Tres personas llamadas a declarar ante el juez por oponerse a un desahucio en Burlata

Un total de tres miembros de colectivos de vivienda han sido citados a declarar ante el juez el próximo miércoles 17 de junio a las 9:15 horas, bajo acusaciones de presuntos delitos de desobediencia, lesiones y resistencia a la autoridad. Este proceso judicial es el resultado de las movilizaciones ocurridas durante un desahucio en la localidad de Burlata (Nafarroa), lo que ha motivado a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Berriozar, al Sindicato de Vivienda de Haritu y al Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria a convocar una concentración de solidaridad frente a las puertas de los juzgados.

El caso se inició el pasado mes de septiembre, cuando estas tres organizaciones denunciaron públicamente que una compañera y sus tres hijos menores de edad se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad y en riesgo inminente de perder su hogar. Según informaron los sindicatos, la familia había sido víctima de un subarriendo ilegal en un inmueble que no contaba con las condiciones adecuadas de habitabilidad, ante lo cual mostraron su total disposición a abandonar la vivienda siempre y cuando las instituciones públicas les garantizaran una alternativa habitacional estable y duradera.

A pesar de las exigencias trasladadas a las administraciones, el día fijado para el lanzamiento, el 9 de octubre, llegó sin que se hubiera puesto sobre la mesa ninguna alternativa residencial para los afectados. Ante esta situación, los colectivos y la familia se concentraron en el portal del edificio con el objetivo de evitar que los menores y su madre quedaran desamparados en la calle. Los convocantes aseguran que la ejecución del desahucio se desarrolló de forma violenta por parte de la Policía, cuyos efectivos desalojaron el portal dos horas antes del horario previsto, obstaculizando cualquier capacidad de resistencia pacífica y agrediendo a los manifestantes con porrazos y gas pimienta, lo que dejó un balance de decenas de personas heridas.

Represión física, económica y penal

Posteriormente a la disolución de la protesta, los agentes policiales identificaron a decenas de personas, llegando a retener a algunas de ellas contra el suelo. Esta intervención se ha traducido en una fuerte sanción económica y penal contra el movimiento social, acumulando un total de 17 personas multadas con sanciones administrativas que suman 12.400 euros, además de los tres activistas procesados por la vía judicial que deberán comparecer la próxima semana.

Respecto a la gestión institucional, las organizaciones señalan que el Ayuntamiento de Burlata prometió un plan de realojo que la propia familia afectada desconocía hasta el momento del desalojo. Dicha alternativa consistió inicialmente en una estancia temporal en una habitación de hotel que se prolongó durante seis meses y que, finalmente, se convirtió en una alternativa habitacional provisional el pasado mes de marzo gracias a la presión sostenida de los colectivos organizados.

Las organizaciones firmantes han denunciado con firmeza la gravedad de estas medidas represivas, afirmando que el objetivo de las autoridades es "criminalizar la organización popular y ahogar económicamente a los sindicatos para defender la propiedad privada a costa de los derechos básicos". Advierten, además, de que en los últimos meses se ha detectado un incremento de los obstáculos para paralizar los desahucios en la comarca de Iruñerria, señalando el uso de prácticas que consideran ilegales, tales como los desahucios de fecha abierta, el control policial mediante el envío de drones y el desalojo de las inmediaciones con horas de antelación, ante lo cual reafirman su determinación de seguir luchando para que la vivienda sea "un bien universal garantizado y no una mercancía capitalista".