El Congreso rechaza la prórroga de alquileres
PP, Vox y Junts derogan el decreto que limitaba la subida de rentas al 2 %, dejando a miles de familias en un limbo legal; el Gobierno de coalición se limita a señalar a la derecha sin ofrecer soluciones.
El mercado inmobiliario en el Estado español ha entrado en una fase de caos normativo tras el rechazo del Congreso de los Diputados, el pasado 28 de abril de 2026, al Real Decreto-ley 8/2026. Esta medida temporal, presentada por el Gobierno de PSOE y Sumar como "un escudo" para la clase trabajadora, permitía a los inquilinos prorrogar sus contratos hasta dos años con una actualización de renta limitada al 2%. Sin embargo, la alianza de PP, Vox y Junts ha provocado que la norma decaiga de forma inmediata, invalidando una herramienta que apenas suponía un alivio temporal frente al saqueo sistemático de los salarios por vía del alquiler.
La caída del decreto genera una inseguridad jurídica crítica para miles de familias que, durante los casi 40 días que la norma estuvo vigente, enviaron sus solicitudes de prórroga vía burofax. Según informan medios como El País, la situación deriva ahora en una previsible ola de litigios donde los propietarios —incluyendo grandes tenedores y fondos de inversión— buscarán ejecutar desahucios o imponer subidas de renta desorbitadas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que estos casos quedan en un "limbo legal", una confesión que evidencia la incapacidad del propio aparato institucional para garantizar el acceso a la vivienda frente a la ofensiva del capital inmobiliario y rentista.
Lejos de abordar la vivienda como un derecho universal, la respuesta del Gobierno y bloque de investidura se ha centrado en el espectáculo parlamentario y los reproches cruzados. Mientras el PSOE culpa a la derecha de tirar abajo la moratoria, el Ejecutivo ha abrazado políticas de colaboración público-privada que, en la práctica, suponen la transferencia de recursos públicos al sector privado a través de beneficios fiscales para los rentistas. Este enfoque no solo ha resultado insuficiente, sino que ha servido para amortiguar el enfado social redirigiéndolo exclusivamente contra el "mal mayor" de la derecha, evitando cuestionar la estructura general que permite la especulación impune con bienes básicos.
La desprotección de las familias es especialmente sangrante en un contexto donde el problema de la vivienda encabeza todas las encuestas de preocupación social, incluso por encima de los pánicos morales sobre "la inmigración" o "la seguridad". El movimiento de vivienda ha denunciado que las medidas de contención propuestas por el "Gobierno más progresista de la historia" apenas actúan ya como un "retroceso más lento" en las condiciones económicas del proletariado. La caída de este decreto se suma al reciente fin de la moratoria de desahucios, dejando a unas 60.000 familias más sin mecanismos efectivos de defensa frente a la expulsión de sus hogares por encarecimiento.
En el ámbito regional, el seguidismo de formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya y EHBildu a las políticas estatales de vivienda muestra la falta de una alternativa institucional que rompa con la lógica del beneficio empresarial. En lugar de articular una lucha por una vivienda gratuita y de calidad, la agenda parlamentaria se ha centrado en parches temporales y en la protección exclusiva de las clases medias, como admitía el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, al proponer eliminar criterios de habitabilidad en lonjas. El resultado final del naufragio de este decreto es el retorno al escenario de máxima vulnerabilidad para quienes viven en alquiler y la intensificación del negocio para quienes viven del alquiler, supeditando las condiciones básicas de existencia de miles de personas a la volatilidad de la aritmética del Congreso y sus juegos de pactos.
