Trump instrumentaliza el tercer intento de magnicidio en dos años para señalar un supuesto “odio anticristiano”
El sospechoso, un joven de 31 años que logró burlar la seguridad del Washington Hilton con un arsenal, denuncia en su manifiesto la complicidad de la administración con la opresión global.
La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se convirtió el pasado sábado en el escenario del tercer intento de magnicidio contra Donald Trump en menos de dos años. Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años que se alojaba en el mismo hotel del evento, logró introducir múltiples armas de fuego y cuchillos en el edificio, disparando cerca de un punto de control. El Servicio Secreto evacuó de urgencia al presidente, a la primera dama y al vicepresidente JD Vance, mientras los agentes reducían al tirador en el vestíbulo, sin que lograra acceder a la sala donde se encontraba el presidente. Un oficial de la división uniformada salvó la vida gracias a su chaleco antibalas tras recibir un impacto directo de Allen, quien en su manifiesto previo había detallado su intención de usar perdigones para "minimizar bajas colaterales" entre las personas que no se encontraban entre sus objetivos: todos los altos cargos de la Administración Trump, salvo el director del FBI, Kash Patel. El tirador justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" presente en el evento actúe en su nombre, en referencia a Trump.
Apenas 24 horas después del suceso, Donald Trump inició una agresiva campaña de capitalización política del incidente, empezando por difundir en redes sociales la imagen del tirador arrestado en el suelo. En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario ha ignorado las motivaciones políticas de base —centradas en la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de su gobierno— para enmarcar el ataque en un plano religioso. Trump ha afirmado que el atacante actuó movido por un "odio profundo hacia los cristianos", calificando el suceso como un "ataque a la Constitución". Esta narrativa, que ignora los ataques reales contra los cristianos por parte de Israel en Líbano y Palestina, busca cohesionar a su base electoral mediante la victimización religiosa, a pesar de que el fiscal general interino, Todd Blanche, ha mantenido una postura más cauta al señalar que, si bien el objetivo era la Administración, la investigación sobre los motivos reales sigue bajo análisis del FBI.
En el ámbito internacional, el suceso ha generado una cascada de reacciones institucionales de apoyo al presidente estadounidense, tanto entre aliados estrechos y "críticos". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha trasladado su solidaridad a Trump, sumándose a un coro de líderes mundiales que "condenan la violencia política". Por su parte, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyo anterior presidente Nicolás Maduro fue secuestrado en medio de una campaña de ataques contra su país por orden del propio Trump, también ha expresado su rechazo al ataque. Estas muestras de respaldo oficial refuerzan la figura de Trump en un momento de cuestionamiento interno por la guerra contra Irán y la eficacia del Servicio Secreto, que ya ha "fallado" en tres brechas de seguridad críticas desde julio de 2024.
En su manifiesto, Allen describe como "insana" la facilidad con la que pudo moverse armado por el hotel Washington Hilton, denunciando una "arrogancia" de seguridad que prioriza el control de manifestantes externos sobre las amenazas reales que se gestan en el interior de los establecimientos de lujo. El sospechoso, que viajó en tren desde Los Ángeles realizando escalas, subraya en sus escritos que su acción era una respuesta ética ante la opresión de niños hambrientos y adolescentes abusadas.
Cole Tomas Allen enfrenta ahora graves cargos federales por "agresión a agentes" y "uso de armas de fuego en un delito violento", a los que previsiblemente se sumará el de "intento de asesinato". Mientras el detenido permanece bajo evaluación psiquiátrica en un hospital de Washington D.C., el debate político en EEUU se desplaza a la retórica victimista del trumpismo. La administración Trump parece decidida a utilizar este nuevo episodio para profundizar en la criminalización de la disidencia, obviando las críticas del atacante a la estructura de poder y centrándose en una interpretación de odio sectario que le permita avanzar en su agenda de control social y refuerzo del aparato represivo.