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La clase obrera italiana se echa a la calle contra la guerra y la carestía

La huelga general convocada por USB y los Cobas paraliza más de 50 ciudades y coincide con un paro internacional de 100 puertos contra el tráfico de armas.

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Foto: Contropiano
Foto: Contropiano

La huelga general convocada por la Unione Sindacale di Base (USB) y secundada por la Confederazione dei Comitati di Base (Cobas) y otras siglas paralizó este viernes más de 50 ciudades italianas contra la carestía, la precariedad y la economía de guerra impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, según los comunicados de los convocantes y la cobertura de ANSA, Il Sole 24 Ore y Contropiano.

USB cifró la participación en 1,5 millones de personas en las plazas y al menos un millón de trabajadores adheridos, mientras el Viminale (Ministerio del Interior) contabilizó alrededor de 255.000 manifestantes. En Roma, el corteo principal contó con al menos 100.000 personas según USB y 50.000 según las autoridades; en Milán, al menos 40.000; en Bolonia, 80.000; en Nápoles, 30.000; en Génova, 20.000; en Livorno, más de 15.000. El lema central fue “Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto!” (“¡Bajad las armas, subid los salarios. Bloqueamos todo!”). La CGIL, CISL y UIL no se sumaron a la convocatoria; la CGIL tiene prevista su propia movilización para el 20 de noviembre.

El Gobierno de Meloni trató de contener la protesta por dos vías. Por un lado, el ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, firmó una orden de precettazione (aplazamiento obligatorio) del transporte público, ferroviario, aéreo, taxis y autopistas para el día completo, basándose en el periodo de prohibición de huelgas ligado a la conmemoración de los difuntos y en una señalización de la Commissione di Garanzia. La orden, la número 204 T, fue calificada de ilegítima por USB, que advirtió a los trabajadores de sanciones de entre 500 y 1.000 euros por persona si no la acataban. Trenitalia, Italo, Trenord, ATAC y ATM confirmaron que el servicio funcionó con regularidad. El resultado fue que el transporte apenas se vio afectado, aunque hubo cortes de calles y ocupaciones de vías como la Tangenziale Est de Milán durante casi tres horas y la tangenziale de Bolonia durante tres kilómetros.

La segunda vía gubernamental para tratar de romper la huelga fue la que Contropiano denomina “campaña de terror mediático” y “represión preventiva” para disuadir a los manifestantes, que, según el medio, “no funcionó”. Se apoyó en un repertorio que combina leyes especiales, detención preventiva y presencia militar. El Gobierno aprobó por decreto ley, evitando el Parlamento, la detención preventiva de menores de 14 a 18 años y penas de hasta cinco años de cárcel por “participación violenta” en manifestaciones, al tiempo que desplegó al Ejército en las calles.

La jornada tuvo también una dimensión internacional significativa. Más de 100 puertos de una veintena de países secundaron el primer paro internacional de trabajadores portuarios contra el tráfico de armas, según USB. En Génova, miles de personas se concentraron en el varco Albertazzi y los manifestantes entraron en el área portuaria tras una espera de dos horas; en Livorno, más de 15.000 personas hicieron cordón alrededor de los portuarios y del puerto y detuvieron todas las operaciones, según reporta Contropiano. La convocatoria portuaria internacional se extendió a Melbourne, Veracruz, Mumbai, El Pireo, Estambul y los principales puertos del norte de Europa, México e India.

En Italia, la mayoría de los cortes no registró incidentes. Por lo demás, la jornada dejó altercados en Roma y Turín al final del día, con lanzamiento de objetos, cargas policiales, cañones de agua y contenedores quemados, y en Vicenza la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua contra una manifestación que intentaba bloquear la carretera; los organizadores informaron de tres manifestantes heridos, uno de ellos alcanzado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, afirmó que “se garantizó el derecho a manifestarse pese a algunos violentos”.

El contenido de la protesta desbordó el marco sindical de concertación clásico. Los convocantes exigieron la subida de salarios directos, indirectos (servicios públicos) y diferidos (pensiones), la bajada de los alquileres, la energía y los alimentos, y el rechazaron el rearme y al gasto militar. USB citó una pérdida de poder adquisitivo de los salarios del 9,4% desde 2021, la cifra de 5,4 millones de personas en pobreza absoluta (alrededor del 10% de la población) y un alquiler medio de unos 990 euros.

En varias ciudades, las proclamas se unieron con las diferentes causas de los pueblos del mundo, como el genocidio en Palestina, y portaron pancartas contra el gasto militar y los acuerdos con Israel; en Treviso se lanzaron huevos contra la sede de Confindustria como “sanción” por “las pésimas condiciones de trabajo y la financiación de la industria bélica”; en Turín, un grupo de agricultores descargó estiércol frente al Ayuntamiento contra el rearme. Contropiano sostiene que la jornada muestra “una ruptura social” que se está consolidando en “fractura política entre la mayoría de la población y el Gobierno Meloni”, y recuerda que “buena parte del recorte social previo, sobre pensiones, artículo 18, falta de indexación de salarios y pensiones, vino del PD, de los gobiernos técnicos y de la política sindical-patronal adoptada por CGIL, CISL y UIL”.

Los organizadores de la huelga del 30 de octubre han anunciado una asamblea nacional en Roma el 1 de noviembre bajo el lema “Preparemos la expulsión del Gobierno Meloni”.