Ejecutan el macrodesalojo de la antigua prisión de Palma

Durante la jornada de ayer se ejecutó el desalojo de la antigua prisión de Palma (Mallorca). El ayuntamiento, a través de la Policía Local y la Policía Nacional, ha expulsado a casi 100 personas que residían allí. El inicio del procedimiento comenzó en febrero, cuando residían unas 200 personas. Finalmente, ayer se ejecutó el auto dictado por el Juzgado, del 28 de mayo, que autorizó el desahucio.

El Ayuntamiento ha presentado el desalojo como "necesario" y ha tratado de justificarse apelando al "grave riesgo existente para la seguridad de las personas que permanecen en el recinto". El gobierno municipal ha utilizado los cuatro incendios producidos en extrañas circunstancias en febrero como excusa para ejecutar el desalojo.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas. No obstante, a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en alrededor de 70 personas. Asimismo, en coordinación con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

El Ayuntamiento ha tratado de mostrarse amable enviando a los servicios sociales municipales para prestar una "atención individualizada" a las personas que vivían en el recinto. A pesar de esto, la mayoría de las personas no han obtenido una alternativa residencial, un recurso de acogida o un programa de inserción.

Colectivos y entidades sociales denuncian que los recursos de emergencia habitacional son "insuficientes" ya que los albergues y centros de acogida tienen una capacidad limitada, y algunas plazas son temporales o cuentan con requisitos de acceso.

Criminalización de la pobreza

Sin embargo, los habitantes de la antigua prisión de Palma no solo han sufrido la negligencia institucional a la hora de aportar soluciones a sus precarias condiciones sociales y económicas. También han sido víctimas de una campaña de criminalización.

Ya en febrero, un macrooperativo identificó a más de 170 residentes de la antigua prisión. Ahora, tras haber ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día. De esta manera, pretenden evitar que ninguno de los desahuciados pueda volver. Además, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto próximamente.

La actuación institucional choca frontalmente con la realidad de la ciudad y de las islas. A día de hoy, en el archipiélago, la compra de una vivienda de 80 metros cuadrados requiere más de quince años de salario bruto íntegro, el peor dato de todo el Estado español.

El Sindicato de Vivienda de Palma denuncia que los precios han crecido a un ritmo mucho más acelerado que los salarios, haciéndolos insuficientes para cubrir los más mínimos costes de vida. El Sindicato alerta de un aumento del sinhogarismo y la precariedad residencial en la isla, ya que cada vez hay más personas viviendo en habitaciones realquiladas, en edificios realquilados o incluso en la calle.

Según denuncian, los recursos sociales están muy tensionados y totalmente saturados; tanto los albergues como las pensiones o los centros de acogida no tienen capacidad suficiente para responder a las necesidades del creciente número de personas que se ven en situación de sinhogarismo. Ante esta situación, el Sindicato hace un llamamiento a sumarse a la concentración convocada esta tarde a las 19:00 horas en la Plaça de Cort.