La brecha socioeconómica entre familias equivale ya a cuatro cursos escolares de diferencia
El último Informe PISA y diversos análisis sectoriales confirman las diferencias entre los hogares más acomodados y los más desfavorecidos.
El Estado español registra una profunda brecha educativa condicionada por el origen socioeconómico y cultural de los estudiantes. Según los datos del último Informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los 120.000 adolescentes de 15 años procedentes de los hogares más acomodados del país muestran un rendimiento en matemáticas, entre otras asignaturas, que equivale a cuatro cursos de ventaja respecto a los 120.000 jóvenes de la misma edad pertenecientes a las familias más desfavorecidas.
Este desfase pone de manifiesto la incapacidad del sistema educativo para corregir las desigualdades de partida en un contexto donde el porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó cuatro puntos entre 2018 y 2025, situándose en el 34% del total. Asimismo, las estadísticas reflejan que la tasa de abandono escolar temprano entre el alumnado de origen extranjero se ha triplicado en comparación con la de los estudiantes autóctonos a lo largo de la última década.
Esta realidad sociodemográfica afecta con mayor intensidad a la red de educación pública, donde los estudiantes de origen extranjero representan el 18% de la matrícula en la etapa de primaria, una proporción que supera en ocho puntos porcentuales a la registrada en la escuela concertada. Esta situación está provocando huelgas, entre otros, en el País Valencià, Catalunya, Aragón y Madrid, que destacan por una elevada concentración de alumnado vulnerable en la escuela pública.
Por otro lado, la capacidad económica determina el tiempo de aprendizaje efectivo y las condiciones materiales básicas del alumnado. Las familias en situación de vulnerabilidad asisten con menor frecuencia a la educación infantil, participan menos en actividades extraescolares o clases particulares y tienen mayores dificultades para asumir los costes de la enseñanza postobligatoria. Del mismo modo, factores como la precariedad laboral actual y las extensas jornadas de trabajo impiden a muchos padres realizar un acompañamiento continuo en los deberes.
Las escuelas también detectan carencias en las condiciones mínimas necesarias para el estudio, tales como una alimentación adecuada o el acceso a espacios de silencio y tranquilidad en el hogar, debido al hacinamiento en habitaciones alquiladas o a los crecientes desahucios. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales como Educo, uno de cada seis colegios públicos y más del 80% de los institutos carecen de servicio de comedor, una infraestructura clave para poder lograr una mínima conciliación laboral y familiar.
