Las federaciones sindicales de CCOO y UGT han ratificado el preacuerdo salarial propuesto por las patronales del sector de la limpieza, ASPEL y ASOAL, lo que supone la desconvocatoria oficial de la huelga general en la provincia de Zaragoza a partir del 10 de junio. Este pacto laboral pone fin a quince jornadas consecutivas de paros que mantenían bloqueado el servicio en la provincia. El documento aceptado por la mayoría del Comité de Huelga contempla una renovación del convenio sectorial con incrementos en las retribuciones del 3% anual para los ejercicios de 2026, 2027 y 2028, elevándose la subida al 4% de cara al año 2029. Esta propuesta económica coincide con la que los propios sindicatos habían rechazado inicialmente por considerarla insuficiente para cubrir las necesidades del colectivo.

La resolución del conflicto no ha estado exenta de fricciones internas y ha quebrado la unidad de la representación social. La Organización de Trabajadores de Aragón (OSTA), tercera fuerza sindical integrada en la negociación, se ha desmarcado por completo del documento regulador al considerar que los incrementos proyectados son ´"deficitarios" y se sitúan potencialmente por debajo del SMI. Desde la dirección de OSTA se argumenta que el texto definitivo "no atiende a las reclamaciones estructurales que motivaron el inicio de las protestas, tales como la garantía del poder adquisitivo indexado a la inflación, la inclusión de un plus industrial específico o la reducción efectiva de la jornada laboral para los empleados del sector".

Foto: OSTA
Foto: OSTA

La división en la mesa negociadora se ha replicado en las bases. Durante la mañana del 9 de junio, una asamblea general celebrada en la capital aragonesa, que congregó a cerca de 400 huelguistas, escenificó la polarización del colectivo ante las condiciones ofrecidas por las empresas. La votación consultiva efectuada a mano alzada arrojó un resultado de práctica paridad, dividiendo al auditorio a la mitad entre quienes defendían la aceptación inmediata de los términos de la patronal y quienes propugnaban la continuidad y el endurecimiento de las medidas de presión.

El impacto socioeconómico de estas dos semanas de movilizaciones ha golpeado de forma directa al tejido manufacturero de Aragón. Grandes corporaciones con plantas logísticas y de producción en la provincia, entre las que destacan firmas como Stellantis en su factoría de Opel, el grupo electrodoméstico BSH Balay o la multinacional textil Inditex, sufrieron alteraciones severas en su actividad diaria y se vieron obligadas a detener de forma temporal cadenas enteras de montaje ante la falta de condiciones higiénicas adecuadas. Paralelamente, el desarrollo del conflicto ha estado condicionado por la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya gestión ha sido objeto de críticas por parte de los comités de huelga debido al establecimiento de unos servicios mínimos que en dependencias municipales prioritarias alcanzaron el 100%.