La Comisión Europea anunció el pasado viernes una propuesta para flexibilizar la tarificación del mercado de cuotas de carbono (ETS, por sus siglas en inglés), uno de los pilares fundamentales de la política medioambiental de la Unión Europea. La iniciativa es una concesión total a las crecientes presiones de la industria química alemana, de diversos países de Europa Central y de Italia, abriendo un periodo de negociación de varios meses entre los Veintisiete Estados miembros. A través de este planteamiento, el Ejecutivo comunitario contempla permitir que el sector industrial europeo continúe emitiendo dióxido de carbono durante un periodo de tiempo más prolongado y con costes reducidos respecto a las previsiones fijadas hasta el momento.

El plan presentado modifica el calendario de descarbonización vigente, extendiendo la exención de pagos para aquellas compañías que “se comprometan” a reducir sus emisiones. De este modo, la eliminación total de las cuotas gratuitas de emisión de dióxido de carbono, cuyo precio actual oscila en torno a los 80 euros por tonelada, se pospondría hasta el año 2038, retrasando cuatro años la meta fijada en el sistema actual para 2034. Asimismo, a partir de 2036, la normativa otorgará la posibilidad de adquirir créditos de carbono internacionales mediante el financiamiento de proyectos de descarbonización fuera de la Unión Europea. Para acompañar estos cambios, la Comisión presentó una “meta indicativa” para aumentar el peso de la electricidad en el consumo energético final hasta el 46% para el año 2040, cifra que duplicaría la tasa actual del 23%, estancada debido a sus costes en comparación con las fuentes fósiles.

Por otra parte, la propuesta introduce de manera gradual a los incineradores de residuos en el mercado de carbono con posibilidad de exención hasta 2035 para aquellos países que “cumplan objetivos de reciclaje o dispongan de impuestos equivalentes”. En el sector de la aviación internacional, la Comisión renunció a su inclusión directa en el ETS y abogó por un modelo regional a partir de 2029 que cubrirá únicamente vuelos cuyo trayecto no supere los 5.000 kilómetros desde el despegue en suelo europeo. Estas tensiones políticas amenazan la implantación del denominado “ETS 2”, diseñado para extender el mercado de carbono al transporte por carretera y la calefacción de edificios, cuya entrada en vigor ya fue aplazada de 2027 a 2028 y enfrenta un riesgo real de bloqueo definitivo.