La Fiscalía pide 93 años a un militar de Nafarroa por agredir sexualmente a menores a través de Instagram
El acusado, de 39 años y destinado en Aizoain, se hacía pasar por un menor para embaucar a víctimas de 13 y 14 años; los investigadores hallaron 3.003 archivos de pornografía infantil en sus dispositivos.
La Fiscalía navarra solicita una pena de 93 años de prisión para un militar profesional de 39 años destinado en el acuartelamiento de Aizoain (Nafarroa), según recoge Noticias de Navarra. El Ministerio Público le acusa de delitos continuados de agresión sexual virtual a menores de 16 años, embaucamiento de menores para producir material pornográfico (sexting), elaboración de pornografía infantil y provocación sexual. El juicio se celebrará en las próximas fechas en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.
El acusado, que no tenía antecedentes penales registrados, utilizó la red social Instagram para contactar con al menos tres chicas y un chico de entre 13 y 14 años, a los que ocultó su verdadera identidad para ganarse su confianza. El relato de la acusación describe una dinámica de manipulación y abuso de poder sistemática. El militar se haría pasar por un menor de 17 años para embaucar a las víctimas y conseguir que le enviaran imágenes y vídeos de contenido sexual.
Muchas de las víctimas presentaban situaciones de alta vulnerabilidad previa, que el acusado habría aprovechado para darles instrucciones expresas sobre las prácticas sexuales que debían grabarse y autoproducirse. Para ello, habría utilizado tres cuentas falsas, cambiando de identidad y de género según le convenía, y les remitiría previamente imágenes suyas desnudo o en actitudes sexuales para coaccionarlas. La acusación afirma que el acusado conocía la edad real de las menores y fingía otra identidad para ganarse su confianza y empezar a exigir las prácticas sexuales online.
La investigación, que se encuentra en prisión provisional desde el 27 de marzo de 2025 por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea, permitió incautar el teléfono móvil del acusado el 21 de febrero de 2025. En sus dispositivos, los agentes encontraron 3.003 archivos de contenido audiovisual protagonizados por menores de edad, en escenarios que evidencian explotación, sometimiento y abuso sexual, incluyendo agresiones de contacto físico con adultos. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita la prohibición de acceso a Instagram y a sus perfiles, órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas durante más de 30 años, y una indemnización de entre 30.000 y 40.000 euros por las secuelas psicológicas.
La punta del iceberg de la violencia sexual en las fuerzas armadas y policiales
Paralelamente, un guardia civil ha sido condenado, también en Iruñea, por violar y controlar a su pareja con discapacidad del 52%, lo que deja entrever un iceberg de una violencia machista estructural en FFCCS del Estado. En la misma ciudad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) denunció el pasado enero que la Policía Nacional manipuló pruebas de dos violaciones, presumiblemente por vínculos personales de algunos agentes con los implicados. A nivel estatal, los datos del fanzine SinPoli evidencian que los policías son el cuerpo de funcionarios con más condenados por delitos graves, pero su tasa de condenas es hasta tres veces inferior a la de la población general, lo que revela un “enorme manto de encubrimiento” institucional. Prueba de esta sobrerrepresentación letal es que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina en 2026. A esto se suman las numerosas tramas de narcotráfico que salpican a altos mandos y el uso irregular del sistema VioGén en Santander y Granada para proteger a agresores, un caso que, precisamente esta misma semana, la Fiscalía ha considerado “no constituyente de delito”.
