Efectos económicos del programa de la ultraderecha

La retórica contemporánea de los partidos de ultraderecha recurre de forma sistemática a una dicotomía simplificada: la defensa del "pueblo" soberano frente a unas "élites" globales desvinculadas de la realidad nacional. Sin embargo, cuando se examinan las leyes publicadas en los boletines oficiales, los modelos de proyección presupuestaria y los flujos de financiación de estas organizaciones, la hipótesis del "populismo antisistema" se desmorona ante la realidad material.

Como argumentan infinidad de autores desde los teóricos clásicos hasta los más contemporáneos, estas formaciones quedan lejos de suponer cualquier tipo de freno al capital y su lógica y no suficiente con eso, componen un mecanismo para la aceleración y normalización de las tendencias capitalistas más crudas y, quizás, menos amigables. No es en absoluto una novedad, pero cabe remarcar que las corrientes de ultraderecha simplemente operan como una herramienta de gestión política e ideológica orientada a profundizar la acumulación de capital, salvaguardar los intereses de la burguesía y canalizar el descontento social hacia conflictos identitarios. 

La política fiscal es uno de los rasgos indicadores ya que condiciona de manera directa la distribución primaria de la renta entre el capital y el trabajo. Las reformas impositivas impulsadas por la ultraderecha internacional demuestran una transferencia neta de recursos hacia los estratos más ricos de la población, utilizando metodologías estadísticas que permiten medir de manera inequívoca quién se beneficia de sus medidas.

El Impacto Real del Recorte Corporativo en Estados Unidos

Durante el mandato de Donald Trump, la aprobación de la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) en 2017 redujo el tipo impositivo de las corporaciones del 35% al 21%. Para evaluar el destino real de ese dinero, un estudio conjunto del Joint Committee on Taxation y la Reserva Federal (Kennedy, Dobridge, Landefeld & Mortenson, 2023) realizó un seguimiento de los datos fiscales internos de las empresas y las compensaciones salariales. Los investigadores concluyeron de forma empírica que el 51% del beneficio generado por la reducción impositiva fue a parar a los accionistas por vía de dividendos y recompra de acciones, un 10% se destinó a los altos ejecutivos y un 38% fue capturado por el 10% de los trabajadores con sueldos más elevados. El 90% restante de la masa laboral del país obtuvo un incremento salarial del 0%. El laboratorio de datos Equitable Growth confirmó esta dinámica en 2023 al demostrar que el top 10% de la distribución de ingresos acaparó el 81% del beneficio total de la ley. Además de ello, ya se están publicando numerosos informes en los que se mide que más de un 90% de los costes asociados a las recientes medidas arancelarias corren a cargo del bolsillo de la clase trabajadora estadounidense.

La Simulación del Modelo Fiscal de Alternativa por Alemania

En Europa, el programa fiscal de Alternativa por Alemania (AfD) defiende la implantación de un tipo único impositivo (flat tax) del 25% para todas las rentas anuales que superen los 20.000 euros, acompañado de la eliminación total de los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y bienes inmuebles. El instituto de investigación económica ZEW Mannheim, dirigido por el profesor Holger Stichnoth, sometió esta propuesta a un modelo de micro-simulación estocástica para contrastar su impacto real en la población.

Los resultados mostraron que una pareja con dos hijos e ingresos brutos de 180.000 euros al año obtendría un beneficio neto de 19.190 euros adicionales anuales bajo el marco presupuestario de AfD. Por el contrario, debido a la pérdida de deducciones y al carácter regresivo de la tarifa plana, una familia trabajadora con unos ingresos combinados de 40.000 euros anuales perdería 440 euros al año bajo el mismo programa. Esto demuestra que este tipo de simplificación fiscal actúa como un mecanismo de exención encubierta para las grandes fortunas.

Flexibilización Laboral y Desmantelamiento de Rentas Indirectas

Otro de los síntomas directos de las medidas anunciadas por la ultraderecha a nivel mundial es la devaluación directa de la fuerza de trabajo y la reducción de los costes no salariales para el capitalista (prestaciones, subsidios e indemnizaciones por despido), a la vez que se reduce el salario indirecto (recortes o aboliciones de servicios medicos, educación...). Los gobiernos de la derecha radical han concentrado sus esfuerzos legislativos en debilitar la capacidad de negociación colectiva y endurecer el acceso a la protección social.

En el plano de las prestaciones públicas, la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) impulsada en Estados Unidos proyectó un recorte de 990.000 millones de dólares en el programa de salud Medicaid a lo largo de una década. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), mediante un análisis demográfico y de comportamiento de los beneficiarios, calculó que esta medida privará de cobertura médica a 10 millones de personas para el año 2034.

La metodología de la CBO aisló las variables de la política y determinó que 5,3 millones de esas bajas se producirán exclusivamente debido a la implantación de los work requirements (requisitos obligatorios de empleo de 80 horas mensuales). Estos requisitos no buscan la inserción laboral, sino que funcionan como barreras burocráticas diseñadas para expulsar a las familias de rentas bajas del sistema de protección, permitiendo que el modelo de la CBO proyecte para 2034 un incremento del 2,7% en la renta del top 10% de la población y una caída del 3,1% en el 10% más bajo.

Devaluación Salarial e Incentivos al Gran Capital en Italia y Argentina

En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni eliminó el Reddito di Cittadinanza, un ingreso mínimo de inserción que protegía a cerca de dos millones de personas, para sustituirlo por programas de cuantía reducida y acceso restringido. Las consecuencias de esta desregulación sobre el mercado de trabajo quedan reflejadas en los informes de la OCDE (Employment Outlook 2024 y 2025). Los estadísticos de la organización constataron que Italia experimentó la mayor caída de salarios reales entre las grandes economías del bloque, confirmando que a comienzos de 2025 los salarios reales italianos eran todavía un 7,5% inferiores a los registrados en 2021.

De forma paralela, en Argentina, la administración de Javier Milei, el cual puede tratarse de manera diferente dentro de las medidas estrictamente económicas dentro del espectro de la ultraderecha contemporánea, implementó igualmente la Ley Bases, cuyo Título VII regula el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Lejos de basarse en la competencia de mercado, este marco legal otorga de manera excepcional una exención del impuesto a las ganancias durante 7 años, una alícuota posterior reducida al 25% (diez puntos por debajo de la general) y una garantía de estabilidad fiscal y cambiaria blindada por 30 años para capitales superiores a los 200 millones de dólares. Mientras el tejido industrial local se contraía y el índice de pobreza medido por el INDEC escalaba al 52,9% en el primer semestre de 2024, el balance cambiario del Banco Central (BCRA) registraba una Inversión Extranjera Directa neta acumulada negativa de 1.500 millones de dólares, evidenciando que estas prebendas fiscales se orientaron a la extracción de recursos y no a la capitalización productiva del país.

La Inmigración como herramienta para el aumento de la explotación

La retórica de la ultraderecha contra la inmigración suele interpretarse como un intento de clausurar las fronteras o incluso hacer negocio de ellas. Sin embargo, la sociología del trabajo y la evidencia jurídica internacional muestran que el objetivo real no es la estanqueidad de los límites fronterizos, sino la producción institucional de mano de obra vulnerable ante una crisis demográfica que afecta a gran parte del norte global. Numerosos autores explican que la "ilegalidad" del migrante es una condición jurídica producida deliberadamente por el Estado. Al mantener a los trabajadores bajo la amenaza constante de la deportabilidad, se debilita su capacidad de organización y se les obliga a aceptar condiciones de explotación extrema que benefician directamente a las patronales agrarias, industriales y de servicios.

El funcionamiento de este engranaje es visible en el sector agrícola de Italia bajo el sistema de cuotas del Decreto Flussi. Aunque el gobierno amplió formalmente las plazas autorizadas a 452.000 trabajadores extranjeros para el trienio 2023-2025, el diario económico Il Sole 24 Ore desveló que menos del 24% de las plazas asignadas en 2023 llegaron a transformarse en un permiso de residencia legal.

Esta "disfunción" administrativa sistemática mantiene a cientos de miles de jornaleros en la clandestinidad laboral, alimentando redes de trabajo esclavo controladas por terratenientes mediante el sistema del caporalato. La consecuencia material de este marco regulatorio queda expuesta con ejemplos como el caso de Satnam Singh, un jornalero indio sin contrato formal que falleció desangrado en Latina tras sufrir la amputación de un brazo por maquinaria agrícola; su empleador abandonó el cuerpo mutilado en la calle para ocultar la infracción legal.

El caso de VOX  

En el Estado español, el partido VOX encaja con precisión en las tendencias que se han repasado en las líneas anteriores. A pesar de los discursos emitidos por sus portavoces parlamentarios, como las declaraciones de José María Figaredo denunciando que "a las empresas del Ibex les va muy bien mientras el ciudadano empeora", la traducción técnica de su programa político coincide punto por punto con las demandas históricas de la patronal conservadora.

El programa tributario de VOX plantea una reestructuración drástica del IRPF, reduciéndolo a solo dos tramos impositivos con un tipo marginal máximo del 30% para las rentas más altas, sumado a la supresión de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Un análisis detallado de esta propuesta realizado por técnicos de la propia Hacienda evidencia su sesgo de clase:

• Los ciudadanos con rendimientos salariales bajos de hasta 20.200 euros anuales experimentarían una reducción fiscal de apenas 2 puntos porcentuales.
• Los contribuyentes situados en los tramos de rentas altas, que superen los 60.000 euros anuales, verían caer su presión fiscal en 15 puntos porcentuales, pasando del 45% actual al 30% propuesto.

Esta propuesta legislativa copia en su esencia las recomendaciones del Libro Blanco de la Reforma Fiscal publicado en 2022 por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank oficial de la CEOE. El documento de la patronal exigía exactamente la bonificación total del impuesto de Sucesiones, situar los marginales del IRPF por debajo del 50% y reducir de forma drástica las cotizaciones sociales a cargo de las empresas.