Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro en plena campaña electoral de EEUU

La Fiscalía de Florida emitió este lunes una orden de arresto contra el General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Raúl Castro Ruz, de 95 años, acusado de “conspiración para cometer asesinato en primer grado” por el derribo de dos avionetas de la organización anticubana “Hermanos al Rescate” el 24 de febrero de 1996. La orden, anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, se basa en una acusación federal presentada en mayo que ya imputaba al exmandatario cubano por cuatro cargos de “asesinato”, dos de “destrucción de aeronaves” y uno de “conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses”.

Según la acusación estatal, Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dio la autorización final para el derribo. Agentes de la Dirección de Inteligencia cubana integrados en la Red Avispa habían infiltrado la organización opositora Hermanos al Rescate e informado sobre los planes de vuelo. El propio Uthmeier reconoció el carácter simbólico de la medida: “No soy ignorante del hecho de que Raúl Castro es un hombre mayor que probablemente no está buscando marchar él mismo a Miami. Creo que otros lo llevarían ante un tribunal antes, pero al final del día, estamos listos para procesar el caso”.

La orden de arresto, que restringe la capacidad de Castro para salir de Cuba y viajar a países con tratados de extradición con EEUU, se produce en un contexto de máxima tensión. La administración de Donald Trump ha intensificado su campaña de presión contra la isla, incluyendo un bloqueo que estrangula los envíos de combustible y ha provocado apagones severos y una crisis económica sin precedentes. Trump ha insinuado que Cuba podría ser el próximo objetivo militar de EEUU tras la agresión contra Venezuela, y ha calificado a la isla de “Estado canalla”. La acusación federal de mayo ya fue interpretada por analistas y por el propio gobierno cubano como un pretexto para un posible ataque militar. El congresista demócrata Gregory Meeks advirtió en mayo que la imputación “parece menos una búsqueda de justicia y más un pretexto para una escalada, potencialmente incluso una invasión ilegal de Cuba”.

Miguel Díaz-Canel: “Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución”

La respuesta de La Habana no se ha hecho esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel, en una publicación en la red social X, calificó la orden de arresto como un “patético circo miamense, con trasfondo electoral”, y aseguró que “no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”. “Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución”, añadió el presidente, afirmando que “es una maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba”, y la enmarcó en “el afán agresivo y los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo”.

El canciller Bruno Rodríguez, por su parte, denunció una “nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida”, y la describió como un reflejo de “la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores para que sigan contribuyendo con colectas y financiamiento”. Las autoridades cubanas han recordado que las avionetas de Hermanos al Rescate violaron reiteradamente el espacio aéreo cubano y que la Cancillería alertó en 25 ocasiones a Washington sobre el peligro de esas operaciones, sin recibir respuesta. El derribo se produjo en un contexto de provocaciones y atentados por parte de una organización cuyo fundador, José Basulto, fue entrenado por la CIA para acciones armadas contra la isla.

Más allá de su valor jurídico nulo (Castro no será extraditado y difícilmente pisará un tribunal estadounidense si las tropas estadounidenses no invaden en país), la orden de arresto cumple una función política precisa. Por un lado, alimenta la base electoral anticubana del sur de Florida en un momento de campaña interna de las elecciones de medio mandato en EEUU. Por otro, construye el relato necesario para justificar la continuación del bloqueo económico, que constituye una violación flagrante del derecho internacional y un castigo colectivo contra el pueblo cubano. La acusación forma parte de una ofensiva general que incluye la militarización del Caribe y la amenaza de una intervención directa. Mientras Washington escenifica un proceso judicial imposible, Cuba sigue padeciendo un bloqueo que asfixia su economía y golpea a su población.