El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denuncia violencia policial y maltrato en las cárceles españolas
El organismo advierte de un “nivel de violencia policial alarmante”, agresiones en zonas sin videovigilancia, deficiencias en salud mental y más de un centenar de vacantes médicas.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha hecho público un informe elaborado a partir de sus visitas de inspección realizadas a centros de detención del Estado español entre los años 2025 y 2026. En el documento, el organismo internacional denuncia la persistencia de un “uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales” durante las detenciones y custodia, así como episodios de malos tratos físicos en prisiones que han alcanzado “un nivel de violencia alarmante”. Las inspecciones abarcaron dependencias policiales y penitenciarias situadas en las comunidades de Madrid y Andalucía, además del centro de internamiento de menores Vicente Marcelo Nessi, ubicado en Badajoz. A lo largo del informe, el CPT recopila múltiples testimonios corroborados por marcas físicas y partes sanitarios que documentan agresiones y golpes.
En el ámbito de la custodia policial, la investigación recoge denuncias sobre detenidos que sufrieron bofetadas, puñetazos, patadas por parte de múltiples agentes en los calabozos y agresiones con porras en la cabeza o las costillas durante su arresto o traslado. El organismo señala también deficiencias estructurales continuadas en las instalaciones madrileñas de Leganitos, Tetuán y en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla, destacando la falta de luz natural, los problemas graves de ventilación y la ausencia de timbres de llamada en los calabozos. La delegación europea advirtió con preocupación que tres internos del centro sevillano que alegaron haber sufrido agresiones por parte de funcionarios fueron trasladados de manera repentina a otros penales coincidiendo exactamente con el inicio de la visita del CPT.
La situación resulta especialmente crítica en los centros penitenciarios andaluces de Algeciras, Huelva y Puerto III, donde el informe identifica “un patrón recurrente de malos tratos ejercidos por funcionarios en zonas carentes de cobertura por cámaras de videovigilancia”. Entre los casos documentados figura la reducción con puñetazos y patadas a un interno en silla de ruedas con esclerosis múltiple en Algeciras, agresiones a porrazos contra una reclusa en estado de agitación y severas golpizas a prisioneros inmovilizados en Puerto III, donde se constataron impactos con porras en la planta de los pies, la cabeza y el torso. En la cárcel de Huelva, el personal médico del CPT certificó agresiones a internos esposados, incluyendo golpes con detectores metálicos de objetos y el impacto repetido de la cabeza de un preso contra la pared.
A este panorama de violencia se suma una deficiencia estructural en la asistencia sanitaria en los penales españoles, marcada por la existencia de más de un centenar de vacantes médicas a nivel estatal que provocan demoras de meses en la atención. El CPT constató además que los exámenes médicos obligatorios tras un incidente violento se realizan frecuentemente a través de rejas y con la presencia de los propios guardias implicados, lo que invalida la confidencialidad médica. En el área de la salud mental, la escasez de especialistas provoca que entre el 50% y el 60% de la población reclusa se encuentre medicada con psicofármacos sin la debida revisión periódica, con cifras concretas del 46% en Puerto III, el 55% en Huelva y el 55% en Madrid VII. Como muestra de la sobrecarga, en Puerto III un único psiquiatra tenía asignadas 87 consultas en una sola mañana, una carencia que aboca a muchas familias a pagar especialistas privados para que atiendan a sus allegados en prisión, además de detectarse prescripciones prolongadas de fármacos adictivos o combinaciones no justificadas por diagnósticos neurológicos.
Las irregularidades se extienden al centro de menores Vicente Marcelo Nessi de Badajoz, donde el CPT acreditó un “ambiente marcadamente carcelario”, el uso de celdas de aislamiento en sótanos sin inodoros ni timbres y el empleo de fuerza excesiva por parte del personal de seguridad privada. El informe destaca el uso de porras de goma contra menores y la fijación de estos a las camas por las extremidades, una práctica prohibida por la normativa vigente para menores de edad.
