Origen, forma y resultados de la huelga y otras formas de lucha proletaria

“Lo curioso es que, en esta clase de partida de ajedrez, parece que solo un jugador aprovecha las partidas anteriores, poniendo en jaque al otro con un rigor que, a falta de inventiva, tiene el mérito de resultar eficaz, como si su oponente, de una partida a otra, fuera incapaz de detectar las trampas siempre idénticas que se le tienden, por la sencilla razón de que no conserva ningún recuerdo de las partidas anteriores”.

Jean-Paul Goux, Memorias del Enclave, Le Monde Diplomatique.

Históricamente, desde que el capitalismo comenzó a ser hegemónico a nivel mundial, los trabajadores se han visto obligados a reflexionar acerca de diferentes herramientas y mecanismos de lucha que han tenido que emplear para defender y/o conquistar sus derechos frente a sus explotadores y opresores. La historiografía estudiada, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, muestra infinidad de casos en los que diferentes movimientos han teorizado y aplicado conocimientos anteriores, demostrando así empíricamente la lógica de los fundamentos sobre los que se da forma a dichos mecanismos de lucha y su efectividad. Asimismo, observar y estudiar esos episodios y los que han llegado posteriormente, ofrece herramientas para poder entender y pensar sobre las formas de lucha que se emplean hoy en día. En este sentido, la huelga general por la vivienda (la primera presentada por los sindicatos mayoritarios en 14 años en el Estado español), ofrece una oportunidad para reflexionar sobre experiencias históricas en las que se han aplicado diferentes mecanismos de lucha, junto a algunas formulaciones que se teorizaron sobre estos. 

La coalición y la huelga económica

Comenzando por el Reino Unido en el periodo inmediatamente anterior a la revolución industrial, a raíz de ciertos episodios de organización del proletariado, clase que se estaba consolidando con la rápida proliferación de la industria, las llamadas Combination Acts de 1799 y 1800 prohibieron que los trabajadores se pusieran de acuerdo para no vender su fuerza de trabajo por debajo de un precio determinado, y la coalición obrera fue delito ante ciertas dificultades impuestas por los empresarios de la época para bajar el salario lo máximo posible a los trabajadores. Esos acuerdos entre obreros buscaban que los trabajadores limitasen la capacidad del empleador para aprovecharse de la desesperación de aquellos trabajadores en paro, sin ninguna posibilidad de sustento, tuvieran que aceptar un salario menor. Posteriormente, cuando se consiguió revocar esta ley en 1824, se documentó cómo los obreros ingleses sacrificaban parte de su salario para sostener sus asociaciones y cómo llamaban movilizaciones y huelgas laborales de manera que pudieran sostenerlas durante más tiempo que en las décadas anteriores, dando paso a lo que posteriormente se formalizarían como cajas de resistencia. De hecho, ya en 1845 tanto Karl Marx como Friedrich Engels y otros autores contemporáneos habían descrito que las huelgas de aquellos sindicatos se perdían a menudo, pero que preparaban a los obreros para conflictos mayores y servían de herramienta para profundizar en la organización de los trabajadores.

En este sentido, se observa que la forma que fue tomando la huelga en esos años, se dio mayoritariamente bajo la premisa de conseguir objetivos concretos, y afectando a la producción o la distribución de manera directa mediante la participación en masa del proletariado, bien a escala de fábrica o bien de manera intersectorial. Así, de este planteamiento emerge de manera sintética y sencilla la ecuación de que cada día de paro, la empresa deja de producir y el trabajador deja de cobrar, de modo que el conflicto se resuelve a favor de quien resiste más tiempo. Un ejemplo pionero fue la huelga general cartista de 1842 en Gran Bretaña, caracterizada por los Plug Plot Riots, donde los trabajadores empleaban tácticas de sabotaje como extraer los tapones de las calderas para detener la maquinaria industrial y forzar el cese de la producción capitalista.

La conflictividad organizada en torno a objetivos económicos fue escalando de manera significativa a lo largo del siglo XIX, y es que a medida que la opresión de clase se mostraba de manera cada vez más cruda, también se profundizaba en los mecanismos de defensa de los desposeídos. Un estudio de Vladimir Lenin de 1910 muestra cómo cada huelguista ruso paró una media de 4,8 días entre 1895 y 1904; entre 1894 y 1898, la media fue de 10,3 días en Italia, de 12,1 en Austria, de 14,3 en Francia y de 34,2 en Gran Bretaña, siendo este último el país de la serie en el que los sindicatos estaban más consolidados y llevaban más tiempo permitidos por ley y estableciendo una correlación positiva entre el grado de organización de los trabajadores y la mayor capacidad que esto les daba para poder mantener las huelgas durante un mayor tiempo, y las posibilidades de conseguir sus objetivos.

Luchas salariales y vivienda

El 14 de agosto de 1889, una disputa sobre las primas de descarga en los muelles de las Indias Occidentales inició una huelga que se extendió a entre 75.000 y 100.000 trabajadores del puerto de Londres. Eran en su mayoría jornaleros que se contrataban cada mañana, y pedían 6 peniques por hora en lugar de 5 y 8 peniques por las horas extra. El sindicato que dirigió la huelga no tenía fondos, y a finales de agosto el comité tenía dificultades para alimentar a los huelguistas y a sus familias. La situación cambió con las remesas aportadas por los sindicatos australianos, que según el Trade Union Congress (TUC) sumaron 30.000 libras y ya alcanzaban las 24.000 a 22 de septiembre. Tras 5 semanas, las compañías se vieron obligadas a aceptar la mayor parte de las reivindicaciones, incluida la tarifa de 6 peniques, un 20 % más por hora ordinaria. Repartidas entre 75.000 y 100.000 huelguistas, las 30.000 libras australianas equivalen, a entre 6 y 8 chelines por persona, lo que un estibador ganaba en 12 a 16 horas con la nueva tarifa. En los meses siguientes, el nuevo sindicato de estibadores afilió a cerca de 20.000 hombres solamente en Londres. Con varios episodios similares registrados durante esos años, el número de huelgas en el Reino Unido pasó de 517 en 1888 a 1.211 en 1889, postulándose como un mecanismo eficaz si de verdad se amenazaba la producción capitalista.

En un ejemplo con una motivación diferente, a principios de febrero de 1919, Riegos y Fuerzas del Ebro, la filial de la Barcelona Traction conocida como La Canadiense, despidió a trabajadores de su sección de facturación, y la plantilla paró en solidaridad. La lucha se extendió a la producción y la distribución de electricidad, hasta el punto en el que, según una reconstrucción del grupo Geocrítica de la Universidad de Barcelona la ciudad se quedó sin luz, sin tranvías y sin periódicos. El 9 de marzo, el capitán general Joaquín Milans del Bosch, apoyado por la patronal formó grupos parapoliciales denominados como somatén y aplicó el pistolerismo para frenar la lucha aprovechando el estado de guerra impuesto por el Gobierno central, encarcelando a más de 4.000 personas. A pesar de la dura represión, el movimiento obrero continuó la lucha hasta que el 17 de marzo se firmó un acuerdo que liberaba a los detenidos, readmitía a los huelguistas sin represalias, subía los salarios, pagaba la mitad de los jornales perdidos y fijaba la jornada máxima de 8 horas.

La CNT convocó el 24 de marzo una segunda huelga general por los presos políticos que seguían en manos de la justicia militar, pero a diferencia del caso anterior, esta vez no logró su objetivo. Aun así, el 3 de abril, un real decreto extendió la jornada de 8 horas a todos los trabajos a partir del 1 de octubre de 1919, y en el mismo periodo, la CNT pasó de 80.541 afiliados en 1918 a 845.805 en su congreso de diciembre de 1919 multiplicando por más de diez ese número.

Con la cuestión de la vivienda, en Glasgow, en 1915 (en el contexto de la Primera Guerra Mundial), la creciente demanda de trabajadores en los astilleros y fábricas de munición provocó una escasez de casas que llevó a a los caseros a aprovecharse de la situación incrementando los precios. En ese momento, los inquilinos, organizados, dejaron de pagar los aumentos de renta mientras los obreros de la industria de guerra amenazaban con parar poniendo en jaque a una de las industrias más importantes del momento. Tras una escalada del conflicto en noviembre con el encausamiento judicial de varios de los trabajadores, se llamó a la huelga y acto seguido, en diciembre, el gobierno central aprobó la Rent and Mortgage Interest (War Restrictions) Act, que limitó los aumentos de los alquileres, puesto que se estaba poniendo en peligro la maquinaria bélica del país.

El repertorio de huelgas por la vivienda cuenta con más evidencia en décadas posteriores. En 1960, más de 2.000 inquilinos de viviendas públicas en el distrito londinense de St. Pancras paralizaron sus pagos en respuesta a la imposición de esquemas de rentas diferenciales, detonando marchas de solidaridad de más de 14.000 obreros. Posteriormente, en 1975, el complejo residencial Co-op City de Nueva York materializó la huelga de alquileres de mayor escala registrada hasta la fecha: más de 12.000 familias retuvieron el pago de sus cuotas durante más de un año en protesta contra unos recargos de mantenimiento que alcanzaban el 25 %, logrando finalmente retener el control financiero del complejo de apartamentos tras forzar la intervención del Gobierno estatal.

La vigencia estadística de la sobrecarga del alquiler subraya la persistencia de esta extracción de rentas. Según Eurostat, en 2024 el 8,2 % de la población de la Unión Europea vivía en hogares que destinaban más del 40 % de su renta disponible a la vivienda. Esta presión financiera se exacerba estructuralmente sobre el proletariado sin patrimonio: entre los inquilinos con alquiler a precio de mercado, la proporción se eleva al 19,2 %, 2,3 veces mayor que la media poblacional. En el Estado español, las series del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuantifican la violencia económica rentista derivada de esta carga contabilizando 25.540 lanzamientos judiciales (desahucios) efectivos durante el año 2025, de los cuales el 71,7 % derivó del impago de rentas de alquiler. 

De la “huelga económica” hacia la “huelga política”

La evolución de la huelga económica hacia la huelga política responde a los límites intrínsecos de la lucha de clases en las relaciones capital-trabajo. Partiendo de las experiencias de los incios del siglo XIX, diversas corrientes historiográficas dedujeron que la lucha sindical es imprescindible para impedir que la fuerza de trabajo sea retribuida por debajo de su valor histórico, pero advierten que este concepto quedaba limitado únicamente a ser una forma defensiva que el trabajador podía emplear en aquellos casos en los que la forma concreta de explotación ya estaba determinada, estaba sucediendo y no se ponía en duda su origen. Se trata, por definición, de una resistencia contra las consecuencias distributivas del sistema salarial y no contra sus causas estructurales.

Esta limitación material repercute de forma directa en el nivel de organización y en el desarrollo subjetivo del proletariado. A medida que avanzaba la reflexión colectiva que apuntaba en la dirección de la superación del sistema capitalista, se observaba que cualitativamente, las experiencias habidas en torno a las huelgas económicas, eran capaces de articular políticamente a cada vez mas trabajadores, pero en cambio mostraban limitaciones para dirigir las tesis hacia cuestiones más fundamentales que las que combatían inmediatamente.

Lenin analizó la frontera de la conflictividad puramente económica, señalando que la lucha espontánea contra el empresario engendra por sí misma una conciencia sindicalista o corporativa, conciencia tradeunionista, caracterizada por la búsqueda de mejoras sectoriales, convenios colectivos o regulaciones legales particulares. Para superar esa fragmentación, la conciencia política de clase exige que los asalariados comprendan no solo la contradicción entre el obrero y su empleador directo, sino la totalidad de las relaciones recíprocas entre todas las clases sociales y el aparato del Estado burgués. Por ello, aunque definió la huelga económica como una indispensable “escuela de guerra” donde los trabajadores experimentan la disciplina colectiva frente a la patronal, recalcó que la huelga salarial no constituye la guerra en sí misma, sino el estadio preliminar de su articulación política.

El salto de escala entre ambas formas de lucha modifica el mecanismo sobre el cual recae la presión. Mientras la huelga económica actúa sobre el balance contable de un capitalista individual (interrumpiendo la producción de plusvalía y forzándole a comparar el coste del paro con el coste de ceder en salarios o jornada como si de un balance económico corriente se tratase), la huelga política se orienta directamente contra el Estado o el conjunto del sistema, a pesar de que lo pueda hacer apuntando hacia objetivos concretos, o incluso pueda ir en conjunción con objetivos salariales.

La frontera legal entre ambas huelgas

A este respecto, es más que significativo el marco legal que establecen los gobiernos a la hora de diferenciar la huelga “económica” de la “política”, y cómo lo hacen aunque hayan pasado los años e independientemente de si son de “izquierdas” o “derechas”. En el Estado español mismamente, el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, escrito en plena transición, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga por motivos políticos o con una finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional mantuvo ese apartado en la sentencia 11/1981 y negó amparo a la huelga que busca que la Administración adopte medidas o cambie una norma. Actualmente, es cierto que la jurisprudencia posterior ha matizado el concepto y ha admitido una categoría (sujeta a interpretaciones) denominada como huelgas mixtas, pero dicho decreto sigue en pie sin que ningún gobierno haya querido quitarla.

De igual manera, en Alemania, el Tribunal Federal de Trabajo (BAG) solo admite desde 1955 la huelga dirigida a un objetivo regulable en un convenio colectivo, y en el Reino Unido la protección legal exige un conflicto laboral (trade dispute). En EEUU, el Tribunal Supremo resolvió en 1982 (ILA v. Allied International) que la prohibición del boicot secundario no admite excepciones para los denominados “boicots políticos”, incluso en un caso de estibadores que se habían negado a descargar mercancía soviética tras la intervención soviética en Afganistán, por los precedentes que podría sentar.

Huelgas “políticas”

Bélgica dejó para la historia uno de los episodios en los que la huelga con motivaciones explícitamente políticas puede ser efectiva. En el país el voto dependía del pago de un mínimo de impuestos y llegado el momento el Partido Obrero convocó una huelga general el 11 de abril de 1893, después de que católicos y liberales bloquearan en el Parlamento una propuesta para ampliar el sufragio. Entre el 12 y el 18 de abril pararon unos 200.000 trabajadores, la Guardia Cívica abrió fuego en varios puntos, matando a 13 personas, pero ante la presión de los trabajadores, el Parlamento aprobó el sufragio universal masculino, aunque este estuviera corregido por un “voto plural” que daba hasta 3 votos a propietarios y titulados. Años mas tarde, del 10 al 20 de abril de 1902, unos 350.000 trabajadores volvieron a parar para abolir ese voto plural, pero católicos y liberales votaron juntos de nuevo contra la reforma constitucional, hubo muertos en los enfrentamientos de Bruselas y en este caso, el partido tuvo que desconvocar la huelga. Diferentes estudios señalaron semanas más tarde que la dirección había recurrido a la huelga con vacilación a causa de que ya había estallado en las minas de Lieja, pero que no fue una actuación planificada debidamente.

Después de 11 años, con la lección sobre la organización aprendida, el movimiento obrero llamó la huelga con el mismo objetivo y del 14 al 24 de abril de 1913 pararon unos 400.000 trabajadores. En aquel momento, obtuvieron la promesa de una reforma electoral que la Primera Guerra Mundial dejó en suspenso, pero acabó aboliéndose en 1919, 26 años después de la primera huelga.

Las huelgas belgas se discutieron en toda la socialdemocracia europea, y Bélgica fue también el escenario inicial de la división del socialismo ruso. El 30 de julio de 1903 se abrió en Bruselas el II Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), que reunió a 43 delegados con 51 votos y tuvo que trasladarse a Londres por la presión de la policía belga. En el debate del artículo 1 de los estatutos, Lenin propuso que solo fuera miembro quien participara personalmente en una de las organizaciones del partido, mientras que Iuli Martov defendió una fórmula más abierta, que fue la que se aprobó. En las votaciones posteriores, tras la retirada de varios delegados, los partidarios de Lenin obtuvieron la mayoría y pasaron a ser conocidos como bolcheviques, de la palabra rusa para “mayoritarios”, y los de Martov como mencheviques, los “minoritarios”. Las 2 fracciones llegaron así divididas a la revolución que estalló año y medio después.

Lecciones de la Revolución Rusa de 1905

Otro caso bien estudiado sucedió en la Rusia zarista de 1905, donde los sindicatos y la huelga eran directamente ilegales. La jornada laboral seguía en 11 horas y media desde una ley de 1897, y la guerra con Japón, iniciada en 1904, tensaba la economía del imperio. En diciembre de 1904, la fábrica Putilov de San Petersburgo, con unos 12.000 obreros, despidió a 4 miembros de la Asamblea de Obreros Fabriles. El 16 de enero de 1905 (el 3 en el calendario juliano que usaba Rusia en aquel entonces), la plantilla paró para pedir que los compañeros fueran readmitidos, y en pocos días la huelga se extendió a unos 150.000 trabajadores de 382 fábricas, hasta dejar la capital sin electricidad ni periódicos, como en Barcelona. La Asamblea redactó una petición al zar, firmada por entre 135.000 y 150.000 personas, que reclamaba la jornada de 8 horas, salarios acordados con los trabajadores, el derecho a organizarse, el sufragio universal y el fin de la guerra. El domingo 22 de enero, las tropas zaristas dispararon contra la marcha que llevaba la petición al Palacio de Invierno, y la matanza propagó las huelgas como la pólvora a todo el imperio, hasta el punto de que, según el cálculo que Lenin presentó en 1917, solo en enero pararon 440.000 obreros, más que en toda la década anterior. Tras nuevas oleadas en primavera (periodo en el que en mayo los huelguistas de Ivanovo-Voznesensk eligieron el primer soviet para coordinar las negociaciones y la autodefensa), en octubre estalló una huelga general iniciada en los ferrocarriles, con reivindicaciones sobre todo políticas y la jornada de 8 horas como demanda común. Al calor de esta parálisis se formó el Soviet de diputados obreros de San Petersburgo como comité de huelga fabril. Días después, el zar firmó el Manifiesto de Octubre, fechado el 17 según el calendario juliano, en el que prometía libertades civiles y una Duma legislativa.

En el decenio previo (1895-1904), el Imperio ruso había contabilizado un total de 1.765 huelgas y 431.000 huelguistas (un promedio de 43.100 por año). En 1905, al confluir la crisis productiva con el rechazo a la guerra ruso-japonesa, la cifra escaló a 13.995 huelgas y 2.863.000 participantes, lo que supuso multiplicar por 6,6 el volumen de toda la década anterior. La intensidad alcanzó 163,8 huelguistas por cada 100 obreros censados, acumulándose el 67 % de la actividad (1.920.000 huelguistas) en los polos industriales de San Petersburgo y Varsovia, a pesar de que solo reunían un tercio de la mano de obra fabril.

Cualitativamente, en el primer trimestre de 1905 predominaron las demandas salariales (604.000 huelguistas económicos frente a 206.000 políticos); en contraste, durante el cuarto trimestre, coincidiendo con la huelga general de octubre iniciada en el sector ferroviario, la relación se fue invirtiendo hasta alcanzar 430.000 económicos y 847.000 políticos, dejando patente una vez más que las huelgas económicas sirvieron de palanca para articular a la clase trabajadora y alinearla con unas tesis políticas determinadas, siempre que existiera un movimiento que articulase dichas tesis (como en este caso hicieron los bolcheviques). El cálculo cuantitativo del desenlace de las huelgas verifica que las victorias y compromisos en las reclamaciones económicas pasaron del 70,4 % en el primer trimestre de 1905 al 76,7 % en el cuarto trimestre, alcanzando su cénit en el primer trimestre de 1906 con un 84,9 % de resolución favorable a los obreros.

Este empuje de masas forzó la concesión del Manifiesto del 17 de octubre, que reconoció libertades civiles e instituyó la Duma legislativa. Sin embargo, junto con las concesiones institucionales, se observó cómo la iniciativa de las masas se redujo a causa de desaparición de los objetivos concretos que activaron a aquellos que se unieron a las protestas espontáneamente, y la tasa de éxito obrero cayó al 42,3 % en 1907 y al 31,1 % en 1908 (por debajo del promedio de 46,6 % registrado en 1895-1904), documentando una pérdida del 86 % en el volumen de huelguistas económicos y de un 62 % en los políticos en pleno ciclo de contracción del movimiento.

Fuera de Rusia se observa el mismo encadenamiento, con la CNT multiplicando su afiliación por 10,5 tras La Canadiense y el nuevo sindicato de estibadores de Londres afilió a 20.000 hombres tras la huelga de 1889. De este modo, cada conflicto ganado podía sentar las bases para una mayor organización para el siguiente, pero de no existir unas tesis políticas bien articuladas, esa ganancia se desvanecía con ciertas concesiones.

Huelga contra la guerra imperialista

La traslación de la huelga política al terreno militar se estudió en los congresos de la Segunda Internacional de Stuttgart (1907) y Basilea (1912), donde se vio necesario aprovechar la crisis económica provocada por la guerra para articular el movimiento obrero (conclusión que entre otros factores impulsó la revolución de octubre en Rusia en 1917). En Barcelona, la Semana Trágica de julio de 1909 verificó la resistencia activa a la movilización bélica con la huelga general contra el embarque de reservistas de las clases populares con destino a la guerra colonial de Melilla que detuvo la actividad portuaria y de transporte, derivando en un choque con el ejército que concluyó con un centenar de muertos, centenares de heridos y cinco ejecuciones de líderes obreros. Históricamente, se observa, tanto en los periodos cercanos a la Primera Guerra Mundial, como a la Segunda ( y hoy en día también), que los periodos de crisis van acompañados de un incremento tanto del belicismo como del autoritarismo; y es especialmente notable la respuesta de los estados si se amenaza con parar esa maquinaria de guerra.

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, los estados intervinieron directamente sobre las condiciones productivas mediante la militarización fabril: la Munitions of War Act británica (1915) y la Ley de Servicio Auxiliar Patriótico alemana (Vaterländischer Hilfsdienst, 1916) prohibieron las interrupciones del trabajo en plantas estratégicas. Pese al marco penal, la erosión del salario real y la mortandad bélica detonaron huelgas políticas coordinadas:

• El 28 de junio de 1916, 55.000 obreros de las fábricas de Berlín secundaron el primer paro contra la guerra tras la detención del dirigente comunista Karl Liebknecht.
  
• En abril de 1917, más de 200.000 trabajadores en Berlín y 300.000 a escala nacional en Alemania pararon simultáneamente exigiendo pan y el cese de las hostilidades.
  
• En enero de 1918, la huelga de municiones coordinó a más de 400.000 obreros berlineses y un millón en todo el Imperio alemán, antecediendo de manera directa a los motines de marineros de Kiel en noviembre de 1918, que precipitaron el colapso del frente interno y la firma del armisticio.

La posición estructural de los sectores de transporte y distribución ha permitido igualmente frenar operaciones de agresión militar negándose selectivamente a manipular material bélico. El 10 de mayo de 1920, los estibadores londinenses afiliados a la National Transport Workers' Federation detuvieron la carga del buque Jolly George, que transportaba armamento destinado a las fuerzas polacas en su intervención contra la Rusia soviética. El comité de huelga impuso el bloqueo, lo que forzó la constitución en agosto de 1920 de los Consejos de Acción (Councils of Action), que amenazaron con la huelga general indefinida en caso de que el Imperio británico declarase formalmente la guerra. Una eficacia análoga se documentó entre 1974 y 1978 en la factoría de Rolls-Royce en East Kilbride (Escocia), donde los técnicos mantuvieron retenidos y se negaron a reparar los motores de los cazas Hawker Hunter empleados por la junta militar chilena, inmovilizando de forma efectiva cerca de la mitad del ala aérea del régimen fascista de Augusto Pinochet.

El contraste cuantitativo actual muestra una reestructuración de los recursos hacia la esfera del rearme. De acuerdo con el informe de tendencias del SIPRI (abril de 2026), el gasto militar mundial ascendió en 2025 a 2.887.000 millones de dólares (un incremento real del 2,9 % y el undécimo año consecutivo de subida), lo que representó el 2,5 % del PIB mundial y el 6,9 % del gasto público gubernamental. En Europa, el desembolso bélico aumentó un 14 % en 2025 (864.000 millones de dólares), acelerado por el acuerdo de la cumbre de la OTAN en La Haya (junio de 2025), donde los Estados miembros acordaron fijar como objetivo una cuota del 5 % del PIB para 2035 (3,5 % para capacidades militares directas y 1,5 % para partidas conexas). En los trece Eetados europeos analizados por el SIPRI, el peso militar medio avanzó del 1,5 % del PIB en 2016 al 2,6 % en 2025, destacando el caso español, con un incremento real del 50 % en 2025 (el mayor entre las quince principales economías militares del mundo) hasta alcanzar el 2,1 % del PIB. 

Tácticas concretas para la huelga

Históricamente se han desarrollado diferentes mecanismos para, además de aglutinar a las masas, sostener y expandir las huelgas o tratar de asegurar su efectividad, frente a la represión sistemática de las mismas por parte del Estado. En el apartado inicial ya se ha visto la necesidad de la caja de resistencia o la propia obstrucción de la circulación, pero a estas se le suman otros medios.

El piquete

Las herramientas de conflicto laboral no han sido pensadas como simples alteraciones del orden público, sino como mecanismos que responden al funcionamiento material del mercado de trabajo. Dado que la fuerza de trabajo se encuentra fragmentada y existe un desempleo estructural continuo, las empresas pueden recurrir a trabajadores desocupados para sustituir a quienes paran y contener las demandas salariales, o incluso pueden condicionar de maneras muy diferentes a sus trabajadores para conseguir desmovilizarlos en contra de su voluntad. En este escenario, una huelga entendida como la simple ausencia física o el abandono individual del puesto resulta ineficaz en la mayoría de los casos, ya que la empresa puede neutralizar el paro contratando fuerza de trabajo de reemplazo (a pesar de que esto sea formalmente ilegal actualmente), el establecimiento de los servicios "mínimos" o los mencionados chantajes o amenazas para aterrorizar a la plantilla. Por ello, el piquete surge como la herramienta práctica necesaria para frenar la sustitución de trabajadores, impedir la competencia interna y en definitiva, asegurar que la actividad productiva pare realmente, hecho que es imprescindible en muchos casos, como se ha podido ver anteriormente.

La correlación empírica entre la eficacia del piquete masivo y la obtención de conquistas materiales quedó acreditada en la huelga nacional del National Union of Mineworkers (NUM) en el Reino Unido, iniciada el 9 de enero de 1972. Ante el agotamiento de los métodos convencionales, el sindicato implementó los llamados piquetes volantes para interceptar los flujos de abastecimiento de combustible. El episodio se concentró en el depósito de coque de Saltley Gate (Birmingham), infraestructura dependiente de la compañía regional de gas que expedía hasta 700 camiones diarios para abastecer a la industria pesada. A partir del 3 de febrero de 1972, una dotación de 2.000 mineros intentó bloquear el acceso frente al despliegue policial. La parálisis definitiva se logró el 10 de febrero, cuando 40.000 trabajadores metalúrgicos y de fábricas de Birmingham pararon en solidaridad y una columna de 10.000 obreros marchó directamente sobre el depósito. Ante la correlación de fuerzas física en el terreno, la jefatura policial clausuró las puertas del complejo y permanecieron selladas durante el resto del conflicto. Respaldada por la negativa del sindicato ferroviario ASLEF a transportar combustible, esta interrupción forzó al Ejecutivo conservador de Edward Heath a constituir la comisión de arbitraje de lord Wilberforce; el 28 de febrero de 1972, tras siete semanas de huelga, las bases mineras refrendaron un incremento salarial del 27 % (entre 4,50 y 6 libras semanales).

El carácter funcional del piquete explica la sistematicidad con la que el aparato estatal ha intervenido jurídicamente para desarticularlo. En el Estado español, el artículo 315.3 del Código Penal tipificó entre 1995 y 2021 penas de prisión específicas contra quienes integraran piquetes informativos o ejercieran coacciones para iniciar o sostener una huelga, mecanismo punitivo que derivó en causas penales contra centenares de sindicalistas hasta su derogación formal por la Ley Orgánica 5/2021, puesto que existen sentencias actuales como la de los 6 se La Suiza con penas de 3 años y medio repartidos en los delitos de “coacción” y “obstrucción a la justicia”.

En el Reino Unido, la legislación laboral impuesta a partir de las leyes de empleo de 1980 y 1982 restringió la presencia física de piquetes al propio centro de trabajo, limitando mediante códigos de prácticas a un máximo de seis miembros su presencia autorizada y proscribiendo el piquete secundario. Paralelamente, la sustitución patronal se ha refinado tecnológicamente, obligando a los tribunales a pronunciarse sobre nuevas formas de esquirolaje: en el Estado español, la sentencia 24/2026 del Tribunal Constitucional (12 de marzo de 2026) estimó el recurso de amparo del personal de Metro de Sevilla al dictaminar que la empresa había vulnerado el contenido esencial del derecho de huelga al duplicar la composición de convoyes bajo “servicios mínimos” mediante un único operario, tipificando esta práctica como esquirolaje tecnológico ilícito. 

La ocupación de los centros productivos

La ocupación física de los centros de trabajo supone un paso adelante respecto a la huelga convencional basada en el abandono de las instalaciones. Al permanecer en el interior, los trabajadores asumen el control directo del espacio e impiden que la patronal mantenga la dirección sobre el proceso productivo. En términos prácticos, esta permanencia anula la eficacia del cierre patronal (lockout), evita que las plantillas se dispersen frente a intervenciones en la vía pública y bloquea los intentos de la empresa de trasladar la maquinaria o introducir mano de obra de sustitución. Asimismo, controlar directamente puntos estratégicos o cuellos de botella productivos permite paralizar por completo los eslabones posteriores de la cadena de montaje o de suministro que dependen de ese nodo concreto.

La eficacia de esta táctica quedó demostrada en la huelga con ocupación de General Motors en Flint (Míchigan, EEUU), desarrollada entre el 30 de diciembre de 1936 y el 11 de febrero de 1937. Los trabajadores de la United Auto Workers (UAW) centraron el control físico en la factoría Fisher Body n.º 1, centro estratégico que albergaba las matrices únicas troqueladoras de carrocerías para múltiples marcas del conglomerado automotriz. La toma de ese cuello de botella logístico interrumpió de forma inmediata el ensamblaje en toda la corporación; y, en el lapso de seis semanas, el volumen productivo de General Motors colapsó desde 53.000 vehículos semanales a 1.500 unidades, registrando un descenso del 97 %. Pese a dos órdenes judiciales de desalojo y al hostigamiento policial, la parálisis obligó a la dirección de GM a capitular el 11 de febrero de 1937, reconociendo a la UAW como agente negociador exclusivo. El resultado fortaleció la estructura asociativa obrera, puesto que en el curso de un año, la afiliación de la UAW escaló desde 30.000 miembros iniciales hasta una cifra oscilante entre 400.000 y 500.000 afiliados (multiplicando su magnitud previa entre 13 y 17 veces).

Un despliegue de escala estatal análogo se registró en Francia en mayo y junio de 1936, donde una oleada de huelgas con ocupación de plantas alcanzó su cenit movilizando a 2 millones de huelguistas y manteniendo bajo control asambleario entre 10.000 y 12.000 establecimientos industriales. Esta ocupación masiva forzó a la patronal y al gobierno de Léon Blum a suscribir los Acuerdos de Matignon el 7 de junio de 1936, implementando incrementos salariales de entre el 7 % y el 15 %, y promulgando con posterioridad inmediata las leyes de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (21 de junio) y de concesión de 15 días de vacaciones pagadas (20 de junio). Asimismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa multiplicó por 5,3 su base social, pasando de 750.000 afiliados tras la reunificación de marzo a 4 millones de trabajadores hacia finales de ese año.

Por contraposición, la ausencia de una dirección política que ponga la ocupación a un horizonte estratégico hegemonista condena la herramienta a su absorción o a la derrota. Durante la ocupación del triángulo industrial del norte de Italia (Milán, Turín, Génova) en septiembre de 1920, cientos de miles de obreros metalúrgicos nucleados en la FIOM se incautaron de más de 300 fábricas, organizaron comités de fábrica y mantuvieron la producción activa bajo autogestión. No obstante, el 11 de septiembre de 1920, el consejo nacional de la Confederación General del Trabajo (CGL) sometió a votación si extender la lucha al derrocamiento del Estado burgués o constreñirla a una concertación sindical corporativa: la línea burocrático-reformista triunfó por 591.245 votos frente a 409.569 (equivalente al 59 % de la representatividad ponderada). El 19 de septiembre se clausuró el conflicto con un incremento salarial y la promesa vacía de Giolitti de aprobar una ley de control obrero que jamás se redactó.

El alcance efectivo de la ocupación explica que los regímenes liberal-democráticos la hayan proscrito con severidad. En EEUU, el Tribunal Supremo determinó en el fallo NLRB v. Fansteel Metallurgical Corp. (1939) que era legal el despido disciplinario de trabajadores involucrados en huelgas de brazos caídos o tomas de planta, despojando a la herramienta de toda inmunidad laboral. De forma idéntica, el ordenamiento jurídico español prohíbe de forma taxativa esta práctica en el artículo 7.1 del Real Decreto-ley 17/1977 (otra ley de la transición), exigiendo que la huelga se formalice estrictamente sin ocupación de dependencias de la empresa, aislando legalmente los dispositivos tácticos que posibilitaron la victoria en multitud de luchas previas.

Huelga demostrativa

La viabilidad de la huelga demostrativa como herramienta política eficaz (incluso cuando adopta un formato acotado de veinticuatro horas que no busca estrangular indefinidamente el flujo productivo mediante una guerra de desgaste material prolongada) se ha demostrado en varias ocasiones a lo largo de la historia, pero siempre como parte de un plan general que no se limita a la misma.

Esto mismo quedó patente en la huelga general de 24 horas del 12 de febrero de 1934 en Francia. Frente a la tentativa de desestabilización institucional impulsada por las ligas fascistas en las jornadas del 6 de febrero, las organizaciones obreras (históricamente escindidas entre la CGT y la comunista CGTU) articularon un paro de una sola jornada cuya finalidad no radicaba en desgastar los balances contables patronales con un conflicto distributivo clásico, sino en polarizar la situación política y visibilizar la capacidad de presión colectiva del movimiento obrero. La convocatoria movilizó a 4,5 millones de trabajadores en todo el Estado francés, paralizando el transporte metropolitano, los servicios postales y las manufacturas pesadas, mientras en París más de 100.000 manifestantes convergieron en la plaza de la Nación fusionando las columnas de ambas corrientes bajo una consigna explícita de unidad de acción. La eficacia de este cese temporal no residió en las pérdidas inmediatas infligidas a la acumulación de capital, sino en su férrea homogeneidad ideológica y en su inserción dentro de una estrategia de continuidad predeterminada: el paro operó como el detonante organizativo que condujo al pacto antifascista de julio de 1934, a la posterior reunificación sindical de la CGT en marzo de 1936 y a la conformación de la alianza de masas que posibilitó las conquistas de junio de 1936. Este precedente confirma que la huelga demostrativa de duración acotada es capaz de condicionar el marco político siempre que responda a una estricta unidad de clase y actúe como la apertura táctica de un plan de seguimiento continuado escalable, en contraste con aquellas movilizaciones aisladas que, al concebirse como un fin testimonial en sí mismas, vienen neutralizadas de antemano por la burocracia sindical reformista y el aparato del Estado.

Teoría e historia de la violencia en la protesta social

La interpretación historiográfica materialista exige despojar a los conflictos laborales de la lectura moral abstracta que los reduce a problemas de orden público, estructurando el análisis del uso de la fuerza en torno a tres planos concéntricos derivados de la organización capitalista.

El primer plano corresponde a la violencia intrínseca del propio modo de producción, teorizada en 1845 como “asesinato social”, que engloba las condiciones sistémicas que precipitan la mortalidad y la merma física de los trabajadores. La estadística contemporánea ratifica la persistencia empírica de esta violencia estructural, puesto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2023 un total de 2,93 millones de muertes anuales vinculadas al desempeño laboral (2,6 millones por enfermedades profesionales y 330.000 por siniestros). En Europa, Eurostat cuantificó 3.298 muertes por siniestro laboral en 2023 (1,63 fallecidos por cada 100.000 ocupados). Todo esto también se ve reflejado en estudios más completos y ejemplo de ello es el estudio de Chetty et al. publicado en JAMA (2016) demostró que, en EEUU, la brecha de esperanza de vida entre el 1 % más rico de la población y el 1 % más pobre alcanza los 14,6 años de diferencia para los hombres y los 10,1 años para las mujeres.

El segundo plano abarca la violencia coactiva y represiva desplegada por el Estado y la patronal para proteger la acumulación capitalista frente a los ciclos de protesta de la clase trabajadora. Lejos de ser un fenómeno restringido a episodios como la revuelta de Haymarket (1886), la matanza de la Escuela Santa María de Iquique (1907), Casas Viejas (1933) o los sucesos de Gasteiz (1976), entre muchos otros, la represión de la protesta se ve que la respuesta represiva es una constante. Aunque no existen estudios que midan directamente la correlación entre el éxito de una protesta y la represión recibida, el estudio más citado en este campo, el de Erica Chenoweth y Maria J. Stephan, señala que el 88% de las campañas no-violentas han enfrentado algún tipo de represión entre las 323 campañas analizadas desde 1900 hasta 2006 y que esa cifra sube al 94% si la campaña es violenta; todo ello sin atender a si la protesta fue exitosa o no. Se pueden enumerar ejemplos como el de la administración estadounidense, que en 1981 despidió a 11.345 controladores aéreos de PATCO en huelga; en el Reino Unido, las cargas policiales contra los piquetes mineros en Orgreave (1984) se saldaron con 95 imputaciones severas; y el 16 de agosto de 2012, en Marikana (Sudáfrica), la intervención policial contra una huelga minera dejó 34 trabajadores asesinados, pero estos solamente componen unos casos más o menos extremos de lo que sucede prácticamente en todas y cada una de las protestas pasadas y actuales.

El tercer plano, es el que acostumbra a llenar los titulares y los pánicos morales: las herramientas de coacción y fuerza ejercidas por la clase trabajadora (piquetes masivos, ocupación de plantas, barricadas de autodefensa, enfrentamientos con la Policía, etc.). Sin ir más lejos, estudios recientes de medios durante las últimas protestas y disturbios en Francia han demostrado que solo alrededor del 8% de los titulares que cubrían las manifestaciones mencionaba las demandas de los manifestantes, el resto mencionaba principalmente “la violencia” (en singular). Esta omisión se ha producido de forma especialmente vistosa en momentos de picos de movilización como el 19 de octubre, donde las cabeceras hablaban casi exclusivamente sobre “la violencia” de los “vándalos”, mientras cientos de miles de personas tomaban las calles.

El análisis histórico de la violencia en las protestas constata que esta no emerge originalmente de una especie de “impulso irracional”, como afirma el sentido común, sino que a menudo representa un cálculo político operativo para defender la huelga y contrarrestar la violencia ejercida en los dos planos anteriormente mencionados.

No obstante, la experiencia revolucionaria plantea también una crítica política sobre el uso de la violencia revolucionaria. La táctica del atentado individual o el “terrorismo de vanguardia” aislado, como decía Lenin, fue duramente criticada por el POSDR entre 1902 y 1911, en una coyuntura donde comprobaron que el denominado “aventurerismo” de pequeños grupos podía acabar sustituyendo la acción consciente de las masas y provocar una desmovilización organizativa que el aparato del Estado aprovechaba para legitimar el aplastamiento del tejido sindical. La tradición marxista ha solido subrayar que el uso funcional de la fuerza suele resultar eficaz cuando es ejercida de forma disciplinada por amplias masas de las clases oprimidas, respondiendo a un cálculo estricto de la correlación de fuerzas y los efectos que esta puede ocasionar.

Por otro lado, los estudios contemporáneos sobre psicología de masas también arrojan algunos resultados interesantes sobre la mecánica de la violencia en las protestas y el papel que desempeña la brutalidad policial a la hora de alentar los disturbios. Los enfrentamientos en las protestas y las huelgas pueden producirse por diferentes factores, pero algunas investigaciones sugieren que en muchos casos no suele ser por una especie de “masa predispuesta a violentarse”, como a menudo suelen reprochar los gobernantes, medios de comunicación y mandos policiales para justificar la represión. Según el modelo de umbrales del sociólogo Mark Granovetter, cada persona tiene un umbral propio para enfrentarse a las fuerzas del orden: para algunos simplemente depende del número de participantes que necesita ver en la calle para decidir sumarse. Si al principio se implican unos pocos, eso puede animar a otras personas cuyo umbral era algo más alto, y así sucesivamente, en una reacción en cadena. El planteamiento, recogido en un estudio académico de 2019, sostiene que una minoría inicial puede bastar para poner en marcha ese efecto.

Pero la investigación sobre psicología de multitudes añade otro factor aún más importante que suele pasarse por alto: cómo perciben las masas el trato recibido por parte de la policía. El modelo elaborado de identidad social (ESIM), desarrollado por Stephen Reicher, Clifford Stott y John Drury, sostiene que una carga policial que no distingue entre manifestantes que ofrecen resistencia activa y los demás asistentes puede cambiar la relación entre la multitud y los agentes: quienes hasta entonces se mantenían al margen pueden pasar a sentirse parte del conjunto y a ver la respuesta policial como una agresión que les afecta también a ellos. “El punto central no es que la policía cause la protesta, sino que ciertas tácticas pueden alterar las fronteras psicológicas dentro de ella”, explican los principios derivados del ESIM recogidos por Impact REF.

El confinamiento de una manifestación, por ejemplo, conocido como kettling en la jerga policial anglosajona, también puede intensificar el efecto. La literatura académica sobre la cuestión señala que impedir la salida de personas que desean abandonar el lugar las coloca en una “suerte común”: quienes podrían haberse marchado quedan expuestos al mismo trato que quienes protagonizan incidentes, lo que puede reforzar la unidad del grupo y alimentar la percepción de que la actuación policial es ilegítima, según Impact REF. En cambio, la policía tiene estudiadas las tácticas de intervención selectiva que consisten en identificar y retirar a los manifestantes sin tratar a toda la multitud como un bloque, y lo que es más importante: saben perfectamente que ello reduce la posibilidad de que un agravio compartido empuje a participar a personas que inicialmente no tenían intención de confrontar. Es decir, cada vez que emplean ese tipo de métodos de encapsulamiento y cargas indiscriminadas, saben perfectamente cuál es el efecto más probable.

Asimilación o prohibición de la protesta

Según la base de datos ICTWSS de la OCDE, la proporción de asalariados afiliados a un sindicato en los países de la organización bajó del 30 % en 1985 al 19 % en 2005 y al 15 % en 2024. En el mismo periodo, la proporción de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo pasó del 47 % al 33,6 %, de modo que la negociación ha perdido menos terreno que la organización que la sostiene. El Estado español figura entre las pocas excepciones de la serie, porque su afiliación es hoy algo mayor que en 1985, pero ese año ya recogía la caída de los primeros años de la Transición. Funcas sitúa con datos de la OCDE la afiliación del Estado español en el 12-13 % de los asalariados, frente a cerca del 15 % a comienzos de siglo, y según el International Social Survey Programme el 66 % de los asalariados no se ha afiliado nunca. El Ministerio de Trabajo calcula, en cambio, que en 2023 el 91,8 % de las relaciones laborales con derecho a convenio estaba cubierto por uno, unos 14,07 millones, de modo que los convenios negociados por los sindicatos se aplican a unas 7 veces más trabajadores de los que están afiliados.

En 2024, la Estadística de huelgas y cierres patronales del Ministerio de Trabajo registró 707 huelgas, 252.723 participantes y 551.080 jornadas no trabajadas, según el informe anual que CCOO elabora sobre esa estadística. El 95 % de las huelgas fueron de empresa y solo el 5 % de sector, y de las 586 que terminaron en el año, el 77 % lo hizo al agotarse el tiempo fijado en la convocatoria y el 78 % sin acuerdo. Sobre los 15,3 millones de relaciones laborales con derecho a convenio que se deducen de la estadística de cobertura, esas jornadas equivalen a unas 0,04 por asalariado, frente a las 2,25 de 1979, una conflictividad unas 60 veces menor.

La bajada generalizada y la desconfianza en los sindicatos puede explicarse directamente por su incapacidad de conseguir condiciones mejores para los trabajadores, pero esa deriva no ha sido ni repentina ni fortuita. Las subvenciones directas del Ministerio de Trabajo a los sindicatos se reparten cada año en proporción a los resultados de las elecciones sindicales, no a la afiliación ni a la actividad de movilización. Según los datos del Ministerio, la partida pasó de 8,8 millones de euros en 2018, el último ejercicio aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, a 13,88 millones en 2021. Entre 2022 y 2024 se mantuvo en 17 millones anuales y en 2025 y 2026 subió a 32 millones, 3,6 veces la cifra de 2018. En 2025, CCOO recibió 12,21 millones y UGT 11,43 millones, el 74 % del total, y entre 2018 y 2026 ambas confederaciones acumularon cerca de 110 millones. Desde 2020 dirige el Ministerio Yolanda Díaz, que había trabajado para CCOO como abogada laboralista antes de entrar en la política institucional. En 2024, varios sindicatos minoritarios denunciaron la existencia de unos 80.000 delegados de CCOO y UGT sin correspondencia con plantillas reales, que a su juicio inflaban su representatividad para captar más subvenciones.

El aumento de la financiación coincidió con 14 años sin huelgas generales convocadas por CCOO y UGT, entre el 14 de noviembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2026, una fecha que precede en 18 días a las elecciones generales del 29 de noviembre. En ese periodo, ambas confederaciones firmaron con el Gobierno y la patronal la reforma laboral de 2021, que recuperó la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en salarios, pero mantuvo la rebaja de las indemnizaciones por despido aprobada en 2012.

Fuera del Estado español, el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) analizó en 2025 la legislación y la práctica de 151 países, y concluyó que el derecho de huelga se vulneró en el 87 %, 131 países, la misma cifra máxima que en 2024. El derecho a la negociación colectiva se vulneró en el 80 %, el acceso de los trabajadores a la justicia se restringió en el 72 %, frente al 65 % del año anterior, y hubo detenciones de trabajadores en 71 países, el 47 %. Europa registró su peor calificación media desde que el índice comenzó en 2014, con casi tres cuartas partes de sus países vulnerando el derecho de huelga, e Italia bajó de la categoría 1 a la 2 por las restricciones a la huelga que aprobó su Gobierno. Solo siete países obtuvieron la calificación más alta, frente a 18 en 2014.

En el Estado español, el Ministerio del Interior registró en 2023 un total de 284.512 sanciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, por 174 millones de euros, 18.893 de ellas por desobediencia o resistencia a la autoridad (artículo 36.6) y 22.260 por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4). Esos 2 artículos, que Amnistía Internacional sitúa entre los principales obstáculos al derecho de protesta, sumaron 41.153 sanciones, el 14,5 % del total según un cálculo propio, aunque la estadística no distingue cuántas se impusieron en manifestaciones o piquetes.

Las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad pasaron de 12.094 en 2016 a 18.893 en 2023, un 56 % más según un cálculo propio con datos del Ministerio del Interior, y el total de sanciones de la ley subió de 284.512 en 2023 a 327.761 en 2024. La mayor parte de la recaudación procede de la tenencia de drogas, el 74 % en 2023, y según el análisis de elDiario.es el número de multas apenas ha variado entre Gobiernos del PP y del PSOE. Tras las huelgas generales de 2010 y 2012 se abrieron 81 procedimientos administrativos y penales contra unas 300 personas, en su mayoría sindicalistas que habían participado en piquetes, al amparo del artículo 315.3 del Código Penal, según CCOO. Para los 8 trabajadores de Airbus encausados por la huelga del 29 de septiembre de 2010 en Getafe, la Fiscalía pidió en total 66 años de cárcel, y el juzgado los absolvió en 2016 por falta de pruebas, 5 años antes de que el artículo se derogara.

El gasto militar pasó del 0,9 % del PIB en 2018 al 1,4 % en 2024 y al 2 % en 2025, según el presidente del Gobierno, tras un plan extraordinario de 10.471 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros con los presupuestos prorrogados. El Gobierno cifró el total en 33.123 millones, y el Centre Delàs, que suma partidas militares de otros ministerios, lo eleva a 39.476 millones. El presupuesto del Ministerio del Interior para 2023, sin sus organismos autónomos, fue de 10.501,5 millones, un 12 % más que el año anterior, con un máximo histórico de más de 154.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Conclusiones

La historiografía observada muestra que articulación de unas tesis y un programa político resulta indispensable para evitar que la confrontación obrera quede confinada a una resistencia meramente corporativa y defensista. Cuando la movilización carece de una proyección estratégica orientada a cuestionar el marco general de explotación y su relación con el aparato del Estado burgués, los ciclos de lucha tienden a agotarse tan pronto como la patronal o las instituciones conceden incentivos salariales o reformas parciales para dividir a la clase trabajadora. La experiencia histórica constata además que los avances inmediatos solo conservan su utilidad organizativa cuando son concebidos como puntos de apoyo tácticos dentro de un proceso de acumulación de fuerzas más amplio y no como el límite final del movimiento.

Las herramientas de protesta responden a un cálculo operativo diseñado originalmente para intervenir de manera coherente sobre las condiciones materiales concretas que las rodean y cumplir metas específicas. La aplicación mecánica o desarticulada de estos dispositivos reduce drásticamente las probabilidades de alcanzar los objetivos planteados, de manera que, por ejemplo, una huelga demostrativa de 24 horas (cuyo diseño acotado no busca paralizar de forma determinante la producción o la distribución) resulta inútil si se reduce a un acto aislado sin un plan de seguimiento y continuidad estratégica, de la misma manera que una huelga económica circunscrita a una fábrica queda neutralizada si es incapaz de interrumpir efectivamente la actividad productiva y la valorización en el centro de trabajo.

Asimismo, se observa en las experiencias analizadas que en periodos de crisis económica y reestructuración política internacional agudizan de forma notable la vulnerabilidad (y por ende, el refuerzo autoritario) de los estados burgueses, alcanzando su punto de mayor tensión cuando la lucha del proletariado pone en jaque el esfuerzo militar o condiciona operativamente la maquinaria de guerra. En contextos donde el Estado depende de la disciplina laboral ininterrumpida para garantizar los suministros armamentísticos y energéticos, las huelgas y las negativas en los nodos logísticos y estratégicos han adquirido históricamente una dimensión mayor, transformando la resistencia laboral en una amenaza directa a la estabilidad material y política de los gobiernos.

Por último, un análisis del por qué de cada una de las formas de lucha obrera permite ver que la consagración institucional y legal del derecho de huelga actúa en la práctica como una negación consciente de la protesta cuando se prohíbe de forma explícita su carácter político y se castigan penalmente los mecanismos que la hacen materialmente efectiva. Al tipificar como ilícitos los paros contra medidas estatales, proscribir la ocupación de las instalaciones y sancionar el despliegue del piquete para impedir el esquirolaje, el ordenamiento jurídico persigue canalizar el descontento obrero hacia formatos meramente ceremoniales o testimoniales que no alteren de manera real la acumulación capitalista ni desafíen las decisiones del poder burgués establecido.

Consultas de interés

Varzar, V. E. (Ed.). (1908). Statistika stachek rabochikh na fabrikakh i zavodakh za 1905 god. Ministerio de Comercio e Industria.

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