Tres de cada cuatro habitantes culpa a los especuladores y los pisos turísticos por el encarecimiento de la vivienda
El 79% de los habitantes del Estado español vincula la crisis de acceso con el negocio turístico y el acaparamiento en pocas manos, según una encuesta del Ateneo del Dato.
Tres de cada cuatro personas en el Estado español ya identifican la proliferación de pisos turísticos, el fraude de los contratos de temporada y la compra de casas como inversión como los responsables directos de la reducción de las opciones del alquiler. Según los datos publicados este miércoles por el grupo parlamentario europeo de La Izquierda, el 79,2% de los encuestados afirma que las viviendas turísticas contribuyen "mucho o bastante" a la escasez de arrendamientos habituales. Además, este sentimiento se extiende a otras formas de explotación inmobiliaria: un 76% apunta a los alquileres por habitaciones y de temporada, mientras que el 75,8% señala también la adquisición de viviendas para especulación financiera como causa del problema.
El estudio, encargado por la eurodiputada Estrela Galán, muestra que el 71,6% de la población responsabiliza al acaparamiento de casas en pocas manos de la situación de crisis de la vivienda. Esta percepción es todavía más aguda entre las personas que viven de alquiler, quienes sufren directamente la presión de los rentistas de todos los tamaños. En este sentido, la encuesta muestra también un rechazo mayoritario a la actividad de los intermediarios: el 75% de la población considera que las agencias inmobiliarias encarecen el acceso a la vivienda, una opinión compartida incluso por el 68% de los votantes del Partido Popular y el 70% de los de Vox.
Ante la carestía de los precios, que el 93,4% de los encuestados califica como "altos o muy altos", existe un apoyo contundente a la intervención pública. El 72,6% de la población defiende que se suspendan los desahucios de personas vulnerables cuando el propietario sea una empresa o un "gran tenedor". Además, el 68,4% de los encuestados está a favor de limitar los precios del alquiler en su zona, porcentaje que asciende al 76,6% entre las personas arrendatarias. La población también apuesta por reducir el poder de los rentistas: el 59,6% cree que debería limitarse el número de casas en propiedad a un máximo de tres y el 75% apoya que quienes poseen dos o más viviendas paguen mayores impuestos.
La mayoría social también respalda medidas contra el desvío de viviendas hacia usos no residenciales. Según los datos del Ateneo del Dato, el 78% apoya limitar los honorarios de las inmobiliarias y las fianzas exigidas, mientras que el 76% defiende restringir los alquileres de temporada en las zonas donde los precios han expulsado a los vecinos. Asimismo, el 74% secunda que los contratos pasen a ser de vivienda habitual de forma automática si no se dispone de uno legal, y un 72% pide convertir en contratos estables aquellos de temporada que se renueven con la misma persona trabajadora. El estudio, realizado con una muestra de 2.200 personas, confirma una demanda social masiva de regulación frente a la actual transferencia de rentas hacia rentistas y empresarios del sector inmobiliario.
