El Reino Unido aprueba la prohibición del tabaco para los nacidos tras 2009
Impone una restricción parcial permanente de derechos civiles a un segmento de edad, quebrando el principio de igualdad jurídica al vetarles el acceso a productos legales para el resto de adultos, creando una ciudadanía con menos derechos.
La aprobación del Tobacco and Vapes Bill por el Parlamento británico ha formalizado una ruptura inédita en el ordenamiento jurídico: la creación de una minoría de edad parcial y permanente basada exclusivamente en la fecha de nacimiento. Al establecer que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 nunca podrá adquirir legalmente tabaco, el Estado británico instaura una distinción de derechos civiles dentro de la población adulta. Esta medida implica que, a medida que avance la década de 2030, existirán ciudadanos con plenitud de obligaciones —como el pago de impuestos o la responsabilidad penal— pero con menos derechos de acceso a productos que otros adultos, nacidos unos meses o años antes, sí poseen.
La normativa, que ha contado con el respaldo del Gobierno laborista tras ser iniciada por la anterior administración conservadora, supone una anomalía en el ordenamiento jurídico moderno que afectará a las cuatro naciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Mientras que a los 18 años el sistema reconoce a los individuos la plena responsabilidad penal, el derecho al voto y la capacidad para integrarse en el ejército, esta ley les declara incapaces de decidir sobre el consumo de tabaco. Esta minoría de edad parcial no expira con el tiempo, convirtiendo un rasgo biológico accidental —el año de nacimiento— en un criterio de exclusión jurídica que acompañará al sujeto durante toda su vida adulta.
Esta asimetría legal rompe claramente con el concepto de mayoría de edad como un umbral uniforme de autonomía individual. El Gobierno laborista de Wes Streeting ha optado por una medida de control social sobre el principio de igualdad jurídica ante la ley. La normativa no prohíbe el producto por su peligrosidad intrínseca para toda la población, lo cual sería una decisión de salud pública general, sino que segmenta a la sociedad.
El argumento oficialista, defendido por la baronesa Gillian Merron del Departamento de Salud y Seguridad Social (DHSC), califica la ley como "la mayor intervención de salud pública en una generación". Sin embargo, el texto aprobado también expande el control estatal sobre el espacio público, prohibiendo el tabaco en parques infantiles y cercanías de escuelas u hospitales, e igualando las restricciones del vapeo a las del tabaco en interiores. El Reino Unido se convierte así en el segundo país del mundo, tras las Maldivas, en aplicar un veto generacional de este tipo, después de que Nueva Zelanda derogara una ley similar tras un cambio de gobierno en 2023.
El texto definitivo, que ya solo espera el trámite formal de la sanción real de Carlos III tras superar su último trámite parlamentario este lunes, entrará en vigor de forma progresiva el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el Reino Unido legalizará una ciudadanía de dos velocidades, donde el acceso a un bien de consumo determinado no dependerá de la madurez o la responsabilidad individual, sino de un calendario legislativo que condena a una parte de la población a una tutela institucional permanente y discriminatoria. De hecho, esto supone además una forma de paternalismo institucional que asume que una parte de la población y de la juventud no es apta para gestionar su propia salud, incluso al alcanzar la madurez legal, mientras diferentes estudios indican que el consumo del tabaco está descendiendo en las nuevas generaciones. Entre los 18-24 años en el Reino Unido, la prevalencia del tabaquismo bajó de ~25,7% en 2011 a ~8-9,8% en años recientes, según datos de 2023-2024. Además, el consumo general de tabaco en adultos también está en mínimos históricos.
Por el momento, la medida no ha levantado grandes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles porque el Gobierno ha logrado instalar la idea de que la medida responde a "razones de salud pública". Sin embargo, esta ley sienta un peligroso precedente jurídico porque permite al Estado fragmentar los derechos de la ciudadanía en función de criterios arbitrarios como el año de nacimiento, debilitando la universalidad e igualdad ante la ley. La pretendida "generación libre de humo" se construye, de este modo, sobre una base de desigualdad jurídica donde el año de nacimiento determina el techo de los derechos civiles del individuo a la hora de comprar un producto que el resto de la población adulta tiene permitido.
El conflicto refleja una tendencia de las instituciones hacia la gestión restrictiva de los derechos civiles y políticos, donde, en este caso, se sacrifica la coherencia del sistema jurídico en favor de un supuesto "alivio de costes para el Servicio Nacional de Salud" (NHS), que no deja de tener que tratar el tabaquismo de anteriores generaciones. Además, al criminalizar el consumo para segmentos de edad determinados, el Parlamento británico podría fomentar una posible economía sumergida.
