El Gobierno ha modificado casi un 30% del presupuesto prorrogado sin pasar por el Congreso
El Ministerio de Hacienda altera el destino de uno de cada tres euros de gasto público de espaldas al Congreso y utiliza fondos europeos para cubrir partidas no autorizadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado modificaciones presupuestarias valoradas en 50.000 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra que duplica los cambios realizados en el mismo periodo del año anterior. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicados por El Confidencial, el Ejecutivo está alterando drásticamente las cuentas públicas de 2023 —técnicamente prorrogadas por tercera vez— para adaptarlas a sus nuevas prioridades sin someterlas a la discusión ni aprobación del Parlamento. Esta práctica implica que, por cada tres euros de gasto comprometido hasta marzo, el Gobierno ha modificado uno de forma unilateral, afectando a la soberanía legislativa sobre la gestión de las cuentas públicas.
La discrecionalidad del Ministerio de Hacienda se ha visto en diversos mecanismos que permiten al Ejecutivo disponer de un presupuesto nuevo en la práctica sin tramitar una ley en las Cortes. De los 50.000 millones alterados, 17.700 millones corresponden a transferencias entre ministerios, 13.300 millones a la incorporación de remanentes eliminados de otras secciones y 9.100 millones a ampliaciones de crédito directas. El Ministerio de Economía ha sido el principal beneficiado, puesto que ha recibido 12.400 millones adicionales para conceder préstamos fuera del sector público, mientras que carteras como Agricultura, Política Territorial y Transición Ecológica han obtenido refuerzos superiores a los 2.000 millones de euros cada una.
El vaciamiento de los fondos europeos constituye uno de los puntos de mayor opacidad en estos presupuestos. El Gobierno español lleva retirados casi 7.500 millones de euros de la sección destinada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con acuerdos del Consejo de Ministros, reduciendo los créditos habilitados en un 30% respecto a lo contemplado en la prórroga. Según ha denunciado el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda está utilizando estas partidas de los fondos europeos para financiar el pago de pensiones, un uso que el propio decreto de fondos europeos aprobado por el Gobierno en 2020 prohíbe expresamente. Esta desviación de recursos se produce mientras la ejecución real de los fondos se desploma un 49% en comparación con el año pasado.
La tendencia hacia el desmantelamiento del control democrático sobre el erario público se agrava al proyectar la ejecución hasta final de año. Si el Ministerio de Hacienda mantiene este ritmo de modificaciones y ampliaciones de partidas de espaldas al Congreso de los Diputados, al terminar el ejercicio habrá cambiado el 40% de todos los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta situación coloca la gestión de las cuentas públicas en una dinámica de hechos consumados donde el Gobierno asegura públicamente que el presupuesto de 2023 "se adapta a la realidad de 2026" mientras la IGAE confirma que las obligaciones ya asumidas (gasto real) difieren en un 71% de lo aprobado originalmente en las Cortes.
Esta centralización del poder económico en el Consejo de Ministros vuelve a poner en evidencia los límites de la institucionalidad parlamentaria frente a los intereses políticos y económicos que impulsan la gestión del Estado. Al evitar la tramitación de nuevos PGE, el Gobierno elude la fiscalización pública sobre cómo se redistribuye la renta social, priorizando la transferencia de fondos hacia sectores específicos y la cobertura de deudas del sistema con un uso irregular de excedentes. La falta de transparencia informativa sobre el destino final de la sección 50 correspondiendte a los fondos europeos oculta, según los datos analizados por el artículo de Javier Jorrín, una estructura presupuestaria que ni siquiera responde al "mandato legislativo", sino a decisiones unilaterales de la administración.
