El Gobierno de la República Popular China aprobó la Ley de Reforma Agraria el 30 de junio de 1950. El artículo 1 del texto legal fijó como mandato la necesidad de “abolir el sistema de propiedad de la tierra de explotación feudal de la clase terrateniente e implantar el sistema de propiedad de la tierra de los campesinos, con el fin de liberar las fuerzas productivas rurales, desarrollar la producción agrícola y abrir el camino a la industrialización de la Nueva China”. Esta norma sustituyó el marco normativo previo, iniciado con la Directiva del 4 de mayo de 1946 y la Ley de Tierra de China de octubre de 1947, instrumentos que autorizaron la incautación de las explotaciones a los antiguos rentistas y a las entidades religiosas.
El dirigente del Partido Comunista Chino, Liu Shaoqi, afirmó el 14 de junio de 1950 ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que el objetivo central de la medida consistía en “eliminar a la clase terrateniente como clase”. Para ejecutar un profundo cambio en la estructura de propiedad del campo, el Ejecutivo envió equipos de trabajo (gongzuodui) a las zonas rurales, donde promovió que se organizaran asociaciones campesinas y las asambleas de “hablar de la amargura” (suku) para movilizar a las masas. Estas agrupaciones locales clasificaron a la población en cinco categorías sociales —terratenientes, campesinos ricos, medios, pobres y jornaleros— y ejecutaron la confiscación de las denominadas “cinco propiedades”: tierra, animales de tiro, herramientas, grano excedente y viviendas excedentes.
Hacia finales de 1952, las estadísticas oficiales registraron que se habían redistribuido aproximadamente 700 millones de mu (cerca de 47 millones de hectáreas) entre más de 300 millones de campesinos. Tras el reparto del suelo, los terratenientes y los campesinos ricos mantuvieron únicamente el 8% de la propiedad agraria. El líder del Gobierno chino, Mao Zedong, definió previamente en el documento Cómo analizar las clases en el campo (1933) la figura del terrateniente como aquel sujeto que “posee tierra, no trabaja o solo trabaja de forma accesoria, y vive de la explotación de los campesinos”.
Este proceso de expropiación y transformación de las condiciones de vida en el medio rural derivó en un enfrentamiento de clase sostenido que incluyó ejecuciones y juicios públicos (pidou). Aunque el PCCh dirigió y en numerosos casos incentivó estas campañas, la violencia no fue exclusivamente ejercida de forma vertical por el Estado: en muchas localidades fueron los propios campesinos pobres quienes denunciaron, agredieron y en ocasiones ejecutaron a terratenientes por agravios previos como abusos, explotación, deudas, venganzas y disputas por la tierra. Además, los terratenientes y otros sectores acomodados del campo también habían ejercido formas de coerción y violencia contra campesinos, aunque su magnitud y características variaron considerablemente según la región. Las cifras de bajas, por tanto, son objeto de debate: el primer ministro Zhou Enlai habló de unas 830.000 muertes relacionadas con las campañas y la reestructuración agraria, mientras que otras estimaciones, basadas en documentación local y provincial, elevan considerablemente la cifra, llegando algunos investigadores a situarla en varios millones. Estas diferencias responden, entre otras razones, a que las fuentes no siempre contabilizan las mismas categorías de muertes ni distinguen entre ejecuciones, violencia local y otras causas.
