El desfalco silencioso de la VPO: 200.000 millones que pudieron ser 2 millones de alquileres públicos
Cuatro décadas de política de vivienda han privatizado 2,7 millones de pisos subvencionados que ahora se venden en el mercado libre a precios exorbitados.
Hay una “paguita” silenciosa que no merece el diminutivo y de la que casi nadie habla en el Estado español: el dinero público destinado a vivienda de protección oficial. Es una realidad difícil de disimular: este dinero ha terminado en bolsillos privados –y no precisamente de grandes tenedores– gracias a una política de vivienda que ha convertido la protección oficial en un negocio. Solo entre 1980 y 2024, el gasto público en políticas de vivienda ha superado los 200.000 millones de euros, una cantidad que, según reconoce el Gabinete Económico de CCOO en su informe Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, se ha empleado “de forma poco eficaz y eficiente”. De acuerdo con sus cálculos, este dinero hubiera permitido edificar dos millones de viviendas públicas de alquiler; este es el coste de oportunidad de un sistema que ha priorizado la propiedad privada subvencionada y el negocio sobre el parque público.
La magnitud de este desfalco silencioso de las arcas públicas se entiende mejor con las cifras más recientes sobre la mesa: de acuerdo con las estimaciones de Civio, solo desde 1991 se han construido 1,5 millones de viviendas protegidas –la mayoría con ayudas estatales–, pero el 60% de este parque de vivienda ya está en el mercado libre. Para finales de 2030 se habrá perdido la mitad del parque construido desde 1991. Solo las viviendas que perderán su protección hasta entonces ya suponen una transferencia superior a los 60.000 millones de euros a propietarios privados; y eso sin contar las plusvalías inmobiliarias que obtienen gracias al dinero público.
Pero la historia es más larga. El Ministerio de Vivienda estima que desde el año 1968 se han levantado un total de 4,81 millones de viviendas protegidas, y desde 1980, se han privatizado unas 2,7 millones. En comunidades como Madrid, Andalucía o el País Valencià ya han reducido los plazos de protección a entre 7 y 15 años, permitiendo que pisos financiados con dinero público pasen al mercado libre en menos tiempo del que se tarda en amortizar una hipoteca. Otras, como Extremadura o Castilla-La Mancha, mantuvieron la descalificación voluntaria hasta 2025 o incluso la permiten hoy.
El resultado, en mitad de la crisis de vivienda, es el que todos conocemos: un parque público de vivienda que apenas alcanza el 3,4%, lejos incluso del escaso 9% de media europea. Con los 200.000 millones malgastados en VPO para la clase media y sus viviendas privadas que ahora multiplican su precio, el Estado español podría haber alcanzado ese 9% y tener hoy un parque de vivienda asequible de cerca de 5 millones de viviendas. Pero en lugar de eso, el dinero público ha servido para engordar los bolsillos de una minoría mientras quienes más lo necesitan quedan excluidos. Como denunciaba Javier Burón, director de Nasuvinsa y experto en política de vivienda: “Hemos puesto a los zorros a cuidar las gallinas”.
Mientras el sentido común reaccionario se escandaliza y levanta pánicos morales racistas por las ayudas de miseria para que los más vulnerables paguen el alquiler a muchos de estos compradores de vivienda protegida, ahora reconvertidos en rentistas, el desfalco silencioso de la VPO —una gran transferencia de 200.000 millones de dinero público a las clases medias— sigue siendo un pacto de silencio que nadie quiere romper. Así, la cuestión de la VPO se ha convertido en un tabú político-social, casi un pacto de Estado tácito. No es fácil de abordar porque los beneficiarios no son solo los grandes fondos de inversión como Blackstone, sino el de al lado: el funcionario que compró su piso protegido en los años 90 y ahora lo vende por el triple o el cuádruple, el pequeño empresario que hizo negocio con la construcción subvencionada, el político local que facilitó la recalificación, el propietario que infla el precio de su VPO con “muebles” sobrevalorados, etc. Todos ellos forman parte de una larga cadena de intereses que convierte la “vivienda social” en un negocio privado donde no interesa que el precio de la vivienda baje. El Estado —central y autonómico— pone el dinero; las constructoras levantan los bloques con ayudas públicas; los partidos políticos legislan plazos de protección ridículos y descalificaciones anticipadas; las inmobiliarias engordan sus comisiones; y amplios sectores de la clase media se benefician de un sistema que les permite comprar barato y vender caro, utilizando la financiación pública como trampolín. Es una red clientelar amplia y difusa que toca a casi todos los actores del mercado inmobiliario y a millones de familias, produciendo un efecto muy concreto: paz social.
