La UE respalda a los jueces que tomaron el Tribunal Constitucional polaco con la policía

La jueza Anna Korwin-Piotrowska, cercana a la línea europeísta, asumió el pasado viernes la dirección del Tribunal Constitucional (TC) de Polonia tras suspender al presidente y al vicepresidente del órgano y tomarlo con el apoyo de la Policía, convocó este lunes a la Asamblea General de Jueces para tratar de encauzar el conflicto abierto por el control del alto tribunal. La reunión está prevista para este martes 3 de noviembre a las 15:30 en la sede del organismo en Varsovia, según Euronews.

Korwin-Piotrowska advirtió a los magistrados en la radio pública polaca de que “es obligación de todo juez participar en las Asambleas Generales”, según EFE. La Asamblea General es el órgano colegiado de gobierno interno del TC, integrado por sus 15 magistrados, que decide sobre la organización interna y puede autorizar el levantamiento de la inmunidad de jueces y decidir sobre la extinción de sus mandatos si los dos tercios de sus integrantes así lo aprueban. La incógnita principal es el quórum: según las normas citadas por Korwin-Piotrowska, es necesaria la asistencia de dos tercios del número total de magistrados, lo que con 15 plazas legales supone 10 jueces. Existen dudas sobre cómo contabilizar a los magistrados por la suspensión de Święczkowski y Sochański y por la disputa sobre el juez Jarosław Wyrembak. Korwin-Piotrowska ha señalado que corresponderá a la propia Asamblea resolver esta cuestión y ha anunciado su intención de ampliar el orden del día para incluir “el sorteo” de los integrantes de los tribunales disciplinarios encargados de examinar los casos de Święczkowski y Sochański.

La Comisión Europea apoya de facto a Korwin-Piotrowska

El respaldo de Bruselas a la posición del Gobierno del primer ministro Tusk ha sido tácito. La Comisión Europea pidió a Varsovia que garantice que el Tribunal Constitucional pueda funcionar “de conformidad con la Constitución polaca y con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE”, según declaró un portavoz a la agencia AFP. Esa petición avala a Korwin-Piotrowska y a los magistrados elegidos por el Sejm, el mismo grupo que el viernes ordenó que se suspendiera la cúpula del TC y cuyo despliegue contó con la Policía en el exterior del edificio. El primer ministro Donald Tusk defendió este lunes que “resolver la crisis no requiere modificar la Constitución” y que el presidente Karol Nawrocki “debería reconocer a los jueces elegidos legalmente por el Sejm y permitir que comiencen a ejercer sus funciones”. La Comisión Europea avala así la posición de Tusk, aunque existe una contradicción de fondo entre la Constitución polaca, que confiere al presidente el derecho de veto sobre los nombramientos, y la primacía del derecho comunitario que Bruselas invoca. El anterior Gobierno de PiS defendió la prevalencia de la legislación polaca sobre la europea y Bruselas aplicó sanciones a Polonia y Hungría, aunque las que pesaban sobre Varsovia se perdieron por el camino para asegurarse el alineamiento polaco ante la guerra de Ucrania.

El sector afín a PiS afirma que la suspensión de Święczkowski y Sochański es un “golpe de Estado” y considera que la intervención de Bruselas avala esa toma del tribunal. El presidente Nawrocki, afín a PiS, sostiene que las actuaciones llevadas a cabo en el TC vulneran el orden constitucional y constituyen un intento de hacerse con el control de la institución por la fuerza.

La batalla por el control del aparato judicial

Esta crisis responde a una división política en dos bandos dentro del TC. De un lado está el grupo nombrado en la anterior legislatura por el partido ultraconservador y euroescéptico Ley y Justicia (PiS) entre 2015 y 2023, en el que se integran Święczkowski y Sochański. Enfrente está el grupo de magistrados elegidos en esta legislatura por el Sejm, donde ostenta la mayoría la coalición que dirige Tusk, conservador-liberal y proeuropeísta, y dentro de ese grupo se encuentra Korwin-Piotrowska. El conflicto alcanzó un punto álgido cuando Nawrocki rehusó tomar juramento a cinco de los ocho nuevos magistrados, incluida Korwin-Piotrowska. Święczkowski utilizó esa falta de juramento formal como pretexto para impedirles ejercer su cargo y vetar su entrada física en la institución. Como respuesta, Korwin-Piotrowska ordenó el pasado viernes la suspensión cautelar durante un mes de la cúpula del TC, medida que el sector afín a PiS ha calificado de “golpe de Estado” y que el Gobierno justifica como la “restauración del Estado de derecho”. La Fiscalía ha solicitado que se retire la inmunidad a ambos magistrados. El Gobierno polaco sostiene que las medidas buscan restablecer el funcionamiento del TC y “respetar los nombramientos realizados por el Parlamento”. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, ha expresado su intención de que el Tribunal vuelva a examinar las cuestiones en las próximas semanas y ha llamado la atención sobre los retrasos acumulados en la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos.

La crisis constitucional en la calle

Święczkowski se personó el lunes ante la sede del TC y pidió a los agentes que le ayudaran a entrar y a desalojar a los “usurpadores” que, a su juicio, ocuparían ilegítimamente el edificio. “Tengo el deber de entrar en el edificio en el que ejerzo mi función y en el que decidimos sobre los derechos y libertades de los ciudadanos”, declaró. La policía no ejecutó la orden y el magistrado advirtió a los agentes de posibles consecuencias penales por su inacción: “Como exfiscal les daré un consejo legal: el hecho de que permanezcan pasivos no significa que no cometan delitos, los llamados delitos de omisión”. Al parecer, también habría grietas entre los mandos policiales sobre el comportamiento a seguir.

Durante la noche del viernes al sábado, Nawrocki acudió a la sede tras interrumpir una visita oficial a Senegal y se produjeron discusiones y empujones en la entrada en los que participaron el presidente y un grupo de jueces. Algunos asistentes intentaron cortar las cadenas que cerraban la verja con una radial. Nawrocki ha iniciado una ronda de consultas con representantes de los grupos parlamentarios, pero a la reunión del sábado no asistieron miembros de Coalición Cívica ni de La Izquierda. La reunión de la Asamblea General de este martes podría marcar el rumbo de la crisis, pero sigue sin estar claro si podrá adoptar decisiones válidas: las discrepancias sobre la situación de varios jueces y la composición del Tribunal podrían dificultar el desarrollo de la reunión y prolongar el enfrentamiento institucional.