Supremo de EE.UU. evalúa legalizar "terapias de reconversión" en menores
Fundamentalistas religiosos defienden que la actual prohibición en más de 20 estados "atenta contra su libertad religiosa y de expresión"; la OMS recuerda que es una forma de tortura.
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia oral para decidir si la Ley de Terapias de Conversión para Menores (MCTL) de Colorado, aprobada en 2019, "viola la libertad de expresión" que garantiza la Primera Enmienda, según recoge el New York Times. Esta ley prohíbe a los profesionales de la salud mental realizar las llamadas "terapias de reconversión" en menores, prácticas destinadas a "cambiar la orientación sexual o identidad de género", las cuales han sido muy criticadas por causar daños emocionales graves, como depresión y un aumento en el riesgo de suicidio. La demandante, Kaley Chiles, una terapeuta fundamentalista cristiana de Colorado Springs, afirma que la ley "limita su derecho a ofrecer asesoramiento basado en valores religiosos".
James Campbell, abogado de Chiles y representante de Alliance Defending Freedom (ADF), sostuvo que la MCTL "discrimina diferentes puntos de vista al impedir terapias de diálogo" que "exploran la identidad y la orientación desde una perspectiva cristiana", mientras que permite enfoques que "afirman la identidad de género". Citando casos anteriores, Campbell argumentó que la ley "silencia la expresión de los terapeutas licenciados".
El fiscal interino de Colorado, Shannon Stevenson, defendió la ley, diciendo que "no hay evidencia científica que apoye las terapias de conversión después de un siglo de intentos fallidos". La Asociación Americana de Psicología (APA) y la Asociación Médica Americana (AMA) coinciden en que estas prácticas causan daños importantes, incluyendo vergüenza, aislamiento familiar y trastornos mentales en los menores. Stevenson explicó que la ley exime a religiosos que no están licenciados, pero regula a los profesionales de la salud para proteger a los jóvenes. Organizaciones como ILGA World y la Organización Mundial de la Salud califican estas terapias como ineficaces y como una forma de abuso infantil y tortura.
La decisión del Supremo, que se espera para junio de 2026, podría invalidar la ley de Colorado y afectar leyes similares en más de 20 estados, como California y Nueva York, que ya limitan estas prácticas nocivas desde 2012.
