El Gobierno chino intensifica la presión fiscal sobre las grandes fortunas
Pekín somete a imposición los trusts offshore, reclama impuestos retroactivos a empresas cotizadas y endurece el registro de gestores privados tras la caída de ingresos territoriales tras la crisis inmobiliaria.
El Estado chino ha intensificado el control fiscal y regulatorio sobre los patrimonios de los magnates del país, las estructuras opacas en paraísos fiscales y las firmas de capital riesgo. La Administración Estatal de Impuestos fija como fecha límite el próximo 22 de octubre para que los titulares de trusts offshore regularicen sus obligaciones históricas sin incurrir en recargos, tras la entrada en vigor de un nuevo régimen que grava con el 20% las aportaciones, rentas, distribuciones y liquidaciones de estas estructuras.
El endurecimiento fiscal ha alimentado la preocupación de que algunos fundadores vendan participaciones para hacer frente a obligaciones tributarias o necesidades de liquidez. Shu Ping, cofundadora de Haidilao International, vendió acciones por hasta 353 millones de dólares a comienzos de septiembre, semanas después del anuncio del nuevo régimen. Haidilao no explicó que la operación tuviera como finalidad pagar impuestos. La operación desencadenó la caída en bolsa de la firma y analistas citados por Bloomberg señalan que compañías controladas por fundadores mediante trusts offshore —entre ellas Xiaomi, Li Ning y Sunac China— podrían afrontar presión vendedora, aunque por el momento no hay indicios públicos de que sus propietarios planeen ventas similares.
Esta fiscalización retroactiva sobre el capital privado se extiende a la reclamación masiva de impuestos atrasados y recargos a través de mecanismos de clawback. Según datos recopilados por Bloomberg, más de un centenar de empresas cotizadas tuvieron que ingresar en las arcas públicas 7.700 millones de yuanes durante el primer semestre de 2026. En casos como el de la agroindustrial Heilongjiang Agriculture, la inspección tributaria exigió el pago de una suma equivalente al 120 % de todo el beneficio neto registrado por la compañía en el ejercicio 2025. Para asegurar el cobro, la Administración Tributaria ha desplegado equipos especializados destinados a rastrear activos en el extranjero y fiscalizar individualmente a los grandes patrimonios.
Ningún nuevo gestor privado registrado en la Asociación de Gestión de Activos de China en junio: sin precedentes en 12 años
En el ámbito de la inversión privada, la Oficina General del Consejo de Estado emitió el 3 de junio el Documento n.º 54, que endurece la supervisión de los fondos privados. El marco obliga a los aspirantes a registro a superar una consulta y evaluación conjunta de la autoridad financiera provincial y de la oficina local de la Comisión Reguladora de Valores. La entrada en vigor de este marco legal impone una evaluación previa conjunta de los órganos reguladores provinciales y la Comisión Reguladora de Valores antes de la inscripción de cualquier fondo en la Asociación de Gestión de Activos de China (AMAC). Según ha informado el medio especializado Caixin Global, en junio no se aprobó el registro de ningún nuevo gestor privado, el primer mes sin altas desde la creación del sistema en 2014.
La intervención del aparato estatal sobre el capital privado responde a la pérdida de ingresos de los gobiernos locales provocada por la contracción del sector inmobiliario, que ya ha forzado la absorción del 23 % de la banca regional para amortiguar el colapso inmobiliario. La venta de suelo público, que aportaba más de 1,1 billones de dólares anuales a las corporaciones locales, ha caído a menos de un tercio de esa cifra. Al mismo tiempo, la administración central y las locales registraron un desfase de 1,9 billones de dólares entre ingresos y gastos en el último ejercicio. Ante este desplome de las fuentes habituales de financiación, el Ejecutivo chino busca capturar el excedente acumulado por las élites económicas para sostener el presupuesto público y dirigir los recursos hacia la planificación estratégica del Plan Quinquenal, que prevé destinar cerca de 300.000 millones de dólares a infraestructuras tecnológicas, semiconductores e inteligencia artificial.
La reorientación forzosa de la inversión hacia las prioridades fijadas por el Estado coincide con un deterioro de la actividad en el sector privado no prioritario y la concentración del crecimiento en industrias estratégicas. Una encuesta elaborada en julio de 2026 por el Dacheng Enterprise Research Institute entre 79 directivos de medianas y grandes empresas, difundida por el South China Morning Post, señala que más del 70 % de los empresarios califica la coyuntura de “difícil o muy difícil”, mientras un 60 % denuncia impagos de sus clientes. Frente a la desaceleración general del consumo y las dificultades financieras de las administraciones locales para abonar salarios públicos en las provincias del interior, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) exige a las empresas adaptar su actividad a los planes oficiales de autosuficiencia tecnológica y contención de riesgos financieros.
