Hoy miércoles se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio del caso conocido como "Olzinelles Absolució". Dos militantes del Movimiento por la Vivienda siguen pendientes de juicio por haber participado en el intento de detener un desahucio extrajudicial y con brutalidad policial en el barrio de Sants de Barcelona el 22 de febrero de 2020. La Fiscalía pide 12 años de prisión por supuestos "desórdenes públicos" y "atentado contra la autoridad".

Ese día, el Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) y la Escola Popular de Sants habían hecho pública la ocupación de un bloque en el número 105 de la calle Olzinelles. Allí vivían cuatro familias con menores que intentaban hacer frente a la crisis habitacional. Dos semanas más tarde, se decretaría el confinamiento forzoso en todo el Estado ante el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, un macrooperativo policial de los Mossos d'Esquadra con unidades antidisturbios desató la violencia y causó escenas de pánico y brutalidad. Varios manifestantes resultaron heridos por la actuación policial y se produjeron identificaciones masivas. Dos militantes de los respectivos colectivos fueron denunciados y encausados en un agónico proceso que la Justicia ha alargado más de seis años.

Estirar el chicle

Así, a lo largo de estos años, el juicio se ha aplazado en cuatro ocasiones en sala y otra más antes de la vista oral, convirtiéndose en un paradigma de la represión contra el Movimiento por la Vivienda. Por un lado, las acusaciones contra los manifestantes presentan notables contradicciones y falta de pruebas y, por otro, la petición de una docena de años de prisión por intentar detener un desahucio no solo responde a una criminalización flagrante del Movimiento, también es una muestra clara del intento de disciplinar y asfixiarlo.

A esto hay que sumar el injustificado retraso del juicio en sí, y el impacto que tiene en las personas encausadas y sus organizaciones, que se extenderá aún más hasta el día 5 de noviembre tras esta nueva suspensión, causada por tres de los cuatro Mossos citados a declarar que no han acudido al juzgado.

En un comunicado reciente, Olzinelles Absolució aseguraba que siguen luchando y cuestionando su sistema porque tenemos más claro que nunca que la vivienda debería ser un derecho, no un negocio ni un delito". Sobre la represión, afirman que "es una carrera de fondo y resistencia" ante la cual están "juntas y organizadas para ganarla". Por ello, el grupo de apoyo Olzinelles Absolució había convocado hoy una concentración en apoyo a los encausados a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona a las 9 de la mañana.