Radiografía de un Estado autoritario: prohibiciones, proclamas estudiantiles y crisis política en Francia

La gobernabilidad del Estado francés está fallando por todas partes. En los últimos días se han abierto numerosos frentes y, una vez más, el Gobierno francés ha adoptado medidas políticas autoritarias con el objetivo de sofocar la crisis social, cada vez más evidente, que atraviesa el país. Con Sébastien Lecornu al frente, los ministros están imponiendo prohibiciones y lanzando amenazas. El martes, el primer ministro y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunciaron que militarizarían las calles. Sin embargo, las reacciones de los trabajadores no se han hecho esperar y, en lugar de amedrentarse, han salido a la calle en distintos lugares.

Militarización de las calles, llamamientos a la colaboración, toques de queda y ataques a la libertad de expresión

En unas declaraciones realizadas el martes al mediodía, Nuñez anunció que el próximo sábado, 24 de octubre, movilizarán a las fuerzas militares. Lo hizo después de que Lecornu afirmara que las fuerzas policiales tomarían las calles de forma “masiva”: “Por supuesto, movilizaremos a las fuerzas especiales Sentinelle”. Además, Nuñez afirmó con indiferencia que no dudarán en prohibir diversas manifestaciones, tengan o no autorización.

Por otra parte, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una aplicación para que la ciudadanía colabore con la Policía. La Prefectura de Policía informó de ello el martes. Gracias a esta aplicación, los ciudadanos que actúen como vigilantes podrán enviar directamente a la Policía imágenes de los rostros de quienes participen en acciones durante las protestas. No obstante, las páginas web de la aplicación y las de varias prefecturas sufrieron ciberataques que consiguieron dejarlas fuera de servicio durante varias horas este miércoles.

De este modo, y mediante otras muchas medidas, los derechos y libertades más fundamentales de la ciudadanía están siendo eliminados de golpe, de un día para otro. De hecho, por segunda noche consecutiva, el martes las prefecturas impusieron toques de queda en varias ciudades. La prohibición estuvo vigente, entre otras, en París y Lyon (Auvernia-Ródano-Alpes): respectivamente, desde las 23:00 del martes hasta las 06:00 del miércoles, y desde las 21:00 hasta las 06:00.

Por si fuera poco, en Lyon se prohibieron las manifestaciones a partir de las 16:00 del martes. La prohibición continuó vigente el miércoles y también el jueves. En Marsella (Provenza-Alpes-Costa Azul), por su parte, se impuso un toque de queda a los menores de edad desde las 22:00 del martes hasta las 05:00 de la madrugada de ayer. Esta restricción, además, seguirá en vigor al menos hasta el viernes. En Niza (Provenza-Alpes-Costa Azul) y Burdeos (Nueva Aquitania) han actuado de forma similar: desde el martes y hasta el próximo lunes, el toque de queda estará vigente todos los días, de 21:00 a 06:00 en Niza y de 22:00 a 07:00 en Burdeos.

Limitar los derechos de circulación y manifestación no es suficiente para el Gobierno: la libertad de expresión también está en el punto de mira. Hay tres indicios principales que permiten sostener esta afirmación.

En primer lugar, se está criminalizando a los manifestantes y ocultando sus reivindicaciones políticas. De hecho, las sanciones han comenzado rápidamente: durante el fin de semana fueron detenidas más de 2.500 personas. En París se están imponiendo penas de prisión de entre dos y ocho meses, así como prohibiciones de visitar la capital. También se está retirando temporalmente el derecho a manifestarse en determinados territorios.

En segundo lugar, el conflicto ha estallado en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. El lunes, la periodista Isabelle Laporta, del canal LCI, fue despedida tras discutir con un miembro del partido Renaissance. ¿El motivo? Haber criticado la gestión de Macron. En principio, no aparecerá ante las cámaras durante una semana. Además, los sindicatos de periodistas de la televisión pública han acusado al servicio público de “propaganda” y “manipulación” por la cobertura realizada durante las protestas del fin de semana.

En tercer lugar, el Gobierno ha planteado la posibilidad de prohibir y bloquear las redes sociales, así como de interceptar mensajes cifrados. Lecornu ha mencionado TikTok y Snapchat con el pretexto de que los manifestantes utilizan estas plataformas para informar en tiempo real sobre la ubicación de la Policía.

Las movilizaciones del martes y los anuncios para el sábado

Las declaraciones y prohibiciones no han amedrentado a quienes luchan. El martes, varios sindicatos estudiantiles protagonizaron otra jornada de movilización en los campus de distintas universidades. Se celebraron movilizaciones multitudinarias en Burdeos, Saint-Denis (Isla de Francia) y Rennes (Bretaña). En la Universidad de Burdeos, por ejemplo, los estudiantes bloquearon los accesos a dos facultades y 1.000 alumnos participaron en una asamblea general. Allí decidieron bloquear la universidad, impidiendo así la realización de varios exámenes. En Saint-Denis, estudiantes de secundaria y trabajadores de la enseñanza se concentraron conjuntamente frente a la comisaría para exigir la liberación de los estudiantes detenidos. En Rennes, pese a que las manifestaciones estaban prohibidas, unos 400 estudiantes recorrieron las calles de la ciudad para reivindicar la necesidad de libertades políticas y exigir mejoras en el ámbito educativo. Recorrieron dos kilómetros por las calles de la ciudad, hasta que la Policía retuvo a varias personas y disolvió la manifestación.

En Lyon también salieron a la calle 750 estudiantes

Aunque se encuentran en periodo de vacaciones de otoño, los colectivos estudiantiles de secundaria y universidad han convocado movilizaciones para hoy, día 22, en varios territorios. Es, por tanto, una nueva jornada de lucha, pero las prefecturas locales están declarando ilegales las manifestaciones.

En cualquier caso, se ha hecho un llamamiento a salir a la calle el sábado. Ese día tendrá lugar la Segunda Ofensiva de los movimientos de los Chalecos Amarillos. Continuarán denunciando el encarecimiento de la vida, pero centrarán especialmente sus reivindicaciones en la campaña de criminalización impulsada por las estructuras del Estado y en la impunidad policial. El movimiento pretende mantener esta oleada de movilizaciones hasta la gran jornada de huelga del 5 de noviembre. Asimismo, el sábado exigirán la dimisión de Macron.

Por otro lado, la situación en Orleans (Centro-Valle del Loira) ha generado especial controversia. El partido de extrema derecha Rassemblement National celebrará allí su congreso el sábado y se espera la asistencia de 10.000 militantes y afiliados. Por este motivo, el alcalde de la localidad ha pedido a Lecornu que adopte “medidas de seguridad excepcionales”. En resumidas cuentas, y a la vista de la respuesta política del Gobierno, se espera una gran jornada de lucha el sábado.

Cuando las movilizaciones políticas y la criminalización desembocan en una crisis política

Entre 550.000 y 800.000 personas. Hasta ahora, estas son las cifras que se han manejado para calcular cuántas personas participaron el pasado fin de semana en las protestas contra el encarecimiento de la vida.

Como suele ocurrir en Francia, las convocatorias centralizadas organizadas con antelación no fueron las más multitudinarias. Por el contrario, amplios sectores de la clase trabajadora y del estudiantado respondieron espontáneamente y cientos de miles de personas se congregaron por todo el país.El presidente Macron, sin embargo, ha atribuido la responsabilidad de organizar las protestas a la “extrema izquierda organizada”. Además, sostiene que las movilizaciones pretenden “destruir” la República. En los últimos días, otras figuras políticas han realizado declaraciones similares, entre ellas Marine Le Pen, de Rassemblement National, y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. El primer ministro Lecornu ha hablado de un “intento de insurrección”, mientras que la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon (Renaissance), ha afirmado directamente que detrás de las protestas hay “basura”. Asimismo, Macron ha vinculado las movilizaciones del fin de semana al partido político La France Insoumise (LFI). Gérard Larcher, presidente del Senado francés, declaró que, si LFI estuviera detrás de las protestas, “habría que estudiar la posibilidad de disolver el partido”.

Además, el medio de comunicación Mediapart hizo pública el martes una conversación entre un alto cargo de la Policía y varios agentes. En ella, el agente se quejaba de que los servicios de inteligencia supuestamente estaban pidiendo a los policías que escribieran que LFI se encontraba detrás de las protestas. La filtración ha provocado una crisis política y ha situado a Lecornu y Darmanin en el centro de las críticas. No se trata de algo nuevo: desde el fin de semana, otros cargos electos han acusado al Gobierno de ser “incapaz” de proteger el orden público y la propiedad privada. Como consecuencia de esta presión, el ministro del Interior, Nuñez, presentó su dimisión durante el fin de semana, pero Macron no la aceptó. Por este motivo, el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha condenado estas declaraciones y acontecimientos durante los últimos tres días. Ha acusado a Lecornu de intentar difamarlo y ha llamado a apoyar las movilizaciones.

No obstante, Mélenchon también ha pedido actuar con “moderación” y “calma”, y ha declarado que “nuestra lucha no tiene nada que ver con los saqueos”, según él, para “evitar que se rompa la unidad” entre quienes participan en las movilizaciones.

En las calles francesas y en las redes sociales, más allá de los debates y los escándalos parlamentarios, cada vez son más las personas que hablan del desmantelamiento del Estado de derecho y, en consecuencia, del final de un régimen que garantizaba determinados derechos y libertades políticas a una parte de la población. Así, numerosos manifestantes y ciudadanos afirman que se está construyendo un “Estado autoritario” y consideran que las reacciones políticas de los últimos días apuntan en esa dirección: las garantías democráticas están siendo eliminadas mediante la represión. Sin embargo, la clase trabajadora ya ha tomado una decisión: combatirá el encarecimiento de la vida y la violencia policial mediante huelgas y movilizaciones en las calles.