de organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Pen Club Català y la Comissió de la Dignitat.

El texto enviado a las autoridades y recogido por las agencias internacionales subraya que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y diversos expertos legales han denunciado el caso de Hasel como una "clara negación de la libertad de expresión". Los firmantes instan a Sánchez e Illa a "reflexionar sobre la vergonzosa anormalidad democrática" que representa mantener a un artista en prisión por su actividad comunicativa y política. El rapero fue ingresado inicialmente tras una condena de la Audiencia Nacional española por lo que las autoridades denominan como "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias a la Corona", derivada de mensajes donde denunciaba abusos institucionales y ensalzaba a figuras de organizaciones armadas.

La trayectoria judicial de Hasel incluye múltiples sentencias dictadas por el aparato jurídico español. En 2015, el Tribunal Supremo ya lo condenó a dos años por difundir canciones en su canal de YouTube, y en 2018 la Audiencia Nacional le impuso otros dos años con la agravante de reincidencia. A estas penas se sumaron posteriormente otras condenas por incidentes derivados de su actividad militante. No obstante, los catedráticos recalcan que el núcleo de su presidio responde a una persecución de la disidencia política expresada a través de la música y las redes sociales.

Lucha y actividad literaria desde prisión

Desde su reclusión en el centro de Lledoners, el militante comunista ha intensificado su actividad literaria ante la prohibición institucional de grabar canciones. Bajo su nombre de pila Pablo Rivadulla Duro, ha autoeditado los poemarios Prova de Vida y El arte de resistir, cuyos beneficios se destinan íntegramente a financiar la lucha antirrepresiva. A pesar de la dureza del castigo, Hasel mantiene su negativa a pagar las multas para adelantar su salida y reitera en su postura de no arrepentimiento, recordando que es un preso político y que su situación responde a su voluntad consecuente de derrocar el orden capitalista.