La tasa de mortalidad por malnutrición proteico-energética en Estados Unidos ha registrado un incremento sostenido desde el periodo 2015-2017, hasta alcanzar las 2,9 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023. Según los datos del Global Burden of Disease (IHME 2025) procesados por la plataforma Our World in Data, esta cifra sitúa la mortalidad por hambre en la mayor economía del mundo por encima de las tasas reportadas por países que sufren severas sanciones por parte de Washington o que tienen economías planificadas o semiplanificadas, como Corea del Norte, China y Cuba. En el caso norcoreano, la tasa se estima en 1,7 muertes, una cifra que, incluso sumada a la de Cuba (0,5) y Vietnam (0,3), no alcanza el promedio de fallecimientos por malnutrición registrado en territorio estadounidense.

Este fenómeno de pauperización absoluta se concentra con especial crudeza en la población de edad avanzada, las comunidades afroamericanas y los grupos sociales vulnerados por la desigualdad económica. Las estadísticas indican que no se trata únicamente de una carencia absoluta de alimentos, sino de una crisis de acceso y calidad nutricional donde conviven la inseguridad alimentaria y enfermedades derivadas de la pobreza. El sistema estadounidense, lejos de garantizar la reproducción biológica básica de su clase trabajadora, provoca que el aislamiento social, los bajos ingresos, el alto coste de la vida y un sistema de salud privatizado deriven en numerosas muertes evitables por deficiencias nutricionales, deficiencias que otros países con muchísimos menos recursos —y que de hecho han sido históricamente los más sancionados y militarmente atacados por EEUU— han logrado reducir de forma significativa y por debajo de los índices de Washington; y todo ello partiendo de bases industriales y científicas mucho más desventajosas que la potencia norteamericana. Además, las tasas de muertes por malnutrición no son un dato aislado: Cuba también ha mantenido durante décadas tasas de superiores de alfabetización, inferiores de mortalidad infantil y parejos en esperanza de vida en comparación con EEUU.

Mientras todos estos datos de mortalidad se consolidan, el Gobierno de Estados Unidos mantiene el gasto militar más alto del planeta, destinando entre el 3% y el 4% de su Producto Interior Bruto (PIB) a fines bélicos, con presupuestos militares récord de 1,5 billones de dólares previstos para 2027, cifras equivalentes al PIB anual de Turquía. La ONU calcula que solo con el coste diario de la guerra que libra EEUU en Irán, se calcula que se puede salvar la vida de 87 millones de personas en el mundo. Paralelamente, cerca de 33.000 veteranos de guerra estadounidenses viven en la calle.

Esto se explica, entre otras cuestiones, porque la prioridad presupuestaria principal de Washington se vuelca en el complejo militar-industrial y en sostener guerras en el exterior, mientras los programas de asistencia social como los cupones de alimentos (SNAP) o la atención médica generan brechas de cobertura que dejan desprotegidas a millones de personas. La transferencia de recursos públicos hacia la industria de bélica implica una incapacidad institucional para frenar el aumento de las muertes por malnutrición en sus propios condados.

Si bien es cierto que EEUU posee sistemas de certificación de defunciones más exhaustivos que pueden elevar las cifras registradas, la tendencia al alza es un hecho material indiscutible. El aumento de los costes de la vivienda y la inflación de los alimentos básicos están expulsando a las capas más pobres de la población de un consumo nutricional saludable. Estos hechos plantean una contradicción insalvable entre la acumulación de capital y las condiciones de existencia de millones de estadounidenses que, en los márgenes del sistema, muere por causas que la ciencia médica y la capacidad productiva actual tienen el potencial técnico para erradicar.