Marco Rubio convoca a más de 60 países a una reunión sobre el “terrorismo de extrema izquierda”
Las recientes sentencias de hasta un siglo de prisión contra militantes antifascistas fundamentan el endurecimiento de las directrices y los memorandos presidenciales de “seguridad nacional”.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha provocado un notable revuelo diplomático e interno tras invitar a altos ministros de más de 60 países a una cumbre oficial que se celebrará en Washington el próximo jueves 16 de julio. De acuerdo con documentos confidenciales revisados por el diario The Washington Post, el propósito de este encuentro ministerial es abordar lo que la administración de Donald Trump define como un peligro mayor, el “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Sin embargo, la iniciativa ha desatado una profunda consternación entre funcionarios de carrera del gobierno estadounidense, analistas independientes y aliados clave en el extranjero, quienes no comparten la evaluación de Washington sobre la magnitud de dicha amenaza y temen una “manipulación política de los mecanismos de seguridad nacional”.
Según revelaron diversas fuentes gubernamentales bajo condición de anonimato a The Washington Post, existe una seria preocupación dentro del Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca de que la cumbre sea el preludio de una estrategia para emplear potentes herramientas de represión contra activistas y militantes domésticos. Las deliberaciones internas involucran al ‘zar antiterrorista’ de la administración, Sebastian Gorka, y al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quienes han presionado para catalogar a Antifa, un movimiento descentralizado, como una ‘organización terrorista extranjera’. Un funcionario de ‘contraterrorismo’ estadounidense admitió que este vínculo formal con redes internacionales “puede activar ciertas herramientas de investigación”, tales como la vigilancia electrónica a ciudadanos dentro del país.
La respuesta de la comunidad internacional ante la convocatoria de Rubio ha sido predominantemente esquiva. El Departamento de Estado extendió las invitaciones la semana pasada, abarcando a la mayoría de países europeos, las principales economías latinoamericanas y estados asiáticos como India, Indonesia y Singapur, exigiendo una confirmación para este viernes. Varios diplomáticos europeos confirmaron de manera confidencial que sus ministros de Exteriores o de Interior probablemente no asistirán, escudándose en “la saturada agenda estival” que incluye la conferencia anual de seguridad en Aspen, Colorado. Más allá de los problemas de agenda, delegados extranjeros manifestaron su desconcierto y desagrado ante los objetivos difusos del evento, señalando que en sus respectivos países el “terrorismo de izquierda no es una prioridad de seguridad ni se cuenta con presencia del movimiento Antifa”.
Esta resistencia internacional no es nueva; a finales de mayo, el Departamento de Estado organizó una reunión técnica sobre el tema en La Haya, pero ante la negativa del gobierno de los Países Bajos a coorganizar el evento, este debió realizarse discretamente en la embajada estadounidense y fue calificado por los asistentes como “un rotundo fracaso”. Un escenario similar ocurrió a principios de junio en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos en Washington, donde una sesión informativa destinada a convencer al propio personal diplomático norteamericano sobre “el peligro de la extrema izquierda” fue descrita como “un fiasco de asistencia”.
Trump sigue adelante
A pesar del escepticismo generalizado, la administración estadounidense mantiene su postura. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió el encuentro argumentando en un comunicado que “el terrorismo de extrema izquierda es una vieja amenaza que resurge con fuertes conexiones transnacionales y que las medidas adoptadas buscan robustecer la cooperación policial y el intercambio de inteligencia”. Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca restó importancia a las críticas internas, acusando a la oposición de “instrumentalizar la seguridad nacional” y remitiéndose a la estrategia oficial de contraterrorismo publicada en mayo, la cual “prohíbe el uso de capacidades estatales con fines partidistas”.
Esta ofensiva institucional coincide con la radicalización del discurso de la administración tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un suceso que motivó una orden ejecutiva presidencial para tildar retóricamente a ‘Antifa‘ como “organización terrorista nacional” y la emisión del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7. Los procesos judiciales contra el “presunto asesino” de Kirk iniciaron formalmente esta semana, al tiempo que el mes pasado los tribunales de Texas impusieron condenas de entre 30 y 100 años de cárcel a activistas que participaron en una protesta frente al Centro de Detención Prairieland del ICE el pasado 4 de julio.
